ONU alerta sobre desmantelamiento sistemático de la democracia en Nicaragua

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el miércoles 16 de septiembre de 2026 que el poder está cada vez más concentrado en el Ejecutivo y en el partido gobernante y advirtió sobre el «cierre casi total del espacio cívico y democrático» en Nicaragua.
“No queda casi nada por cerrar”, afirmó Türk, al referirse al cierre progresivo del espacio cívico y democrático. Señaló que 5539 entidades han sido disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años y que al menos 56 medios de comunicación han sido clausurados, mientras las reformas constitucionales aprobadas en primera lectura excluyen a la oposición y posponen las elecciones hasta 2028.
El informe presentado por su oficina muestra, además, que las consecuencias de esta política represiva no son iguales para todas las personas. Mujeres, niñas y personas LGBTQ+ enfrentan formas específicas de violencia, discriminación, vigilancia y represalias, mientras las mujeres vinculadas a personas perseguidas políticamente asumen una mayor carga económica y de cuidados.
El informe documenta que durante el período analizado organizaciones de la sociedad civil denunciaron 243 privaciones arbitrarias de libertad: 218 hombres y 25 mujeres. La Oficina del Alto Comisionado documentó directamente 35 casos y advierte que esa cifra es solo una muestra limitada por las restricciones que enfrenta para vigilar la situación dentro de Nicaragua.
Al 15 de junio de 2026, las organizaciones registraban 46 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos —43 hombres y tres mujeres— y acumulaban 4,796 casos desde 2018 (3,861 hombres y 935 mujeres, incluidas 13 mujeres trans).
Pero el impacto de la persecución no termina en quienes son detenidos. La ONU señala que, aunque los hombres representan el 93% de las víctimas de detención arbitraria, las mujeres familiares de las personas detenidas enfrentan un efecto diferenciado. Son ellas, según el informe, quienes suelen asumir la búsqueda de información sobre sus familiares, «exponiéndose así al riesgo de represalias, y de proporcionar apoyo económico a los hogares afectados, lo que incluía mayores responsabilidades de cuidado de los niños y las personas de edad».
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La persecución también alcanza a las mujeres periodistas. La OACNUDH documentó amenazas de carácter sexual y campañas de difamación dirigidas contra ellas, pero también contra sus hijos y familiares. En un caso, una periodista recibió una amenaza que hacía referencia a la ubicación de la escuela de su hijo. El informe añade que estas mujeres enfrentan obstáculos profesionales y, al mismo tiempo, responsabilidades de cuidado dentro de sus hogares.
Según los informes, al menos otros dos periodistas se vieron obligados a exiliarse en el periodo evaluado por la oficina de la ONU.
El ACNUDH documentó al menos 41 casos de personas a quienes se negó arbitrariamente el ingreso a Nicaragua: 27 mujeres y 14 hombres. En la mayoría de los casos, las decisiones fueron comunicadas por empresas privadas de transporte y no se ofreció una justificación.
A esto se suman 19 casos de personas a quienes se les negó arbitrariamente la expedición de pasaportes, partidas de nacimiento o títulos académicos. Los afectados eran personas percibidas como opositoras que vivían en el exilio y sus familiares, incluidos tres niños. El informe señala que la falta de documentación, en algunos casos, los expuso al riesgo de apatridia.
Dentro de Nicaragua, la OACNUDH registró además 13 casos de represalias y acoso que afectaron a 32 personas, 17 de ellas mujeres. Los incidentes incluyeron amenazas, vigilancia, detenciones arbitrarias y otras restricciones que, en algunos casos, llevaron a las personas afectadas a buscar refugio en el extranjero.
Además recibieron información sobre al menos 19 casos de violencia presuntamente cometidos por colonos no indígenas contra niñas indígenas, incluidos secuestros y violencia sexual. Como consecuencia, se reportaron al menos cuatro embarazos de niñas menores de edad.
El organismo señala el reducido número de comisarías de la mujer y la niñez, sus recursos limitados y las dificultades para acceder a la justicia y a servicios culturalmente adecuados. Según el informe, estas deficiencias contribuyen a la impunidad y la revictimización.
La OACNUDH señala que el marco jurídico limita el alcance del feminicidio a las relaciones de pareja, dejando fuera homicidios y otras formas de violencia de género ocurridas en espacios públicos o en relaciones de poder desiguales, como centros laborales, educativos o comunitarios. Además, durante 2025 no se publicaron datos oficiales desglosados sobre feminicidios, lo que, según el organismo, dificulta conocer la dimensión del problema y formular políticas con base empírica.
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«La ausencia de información fiable dificulta la formulación de políticas con base empírica, limita el escrutinio público e impide realizar una evaluación adecuada de la prevalencia y las pautas de la violencia de género. Esta falta de transparencia, junto con los relatos oficiales que hacen hincapié en la mediación y la reconciliación al tiempo que omiten en gran medida los feminicidios del discurso público, sigue contribuyendo a la invisibilidad de este problema», subraya el informe.
La sociedad civil había registrado al menos 485 feminicidios desde 2018 hasta junio de 2026. La ONU también recibió denuncias de que algunos casos podrían haber sido clasificados por las autoridades como suicidios o accidentes.
El organismo expresa además preocupación por la liberación colectiva de personas condenadas por delitos graves contra mujeres y niñas. En un caso documentado, un hombre condenado a 12 años por abuso sexual salió de prisión después de cumplir aproximadamente tres años y posteriormente fue condenado por el asesinato agravado de una niña menor de edad. El informe señala que el caso “pone de relieve los riesgos de reincidencia en los delitos de género”.
La situación de las personas LGBTQ+ presenta otros vacíos. Nicaragua no reconoce las uniones entre personas del mismo sexo y el matrimonio y la adopción están reservados para parejas heterosexuales.
Aunque las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo fueron despenalizadas en 2008, el país carece de un procedimiento para el reconocimiento legal del género basado en la autoidentificación y no cuenta con una legislación específica contra la discriminación o la violencia hacia las personas trans.
Durante el período examinado recibieron denuncias de al menos cuatro delitos de odio contra mujeres trans, incluidos asesinatos y un intento de asesinato. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que estos ataques forman parte de patrones más amplios de violencia y discriminación relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
El informe concluye que el deterioro de los derechos humanos no puede analizarse únicamente desde las detenciones o el cierre del espacio político. Las consecuencias alcanzan de manera distinta a quienes enfrentan la persecución por razones de género, edad, origen étnico, orientación sexual o por su vínculo familiar con personas consideradas opositoras.
En sus conclusiones sostienen que la consolidación del poder en el Ejecutivo “ha eliminado de hecho la separación de poderes” y que las medidas adoptadas han facilitado “una represión generalizada”, caracterizada por el cierre casi total del espacio cívico y democrático, la criminalización de la disidencia y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
El organismo también advierte que la represión ha ido eliminando las condiciones necesarias para ejercer los derechos políticos y ha generado un clima que no favorece procesos electorales conforme a las normas internacionales.
Pese a los llamados internacionales, la situación de los derechos humanos continuó deteriorándose durante el período analizado y que la cooperación de Nicaragua con los mecanismos internacionales siguió siendo mínima o se interrumpió.
