En una audiencia sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la defensora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) expuso que las acciones arbitrarias del régimen de Daniel Ortega han causado “un efecto devastador” sobre la población en el país.

“Nicaragua atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas.  Su efecto sobre las personas ha sido tan devastador, que ninguna cifra lo puede revelar en toda su dimensión, son niños, mujeres y hombres con familia, son rostros conocidos en sus barrios y comunidades, que ante la impunidad siguen exigiendo verdad, justicia y reparación; y como muestra viva de 3 años de terror, 125 presos políticos permanecen encerrados en las cárceles injustamente. Todos deben ser inmediatamente liberados”, detalló Núñez al iniciar la audiencia.

Durante la intervención dada en un espacio virtual el Cenidh expuso tres puntos clave sobre la situación del país: los principales obstáculos y violaciones a derechos políticos en el contexto electoral, la regresividad en la reforma electoral y la elección del Consejo Supremo Electoral, controlado por el orteguismo.

La presidenta del Cenidh externó que el panorama electoral actual ha profundizado “un quiebre irreversible de la democracia por las graves violaciones a los derechos políticos y la insuficiencia y regresividad que contiene la nueva Ley Electoral que regirá un proceso que ha comenzado sin transparencia y está encaminado a burlar la voluntad popular”.

Restricción a derechos civiles

La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, dijo que es más que evidente la existencia de un agravamiento a los derechos humanos en Nicaragua con graves consecuencias políticas y democráticas.

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“Hacemos un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que se le exija al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, detener todo acto de persecución de las personas disidentes y restablecer los derechos y libertades que hacen un proceso libre, creíble y equitativo”, subrayó Urrejola.

El informe que se presentó este miércoles 30 de junio detalla que en Nicaragua existe hostigamientos, vigilancia y persecución intensiva a opositores, persecución a toda forma de expresión o manifestación, restricción ilegítima a derechos civiles y políticos a través de leyes incompatibles con la Convención Americana; y criminalización, detenciones arbitrarias y torturas contra precandidatos presidenciales, dirigentes políticos y empresariales.

En detalles el Cenidh ejemplifica la ola de criminalización con las detenciones arbitrarias iniciadas el 28 de mayo, entre ellos los precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, y Miguel Mora. Además de los dirigentes políticos Violeta Granera y José Bernard Pallais, y los 6 líderes del partido político Unamos, contra quien el Estado ha mostrado especial ensañamiento desde la cancelación ilegal de su personalidad jurídica en 2008: Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Tamara Dávila, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco.

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Sin credibilidad

Georgina Ruiz, parte del equipo del Cenidh, durante la audiencia hizo referencia a la falta de credibilidad del sistema electoral nicaragüense, exponiendo que no existen garantías de independencia e imparcialidad en las autoridades encargadas de los procesos electorales.

“Todas estas acciones, con las cuales se imposibilita la realización de un proceso electoral transparente en un gobierno excluyente, centralista y autoritario, son el detonante que frustra el esfuerzo del pueblo nicaragüense de resolver la crisis por la vía electoral, mecanismo consustancial al ejercicio democrático”, mencionó Ruiz.

El Cenidh  hizo una serie de peticiones a la CIDH en las que demandan derogar las normas inconstitucionales e convencionales denunciadas en la audiencia, garantizar el ejercicio de los derechos humanos;  cesar de inmediato la represión generalizada contra la población nicaragüense que demanda el respeto a sus derechos y proceder a la inmediata liberación de los más de 125 presos políticos, incluyendo a los periodistas, candidatos, activistas sociales, dirigentes políticos y empresariales y garantizar su participación política en las elecciones del presente año.

Vilma Núñez destacó que los derechos a la libertad de expresión y manifestación han sido reprimidos por el Estado violentamente, “imponiendo un clima de terror que imposibilita el ejercicio de estos derechos sin riesgos para la vida, integridad, libertad y seguridad”.

A lo anterior, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la CIDH, Pedro Vaca, expresó que con esas acciones es más que evidente que “estamos hablando de un tono muy agudo donde se lastima las condiciones del ejercicio periodístico, nos preocupa la detención de Miguel Mendoza, estamos haciendo seguimiento de los casos de exilio y reconocemos el compromiso de estos periodistas que salen del país”, externó.

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