La presencia de fundamentalistas religiosos en espacios de decisión ha significado un “retroceso abismal” para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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El avance del fundamentalismo religioso en Latinoamérica ha sido mayor que nunca en la última década y en sus principales consecuencias está el retroceso abismal de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes, especialmente contra el aborto legal.
“Estamos volviendo a épocas que pensamos que nunca volveríamos. Países que tenían avances en materia de derechos sexuales, ahora no tienen ninguno”, señala Griselda Mata, co-coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) de América Latina y presidenta de CDD de El Salvador.
El fundamentalismo religioso es la interpretación y aplicación literal de los textos religiosos. El problema es que esto no se queda como un ejercicio individual y espiritual de cada persona, sino que los grupos que lo practican forman parte de estructuras religiosas, políticas y económicas que cooptan los espacios de decisión para modificar leyes y hacer de la religión un mandato. “Trasciende a otras esferas”, dice la defensora.
Una de las principales prioridades de estos grupos es criminalizar de manera absoluta el aborto e impedir el acceso a este servicio lo más posible, indica Mata
“En el sistema de creencia de ellos las mujeres son las reproductoras y su rol en la sociedad es ser la madre abnegada y ser la virgen María. Ir en contra de esa idea es un pecado, pero también lo quieren convertir en un delito”, expresa Mata.
Esto los hace sumamente peligrosos porque el aborto es un servicio médico necesario para salud, la vida y la autonomía de las mujeres, que está contemplado en distintos tratados de derechos humanos internacionales.
Así que los grupos fundamentalistas son el mayor riesgo para que los Estados que reconocen y garantizan los derechos sexuales y reproductivos retrocedan en esta materia, y el mayor desafío para que otros Estados incorporen el aborto como un procedimiento médico al que las mujeres tienen derecho.
Si bien los fundamentalistas religiosos siempre han existido, en la última década han impulsado acciones más organizadas para hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos, pero también para institucionalizar la familia nuclear, discriminar a la diversidad sexual y prohibir la educación sexual integral.
De acuerdo con Mata, estos grupos han hecho que países que reconocían el aborto con al menos una causal, ya no tengan ninguna, como en el caso de Nicaragua; que haya mayor persecución judicial contra las mujeres, como en el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras; o que legislaciones que protegían el aborto como un derecho, ya no lo contemplen de esa manera, como en Estados Unidos.
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Aunque el avance de los grupos fundamentalistas es a nivel global, ha tenido mayor impacto en las Américas, señala Mata. Pues, esta ha sido la región que mayores regresiones ha tenido en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Uno de los retrocesos más recientes fue la anulación del derecho constitucional al aborto en Estados Unidos en junio del año pasado. La Corte Suprema revocó la sentencia Roe vs. Wade que contempló la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental durante 49 años.
Desde que la sentencia fue revocada, 14 Estados prohíben el aborto totalmente; 12 tienen restricciones en las semanas de gestación a las que se puede acceder; ocho mantienen la prohición absoluta o severa bloqueada; y solo en 20 el procedimiento continúa legal en etapas avanzadas de gestación o sin límites, de acuerdo con Abortion Finder.
Es decir que en menos de un año, solo el 40 por ciento de los Estados mantienen el aborto legal y accesible para las mujeres, cuando hasta hace poco Estados Unidos era uno de los países con mayor acceso a ese servicio médico.
La prohibición afecta principalmente a las mujeres migrantes y en situación de pobreza, ya que deben enfrentar embarazos que no son deseados, que ponen en peligro su salud o que son producto de violación; mientras que las mujeres de mayores recursos pueden movilizarse a otros Estados donde el aborto sigue permitido.
Estados Unidos no fue el único país que retrocedió. En marzo de 2022 el Congreso de Guatemala aprobó la Ley para la protección de la vida y la familia, Ley 5272. Dicha ley contiene un paquete de reformas que aumenta las penas para la práctica del aborto, prohíbe el matrimonio entre las personas del mismo sexo, la educación sexual integral, entre otros programas y políticas sobre la diversidad sexual.
Según el Congreso guatemalteco, se debe a que todo lo anterior es «incongruente con la moral cristiana», así que también declaró a Guatemala como «Capital Iberoamericana Provida», pese que el país no tiene religión oficial y la Constitución Política declara que es un Estado laico.
