La persecución y criminalización ordenada por la dictadura Ortega-Murillo contra la disidencia en Nicaragua se agudiza día a día en el país. El aparato represor del orteguismo, encabezado por la Policía Nacional, dirigió la noche de este 3 de mayo -Día Mundial de la Libertad de Prensa- capturar a más de 50 personas, entre ellas periodistas, familiares de víctimas de la Rebelión de Abril, activistas y líderes comunitarios, confirmaron diversas fuentes consultadas por La Lupa. 

El Monitoreo Azul y Blanco denunció, en un reporte especial que divulgó este jueves, que registraron la detención arbitraria de un total de 57 personas; 22 mujeres y 35 hombres, en los departamentos de Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León, Madriz, Mangua, Matagalpa, Nueva Segovia, Rivas y en las regiones del Caribe Norte y Sur.

Algunas de las personas capturadas arbitrariamente, entre las 6 y 10 de la noche del miércoles, horas después fueron liberadas tras ser sometidas a procesos judiciales exprés, en los que la justicia orteguista les acusó, durante una audiencia preliminar, de supuestamente cometer “traición a la patria” o “conspiración y menoscabo contra la integridad nacional” en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Las nuevas víctimas de la criminalización orteguista fueron sometidas al inicio de un proceso judicial viciado, a puerta cerrada y sin ningún tipo de garantías procesales, y obligadas a aceptar la libertad que les ofrecieron a través de una medida de presentación periódica, que les impone ir a firmar periódicamente a la delegación más cercana de su localidad, con algunas excepciones de personas que tendrán que viajar desde sus municipios hasta la capital. 

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La abogada Yonarqui Martínez, a través de sus redes sociales, denunció la realización de dichas audiencias preliminares, que se efectuaron “a altas horas de la noche”, imponiendo “falsas acusaciones”, “donde se les prohibió el derecho a la defensa, sustraídos de juez natural, con medida de presentación periódica”.

“Es una completa aberración jurídica, jueces, fiscales, y defensoría son partícipes de está gran atrocidad”, denunció la defensora de derechos humanos, reconocida por representar a presos políticos acusados falsamente por la dictadura. 

Acusadas por «traición a la patria» y «menoscabo a la integridad nacional»

Entre las personas detenidas y acusadas por la dictadura, según una lista divulgada por están: el periodista William José Aragón Rodríguez, la abogada Daniela Argüello Cano, Ruth Espinoza Ordóñez, Xiomara del Socorro Gutiérrez, Jexy Sebastián Manzanares López, Cinthya José González Alemán, Maryuris Noelia Miranda Castro, Harold Antonio González González, Jahaira María Martínez Carrillo y Teresa Mena Lazo, todos acusados por la juez Gloria Saavedra, encargada del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias en Managua.

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También Mari Cruz Bermúdez Medrano, madre de Richard Pavón, víctima de la represión orteguista a las protestas de 2018; el periodista Óscar Rodolfo García Vallecillo; Juan José Huete Sandoval; Óscar Antonio Medrano Orozco; Scarleth de los Ángeles Urbina Gago; Luis Alexander Carrión Lezcano; Ervin José Ramírez Lesage y Henry Antonio Quintero Quintero, estos ocho acusados por la jueza Karen Chavarría, encargada del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencias de Managua.

Asimismo, fueron acusados Jorge Adolfo Blandón Blandón, Jordan Alejandro Altamirano Hernández, Jared Josué Villareina Méndez, Alfredo Enrique Palacios Blandón, Ángeles Loyreth Pacheco Iglesias, Tamara Albertina Ruiz Navarrete, Humberto Cecilio Hernández Méndez o Humberto Hernández Hernández, Jaime Blandón Rugama, Joanner Frelldyn Zeledón Rivera, Víctor Antonio Méndez Altamirano y Martha Lorena González Medrano, el caso de los 11 estuvo a cargo de Nalia Úbeda, encargada del Juzgado Quinto Distrito Penal de Managua.

El Monitoreo Azul y Blanco, a través de sus redes sociales, alertó desde la noche del miércoles que tenían denuncias de capturas y allanamientos desde diferentes partes de todo el país, y exigió “el respeto a la seguridad de todas las personas que fueron detenidas y su liberación inmediata”.

La Coalición Nicaragua Lucha, integrada por 20 organizaciones de víctimas, familias de víctimas de la represión orteguista, periodistas y movimientos sociales, también denunció las detenciones y acusaciones arbitrarias del orteguismo, demandando «el cese inmediato de la persecución, a responder sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y establecer las garantías democráticas en el país».

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