Este 28 de junio se cumple un mes del inicio de la nueva fase de cacería contra opositores orquestada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Las acciones arbitrarias de encarcelamiento empezaron con Walter Gómez y Marcos Fletes, los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), investigados por supuesto lavado de dinero en el caso contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro.
Los extrabajadores de la Fundación fueron arrestados sin ninguna orden judicial y bajo gran asedio y agresión policial el 28 de mayo. 24 horas después de la captura la juez Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria Saavedra, decreta 90 días de prisión preventiva.
«La judicial admitió la solicitud de la Fiscalía, ampliando el plazo para la investigación y detención de los imputados, hasta el día 26 de agosto de 2021», dictaba la nota de prensa en horas de la noche del 29 de mayo. Así estrenaban, a la vez, la nueva reforma al Código Procesal Penal que permite encerrar por tres meses para luego «investigar».
A Gómez y Fletes les siguieron otros 19 ciudadanos encarcelados, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia de Nicaragua, activistas políticos, empresarios y un cronista deportivo que expresaba inconformidades contra el régimen a través de sus redes sociales.
Ante los apresamientos ilegales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que se libere a cuatro de los 20 detenidos, porque se encuentran en “extrema situación de riesgo”, notificaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Violeta Granera, José Adán Aguerri, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, son los opositores a los que el tribunal con sede en San José, Costa Rica, determinó “requerir al Estado que proceda a la liberación inmediata”.
Durante la sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, en la presentación del reciente informe sobre las violaciones a derechos humanos en Nicaragua subrayó que esta nueva fase represiva limita todas las garantías para los nicaragüenses.
“Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones, que pone en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes”, subrayó.
Cristiana Chamorro fue la primer precandidata presidencial arrestada. Ella además lideraba las encuestas de popularidad ante las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
La periodista y aspirante presidencial, acusada por el delito de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con el tipo penal de lavado de dinero y activos, permanece bajo detención domiciliar desde el pasado 2 de junio, después que la Policía Nacional realizó un amplio operativo y allanamiento en su casa, ubicada en el sector de Carretera Sur.
Arturo Cruz, aspirante a la presidencia de Nicaragua fue apresado el sábado 5 de junio en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de un viaje por Estados Unidos.
La detención de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri y Violeta Granera se dio en menos de 24 horas el pasado martes 8 de junio.
En el caso de Juan Sebastián unos cuarenta efectivos policiales ingresaron a la vivienda para arrestarlo, cuando antes la Fiscalía lo había citado para comparecer el 9 de junio en el caso contra FUNIDES, caso contrario sucedió con Félix Maradiaga que fue detenido por la Policía Nacional, después de salir del Ministerio Público donde fue interrogado por más de tres horas.
Aguerri fue capturado en horas de la noche del 8 de junio. La Policía Nacional anunció la detención del economista y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), posterior a la detención fue trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
El arresto del jurista y miembro de la Coalición Nacional, José Pallais, fue exhibido en redes sociales donde se mostró como un premio de la «cacería» del régimen, circulando imágenes de él junto al comisionado Fidel Domínguez en la ciudad de León, el 9 de junio.
El último precandidato detenido fue Miguel Mora, exdirector de 100% Noticias, la noche del domingo 20 de junio. A Mora lo acusan de hacer “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera”.
El fin de semana del 12 y 13 de junio la Policía de Nicaragua allanó y detuvo a seis dirigentes de la organización política, Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Según las notas de prensa divulgadas por la Policía Nacional, los seis opositores fueron detenidos por cargos adjudicados por la Ley No. 1055, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz.
Los encarcelados fueron los exguerrilleros Hugo Torres Jiménez y Dora María Téllez; también fueron capturadas en sus viviendas, Suyén Barahona, presidenta de Unamos; Víctor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila Rivas.
Antes de la detención Suyen Barahona, en un video difundido en redes sociales afirmando pidiendo que se siga la lucha en búsqueda de la libertad, “les hago un llamado a mantener la esperanza, mantener la movilización, a que la indignación se vuelva en acción y logremos la libertad de Nicaragua”, sentenció.
Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro Grupo Promerica, fue detenido en horas de la noche del martes 15 de junio bajo el mismo señalamiento de la Ley número 1055. La institución bancaria en un escueto comunicado señalan estar “seguros de la calidad moral del doctor Rivas y confiamos que se podrá esclarecer su situación”.
La lista se engrosó con el cronista deportivo y fuerte crítico de la dictadura, Miguel Mendoza, arrestado el 21 de junio. El Ministerio Público solicitó ampliar el periodo de investigación ampliación de detención judicial por un periodo de 90 días.
En ese mismo día se efectuó el arresto domiciliar y allanamiento de vivienda de María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán. Flores fue destituida como diputada ante la Asamblea Nacional por una resolución del Consejo Supremo Electoral a favor de María Haydeé Osuna, actual representante del PLC.
Los familiares y defensores de los opositores detenidos en Nicaragua exigieron, al gobernante Daniel Ortega, por medio de una conferencia que los presos políticos puedan ser vistos por ellos.
La periodista Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora dijo que no sabía “si a Miguel Mora lo golpearon. Yo cuando pregunto me dicen que él está bien, pero yo quiero asegurarme, porque es un derecho verlo”, externó.
El encarcelado número 21 es el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo mayor de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y del Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien fue detenido la noche del viernes 25 de junio bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua.
Los familiares de los opositores detenidos han denunciado que la Policía no les reciben la comida para sus parientes alegando que tienen «los refrigeradores llenos» y solamente les aceptan agua. Esta situación les genera mucha angustia porque no tienen la posibilidad de corroborar el estado de salud de los detenidos.
