El hostigamiento contra algunos de los excarcelados políticos ha dado un nuevo paso en la recaptura, además de ejecuciones sumarias y asesinatos selectivos de campesinos opositores.

Uno a uno el régimen de Ortega-Murillo con apoyo de la Policía Orteguista y el Poder Judicial ha ido deteniendo a los presos políticos que habían sido excarcelados como parte de los acuerdos de las negociaciones entre representantes de la dictadura y la Alianza Cívica.

El caso más reciente es el del excarcelado Francisco Hernández, que resultó con tres impactos de bala en la espalda tras forcejear con la Policía Orteguista. Hernández fue liberado en junio de 2019, después de haber permanecido once meses encarcelado tras haber sido condenado por el supuesto delito de portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones y tráfico de estupefacientes en UNAN – Managua en un juicio señalado de anómalo y con delitos prefabricados para contener la protesta social.

Herández al igual que otros excarcelados políticos entre ellos Jaime Navarrete, quien fue condenado por el orteguismo a 22 años de cárcel por el supuesto asesinato de Ariel Ignacio Vivas, quien participó en la «operación limpieza» de los barrios orientales de la capital; permanecieron bajo asedio e intimidación posterior a su excarcelación y recaptura.

Este accionar del régimen de Ortega-Murillo se atribuye a una «nueva fase de la represión” para acallar la disidencia y evitar una nueva rebelión cívica. «Hay un hostigamiento permanente a los ex presos políticos, porque Ortega pretende destruir su liderazgo”, dijo a DW la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Núñez dijo que el país vive «una nueva etapa de la represión”, que consiste en la persecución e intimidación de personas que participaron en las protestas, en especial, expresos que se convirtieron en figuras mediáticas.

ASEDIO PERMANENTE CONTRA LÍDERES

Los líderes estudiantiles y expresos Edwin Carcache, Nahiroby Olivas y Chéster Navarrete han denunciado asedio policial frente a sus viviendas en Managua, León y Masaya, mientras Byron Estrada fue retenido y sometido a interrogatorios de oficiales de Migración en la frontera con Costa Rica.

En la misma frontera también retuvieron, a mediados de agosto, durante más de cinco horas, a Olesia Muñoz, activista opositora de Niquinohomo, junto al líder gremial de los panaderos, Ermis Morales, según denunciaron a la prensa.

Y la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, que estuvo presa nueve meses, dijo que fue detenida por policías que, sin dar explicaciones, requisaron su vehículo. También su casa en la ciudad de Estelí (norte) fue rodeada y asediada por patrullas este mes.

La Policía instaló patrullas el fin de semana frente a la vivienda de los hermanos Esteban Lesage, tres jóvenes músicos de la ciudad de Jinotepe (sur)  que estuvieron presos por su participación en las protestas.

Estos hostigamientos ocurren a pesar de que todos los exprisioneros están, en teoría, amparados por una Ley de Amnistía, que el Parlamento dominado por los sandinistas aprobó a mediados de junio.

«No es casual que las víctimas sean excarcelados que tuvieron mayor protagonismo. Ortega tiene miedo de que se conviertan en la cabeza de un liderazgo nuevo, de gran fuerza y sin vinculación con partidos políticos, lo que les da más credibilidad y simpatía”, señaló Núñez.

Ejecuciones sumarias

Otra situación que preocupa a los defensores de derechos humanos es el aumento de los asesinatos en zonas rurales de Nicaragua, especialmente de personas involucradas  en protestas en 2018.

«Esto es sumamente grave. Se está reeditando el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales al amparo de una amnistía”, observó la presidenta del Cenidh.

En 1990, la presidenta Violeta Chamorro, que derrotó a Ortega en las urnas y lo desplazó del poder, decretó una amplia amnistía, que cubrió por igual a los soldados del Ejército como a los «contras” antisandinistas, y proclamó una «reconciliación nacional”.

Sin embargo, varios «contras”  aparecieron muertos en carreteras y y poblados del interior. Su principal jefe, Enrique Bermúdez («Comandante 380”), fue ejecutado en 1991 frente a un hotel en Managua, un sonado crimen que nunca se aclaró y que fue atribuido a la seguridad del Estado sandinista, que operaba aún con Ortega en la oposición.

En las últimas semanas, el Partido Liberal denunció que varios de sus representantes y alcaldes municipales en el norte han sido «perseguidos y asesinados” por presuntos activistas sandinistas. Según la prensa, una decena de personas ligadas a la oposición fueron ejecutadas en la frontera con Honduras.

Activistas en la provincia de Jinotega (norte) han dicho que los paramilitares estarían coordinados con organismos barriales sandinistas, con la Policía y con la inteligencia del Ejército, en una «cadena de delaciones” para descubrir y «neutralizar” a opositores.

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