Muy a pesar del incremento de la represión contra las defensoras del derechos al aborto en Centroamérica, se resisten a dejar de luchar y crean nuevas estrategias.
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En Nicaragua, El Salvador y Honduras abortar está totalmente prohibido, so pena de cárcel.
En el resto de países centroamericanos sus legislaciones contemplan el aborto terapéutico con sus limitaciones en la práctica. Sin embargo, que exista un debate público sobre el derecho al aborto y que las mujeres protesten «libremente» demandando el respeto a sus cuerpos son algunos logros de la resistencia feminista ante la nueva ola de autoritarismos y fundamentalismo en la región.
El cambio generacional dentro del movimiento feminista es una pieza clave para comprender cómo en Centroamérica- una región desigual y con alta criminalización de las defensoras- las mujeres no ceden; valora la guatemalteca, Ada Valenzuela, miembro del Colectivo Las Libélulas.
“Son las mujeres jóvenes, feministas, las que están levantando la agenda y la bandera verde por toda la América Latina, y eso, creo yo, que es producto de los caminos abiertos por las generaciones de feministas”, expresa.
En Guatemala el aborto terapéutico está permitido únicamente cuando la vida de la mujer está en riesgo. Con datos del Observatorio en Salud Reproductiva, el informe mundial de Human Rights Watch 2023, registra más de 60,000 -incluidas menores de 10 y 14 años- embarazos de adolescentes y niñas hasta julio 2022.
“La propiedad de nuestros cuerpos y el que el Estado, y especialmente, los hombres que dirigen esos Estados, estén controlando nuestros cuerpos y territorios, creo que sigue siendo una lucha terrible”, apunta la feminista Valenzuela.
Esa lucha por conquistar los derechos reproductivos de las mujeres, que se ha logrado en países como Argentina o México, también se vive en Honduras donde estos logros de la llamada «marea verde» ha provocado una reacción contra los derechos de las mujeres, al permear la legislación ante futuras reformas que permitieran la despenalización del aborto en tierra catracha.
«Prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento», se lee la reforma a la Constitución hondureña realizada en 2021 que agrega que «serán nulas e inválidas las disposiciones legales que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo que establezcan lo contrario».
La feminista del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, Regina Fonseca, reconoce que en su país “estamos totalmente atrás”, con medidas regresivas. Y aunque los movimientos tienen décadas de resistencia, especialmente, en derechos sexuales y reproductivos, aún hay “mucho camino por delante”. La gran diferencia, señala, es que ahora las mujeres “tenemos más fortalezas” para continuar la labor de incidencia, expresó.
Beatriz desafió al estado salvadoreño en 2013. Por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), El Salvador accedió a practicarle un aborto legal, tras háberle negado ese derecho, a pesar que su vida estaba en riesgo. Su caso evidenció la desprotección de las mujeres y la persecución de la que son víctimas en un país con una de las legislaciones más restrictivas del planeta en materia de justicia reproductiva.
Morena Herrera es defensora del derecho al aborto y asegura que el primer cambio que se ha logrado desde el trabajo de las organizaciones frente a casos como el de Beatriz, es el derecho a “poder hablar de la problemática”.
“Hablar, denunciar, sacar a la luz esa realidad vinculadas- como la criminalización de mujeres por emergencia obstétricas- y la consecuencia de la penalizacion absoluta del aborto. Hemos tenido debates sobre la despenalización por causas específicas y la despenalización como la posibilidad de que las mujeres puedan decidir como un derecho…”, sostiene. Y continúa: “reconociendo que tenemos realidades distintas porque las mujeres somos diferentes”.
Entre septiembre 2021 y 2022, la justicia salvadoreña liberó a seis mujeres que habían cumplido entre 6 y 13 años de prisión por cargos de aborto, homicidio u homicidio agravado, indica Human Right Wath. Otras mujeres, algunas con abortos espontáneos o emergencias obstétricas, fueron condenadas a elevadas penas de prisión. “En junio de 2022, un tribunal condenó a 50 años de prisión por “homicidio agravado” a una mujer que había tenido una emergencia obstétrica”.
“Esta criminalización ha significado para muchas mujeres encarcelamiento, investigación judicial, persecución y para personal médico una gran tensión entre tener que denunciar a una paciente y su deber de cuidarla y asistirla”, denunció Herrera.
Mientras tanto, en Nicaragua el aborto sigue prohibido desde 2007. Y actualmente se desconoce cuál es la situación de la problemática. “Es un país fantasma en términos de organizaciones de mujeres”, dice “Karla”, feminista nicaragüense, y testigo del desmantelamiento del tejido social ejecutado por el regimen orteguista desde las manifestaciones cívicas de 2018, y quien no se identifica por la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las organizaciones de mujeres lucharon por la necesidad de despenalizar el aborto terapéutico por algunas causales, pero desde 2018 ha sido imposible mantener el tema en la agenda pública, lamenta “Karla”. Este activismo por el derecho a decidir de las mujeres las puso en la mira de la dictadura, y especialmente, de la vicepresidenta Rosario Murillo, que las ha señalado de promover el aborto y hacer negocios.
