Policía Orteguista se niega a devolver negocio que le desmanteló a preso político
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Luego de ser excarcelado bajo la Ley de Amnistía, Aníbal Parrales Jarquín demanda la devolución de los bienes que ocupó la Policía Orteguista cuando le desmanteló su negocio. El Poder Judicial ya recibió la solicitud, pero las autoridades no responden, denuncia la abogada Yonarqui Martínez.
La Policía Orteguista se niega a devolver más de US$30,000 en equipos tecnológicos a Aníbal Parrales Jarquín, quien fue excarcelado por el régimen bajo la Ley de Amnistía en junio. Yonarqui Martínez, su abogada, solicitó la devolución de los bienes ante el Poder Judicial, pero las autoridades se niegan a autorizar la entrega.
Durante su detención arbitraria el año pasado, a Aníbal Parrales Jarquín le fue desmantelado su negocio, un pequeño call center de Managua en el que según la Policía se gestionaban fondos para “financiar a los terroristas”, a como catalogaron a los manifestantes opositores al régimen.
Entre los bienes que se llevaron hay computadoras, memorias, audífonos y otros materiales tecnológicos.
“Se pidió la devolución de bienes. Está el recibido del Complejo Judicial. Hasta el momento no le han regresado ni los bienes que aparecen en el acta, ni los que se llevaron sin acta. Ellos se llevaron alrededor de US$30,000 en equipos”, explicó la abogada Yonarqui Martínez.
ASEDIO CONSTANTE
Desde su excarcelación, Parrales ha sido asediado por oficiales de la Policía y fanáticos orteguistas. Este domingo cuando se dirigía a Costa Rica junto fue retenido por las autoridades por más de dos horas y amenazaron con arrestarlo.
“Aníbal Parrales Jarquín excarcelado detenido en la frontera. A este señor le fue quitado todo su negocio con pérdidas de más de 30 mil dólares. No le ha regresado ni una computadora. Ahora lo detienen con su familia”, alertó la abogada en su cuenta de Twitter.
EL CASO
Aníbal Iván Parrales Jarquín, de 37 años, fue procesado junto a Kenia María Gutiérrez Gómez por los delitos de financiamiento al terrorismo y proliferación y financiamiento a las armas de destrucción masiva.
La Fiscalía aseguró que ambos planificaban un ataque a los medios de comunicación oficialistas, según fallo judicial. Fueron condenados a 18 años de cárcel y excarcelados el 11 de junio pasado bajo la Ley de Amnistía.
Según las autoridades orteguistas ambos instalaron un call center en Managua para crear perfiles falsos en redes sociales, “desde donde se encargaban de contactar personas para solicitar financiamiento para obtener armas de fuego, equipos de comunicación y vehículos para cometer actos terroristas”.
Los cargos fueron rechazados por los autoconvocados y se declararon víctimas de la criminalización y persecución del régimen.