Si bien la ley fue engavetada por el presidente Alejandro Giammattei, sigue siendo una amenaza y un recordatorio de que los pocos derechos que tienen las mujeres pueden ser arrebatados, dice la socióloga feminista guatemalteca, Ana Silvia Monzón.
“Las feministas estamos en una disyuntiva sobre si hablar del aborto o no. Preferimos no hacerlos y dejarlo en la manera en que está porque es un riesgo. Aunque la ley está engavetada, puede ser aprobada nuevamente en cualquier momento. El surgimiento de grupos conservadores está más fuerte que nunca”, advierte.
La legislación de Guatemala solo permite el aborto cuando la vida de la mujer esté en riesgo, aunque todavía en esas condiciones las mujeres tienen dificultades para acceder de manera legal a la interrupción del embarazo. Si la ley entrara en vigencia, las mujeres acusadas de practicarse aborto podrían enfrentar hasta 50 años de cárcel.
Guatemala es uno de los países de la región que persigue judicialmente a mujeres bajo la penalización del aborto y enfrentan hasta tres años de cárcel, aunque no existen datos oficiales sobre cuántas mujeres han sido criminalizadas.
“El retraso que hemos visto ha sido bastante. No solo a nivel de las leyes, sino a nivel social. Hay una penalización social gigantesca”, explica Monzón.
Los grupos fundamentalistas se encuentran en todos los espacios, dice la defensora feminista, Griselda Mata. “Son una estructura. Están en la política, en la sociedad civil, en las organizaciones y en las Iglesias. Detrás de cada Gobierno y de cada acción política, hay grupos trabajando”, añade.
“Hay que hablar de ideologías y detrás de los fundamentalismos hay muchas acciones de grupos de derecha que son aliados de la Iglesia católica, evangélica y pentecostales”, indica. Entre los espacios más visibles y con mayor impacto donde se encuentran es el Estado, ya sea que estén en partidos políticos, congresos, asambleas o instituciones públicas.
Los fundamentalistas son consejeros políticos, diputados, directores de instituciones o los mismos dirigentes del país. Y en el caso de que no sean directamente los políticos, tienen convenios, acuerdos y pactos con ellos, la mayoría de las veces para ganar votos y apoyo popular.
Por ejemplo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien desde su campaña electoral realizada en 2022, acordó una alianza con la Iglesia cristiana evangélica y se comprometió públicamente a «no apoyar ninguna iniciativa que favorezca el aborto», ni a la «ideología de género», refiriéndose a la diversidad sexual.
Dicho compromiso se realizó durante el Foro Mi País y fue firmado por su director, el pastor evangélico Reynaldo Salazar, en compañía de otros pastores dirigentes de grupos religiosos como Guyón Massey, Juan Luis Calvo y Rigoberto Vega, expresidentes de Alianza Evangélica.
Tal como prometió, en febrero de este 2023 la administración de Chaves planeaba derogar la norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico, que permite la interrupción del embarazo cuando la salud de las mujeres está afectada y que fue aprobada en 2022 por el expresidente Carlos Alvarado.
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La norma sería sustituida por el “Reglamento Técnico para la Atención Integral de la Mujer y del Niño (a) por Nacer durante el Embarazo, Parto, Post-Parto y en situación de Peligro Inminente de Muerte”, que permitiría el aborto únicamente cuando la vida de la mujer está en riesgo, pero no en otras situaciones que comprometan la salud de las mujeres.
Luego que el reglamento fue conocido públicamente, Chaves negó conocerlo y aseguró que su Gobierno no retrocederá en derechos humanos. Sin embargo, el reglamento circulado mostraba en su contenido el grupo técnico que lo creó, el cual estaba conformado por miembros del Gobierno de Chaves, entre ellos, la exministra de salud, Joselyn Chacón.
“Después de la presión incesante del movimiento feminista durante décadas se logró que la anterior administración firmara el protocolo de aborto terapéutico, que ahora el actual Gobierno lo quiere quitar. Sin embargo, el protocolo se ha publicitado muy poco y la mayoría de las mujeres del país y personas gestantes lo desconocen, así que no todas pueden acceder”, señala la activista feminista costarricense, Margarita Salas.
La utilización de la prohibición del aborto para ganar apoyo popular también ganó recientemente en Honduras. El 25 de enero de 2021, el Congreso hondureño aprobó una reforma a la Constitución para que el artículo que penaliza el aborto de forma absoluta sea un artículo pétreo, es decir, que no puede ser modificado en un futuro.
