Mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado
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La penalización absoluta del aborto es la «mayor expresión de violencia» contra las mujeres en El Salvador, uno de los países más restrictivos sobre esta práctica, señalaron este jueves activistas de la Asamblea Feminista con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal.
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto -prohibido en todas las circunstancias- y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.
La activista Liseth Alas apuntó que, a pesar que hay otros países en la región que «han ido avanzando en el tema del acceso seguro y gratuito al aborto, como por ejemplo México», «El Salvador sigue siendo uno de los países con más rezago en materia de derechos en favor del aborto».
Indicó, durante una conferencia de prensa, que en marzo de 2022 la Organización Mundial de la Salud publicó la nuevas directrices en relación al aborto y mandato a todos los estados a eliminar las barreras.
Sin embargo, a pesar de esas nuevas directrices, «El Salvador sigue penalizando el aborto en todas sus formas», señaló.
Para Keyla Cáceres «este país no avanza en materia de legislación, pero sí ha avanzado en otro tipo de legislación que permite, por ejemplo, actos de corrupción, pero las mujeres y las niñas siguen esperando que la Asamblea Legislativa, que tiene mayoría calificada y simple, legisle a favor de ellas».
«No hablamos incluso de legislación para despenalizar el aborto en su totalidad, sino de legislación que permita salvaguardar la vida y la salud de las niñas y de las mujeres en este país».
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Cáceres sostuvo que este 28 de septiembre «es un día de lucha, para no dejar que esta Asamblea Legislativa siga silenciando estas causas, que sigan creyendo que, a través de fundamentalismos religiosos y morales, puedan callar la realidad de las niñas y adolescentes de este país».
«El llamado este día es a que, como sociedad, no dejemos que esta causa sea un hecho aislado, que esta necesidad que tenemos la mayoría de las mujeres en este país no sea una causa de unas pocas, sino que sea la causa de todas las mujeres para no dejar que sigan legislando sobre nuestros cuerpos», manifestó.
La activista aseguró que la penalización absoluta del aborto es la mayor expresión de la violencia contra las mujeres, después del feminicidio».
«No somos un país desarrollado en su totalidad porque las leyes están criminalizando a las mujeres y a las niñas, y las están condenando a ciclos de pobreza y de violencia. Lo que resulta de esto es que las mujeres vamos a seguir siendo la población más pobre, las que estamos abajo en el eslabón de la desigualdad», agregó.
Cáceres dijo que el pasado 7 de septiembre se presentó ante la Asamblea Legislativa una nueva iniciativa, denominada Niñas no Madres, con la que se busca «abrir la posibilidad de la interrupción del embarazo cuando las niñas y adolescentes menores de 18 años sean víctimas de violencia sexual».
En la propuesta, a la que EFE tuvo acceso y que fue presentada por el diputado John Wright del partido Nuestro Tiempo, se solicita agregar un artículo al Código Penal que contenga que «el aborto no será punible en los casos que el embarazo sea un hecho de violencia sexual y violencia sexual agravada en niñas y adolescentes».
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Además que «el Estado asegurará que en la atención que se les proporcione a las niñas y adolescentes que soliciten la interrupción del embarazo se les brinde un acompañamiento legal, psicológico y social».
Entre 2015 y 2022 se contabilizaron 133.853 embarazos en menores de edad en El Salvador, de los que 6.130 fueron en niñas menores de 14 años, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