En un discurso de 2020, Murillo justificó el cierre de las Comisarías de la Mujer- bajo el control policial y partidario del Frente Sandinista- que estas eran usadas por las organizaciones feministas para “promover esas malas prácticas”.
“Hemos sido acusadas por defender el derecho a la vida en el vientre materno… Había quienes tenían el negocio, clínicas, para acabar con la vida de niños no nacidos encubierto, por supuesto, con una cultura desarrollada, decían… muy progresistas, cuando en verdad lo que están haciendo es queriendo negarle al ser humano el derecho a la vida”, tronaba Murillo desde los medios oficialistas propiedad de sus hijos.
Ese discurso de odio es parte de la persecución contra las feministas que señalaron el retroceso de la prohibición del aborto terapéutico, contemplado desde 1837 en el Código Penal que, aunque no esté regulado, no significa que no se practique. “Karla” explica que el aborto sigue registrándose en Nicaragua, aún en un contexto de ilegalidad.
“No es la ley la que detiene el aborto. El aborto sigue ocurriendo porque es parte de la realidad de las muejres, y no todos los embarazos son deseados, planificados, queridos, no. Las mujeres enfrentan, sobre todo en Nicaragua, situaciones realmente graves de violencia que nos toca tratar de resolver, y eso, a veces, puede significar colocar en riesgo la propia vida”, reconoce Karla.
En este momento, en Nicaragua, no se puede dimensionar la problemática del aborto porque se está frente a un Estado que no prioriza los derechos humanos. “Una puede entender que posterior al cierre de las organizaciones, posterior a la expropiacion de las organizaciones y las clínicas que atendían la salud sexual y reproductiva, la situación debe ser realmente grave para las mujeres y niñas”.
Ante esta realidad, las mujeres y niñas o están buscando servicios ilegales para interrumpir su embarazo o asumen maternidades impuestas porque no tienen apoyo de ninguna instancia, considera la feminista nicaragüense. Existen algunas acciones de colaboración comunitaria, como resultado de años de capacitación por parte de las organizaciones feministas. Pero, lamentablemente, son acciones puntuales.
La ola creciente de autoritarismo en Centroamérica, encabezada por Daniel Ortega, en Nicaragua y Nayib Bukele en El Salvador, a la par de más fundamentalismo religioso es un contexto que favorece la criminalización de las organizaciones feministas, con discursos de odio, campañas denigrantes y amenazas de cárcel.
A medida que el autoritarismo y fundamentalismo avanzan, las redes de mujeres también se fortalecen y diversifican sus formas de resistencia, señala la activista Herrera. Es una “herramienta muy poderosa”, que no solamente facilita el acuerpamiento, sino que se denuncian y sistematizan los tipos de agresiones, evidenciando que en Centroamérica defender derechos es una acción riesgosa.
“Pienso que la resistencia se ha fortalecido y en la medida que los autoritarismos amenazan más la labor de las defensoras, las redes de defensoras se vuelven más creativas”, expresó Herrera. Para ella es muy importante que se mantenga la esperanza viva porque los gobiernos no son eternos., y “las redes salvan. Si tocan a una, nos tocan a todas”, dice como eslogan de lucha feminista.
Y es verdad que hay muchos desafíos respecto al aborto. Por eso, sostiene, se debe continuar concienciando a la población, cambiar los imaginarios sociales sobre el aborto a una forma menos punitiva y más comprensiva de las realidades de las mujeres- existen casos en que se vive el aborto como un alivio ante una determinada situación-. Se debe desmitificar el tema, en especial, ante grupos religiosos que citan la Biblia para justificar su posición contra el aborto, cuando en el texto religioso no existe mención explícita del aborto, cuestiona Herrera.
Para Valenzuela la resistencia histórica de las feministas se observa en avances importantes, de tipo teóricos, organizativos y de mucha construcción de redes. Estas colaboraciones de organizaciones facilitan mantener la agenda de las mujeres vivas y esa lucha por los derechos reproductivos.
Las mujeres también están mejores formadas en política y fundamentación teórica, dice Valenzuela. “Hay un avance en nuestros planteamientos, en las propuestas y en las formas como lo hacemos”. Actualmente se documentan casos y eso permite mantener la incidencia en instituciones y legislaciones. Pero detrás de todo ello está la convicción de las activistas, que han asumido, en muchos casos, ser criminalizadas, “mal vistas en la sociedad”, cuestionadas por otras mujeres y víctimas de campañas de difamación.
“No vamos a pelearnos con la otra mujer, sino que nos vamos a pelear con el sistema”, señala Valenzuela. Además de continuar demandando el cese a la criminalización contra las activistas y que se respete “tu derecho a defender derechos y a exigir derechos”, expresó.
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Este reportaje ha sido preparado en el marco de la campaña de sensibilización e información: ¡Tengo derecho a defender derechos! que desarrolla la Asociación de Mujeres Malvaluna en el marco del proyecto: Fortalecimiento de la protección y seguridad de personas defensoras de derechos humanos de Centroamérica con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid).