La reforma fue propuesta por el diputado Mario Pérez, perteneciente al Partido Nacional y un cercano colaborador del expresidente Juan Orlando Hernández, que trabajó para él en sus administraciones desde 2014 hasta 2018.
Pero tras la salida del poder de Orlando y las acusaciones en su contra de estar vinculado al narcotráfico y armas de fuego, Pérez también fue acusado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de abuso de autoridad, falsificación de documentos para la aprobación de leyes y corrupción.
Así que enero de 2021 intentó nuevamente obtener apoyo tanto de la población como de otros grupos políticos conservadores con el blindaje a la penalización del aborto, de acuerdo con defensoras hondureñas. “Los líderes hacen una utilización de las creencias y los textos bíblicos para manipular a la gente y es muy grave porque afecta a la población, en especial a las mujeres”, indica Mata.
La injerencia de los grupos fundamentalistas en el Estado es cada vez mayor en los países, señala la defensora. Y han alcanzado lugares donde las feministas y grupos de derechos humanos no han entrado debido al apoyo político y económico que reciben.
También han adaptado nuevas estrategias utilizando lenguaje sobre derechos humanos y justicia de género, empleando campañas en medios de comunicación y generando lazos internacionales, de acuerdo con Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID por sus siglas en inglés).
Por ejemplo, la presencia de organizaciones antiabortos que realizan labores sociales y humanistas, pero que detrás tienen un discursos conservadores y antiderechos es mayor. En estas organizaciones no solo se encuentran grupos religiosos apoyando, sino también personas funcionarias del Estado.
Tal es el caso de la organización salvadoreña Fundación Sí a la Vida, una «fundación benéfica en defensa de la vida y la familia» que tiene un albergue para mujeres que son madres solteras y les brindan atención médica, psicológica, legal y «espiritual», y otros programas sociales para sectores vulnerables.
Organizaciones como estas reciben financiamiento para la realización de campañas mediáticas en contra del aborto y tienen espacios en medios de comunicación como La Prensa Gráfica, donde la directora de Sí a la Vida, Julia Regina de Cardena, siempre tiene una columna de opinión.
“La Iglesia católica y otros grupos religiosos están como organizaciones sin fines de lucro y reciben financiamiento, donaciones y pueden solicitar fondos e invertir. Hay inversiones en programas donde se les brinda apoyo a las mujeres y madres solteras, pero siempre con un enfoque en contra de los derechos sexuales y reproductivos”, explica Mata.
Sí a la Vida, además de hacer campañas contra el aborto, tiene entre sus miembros a familiares de directores de instituciones del Estado como el director del Instituto de Medicina legal, Pedro Hernán Martínez, según la defensora Griselda Mata.
Esta organización representa la oligarquía de El Salvador de una élite privilegiada y de un partido político de derecha”, expresa. Si bien las acciones sociales que realizan “no son malas”, difunden discursos para restringir la autonomía de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos.
La expansión de los grupos, especialmente de los católicos, se ven en las inversiones económicas de colegios cristianos, principalmente dirigidos por Opus Dei y Los Legionarios de Cristo.
«Estas dos organizaciones tienen una extensa red de centros educativos, clubs para adolescentes, jóvenes, mujeres, profesionales y estudiantes, en los que reproducen su pensamiento y códigos morales fuertemente conservadores sobre la sexualidad, reproducción y derechos de las mujeres y población LGTBI», señala investigación Los que se oponen a los derechos, realizada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Los grupos fundamentalistas también han tenido mayor presencia en organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos o en las Naciones Unidas, como delegados de países con Estados conservadores, tales como el de El Salvador.
Ejemplo de esto es el discurso del embajador salvadoreño, Agustín Vásquez, durante la 53° Asamblea de la OEA en la que señaló que «en coherencia con el derecho a la vida», el Estado salvadoreño no cambiará su legislación que penaliza totalmente el aborto, aún cuando la vida de la madre esté en peligro.
Aunque el avance de los grupos fundamentalistas tiene mayor impacto en países con Estados débiles democráticamente, están presente en todas las estructuras estatales, tanto en gobiernos que se dicen de izquierda, de derecha o de ninguno.
“Los fundamentalistas están en todas las estructuras por la fuerte inversión que hay en ellos y por las presiones de las Iglesias, pero también porque hay Estados que se los permiten”, manifiesta Mata.
