Maternidades bajo sospecha: mujeres miskitas frente al control institucional en Costa Rica

Las mujeres miskitas migrantes en Costa Rica viven la maternidad atravesada por el miedo.

Ser indígenas, pobres, no dominar el español y carecer de redes de apoyo configura un conjunto de desigualdades que impactan su vida cotidiana y limitan el ejercicio de sus derechos. En este contexto, la maternidad no solo implica cuidar, sino también resistir a un sistema que, en lugar de acompañar, muchas veces vigila y sanciona.

La situación se agrava cuando estas mujeres son víctimas de violencia de género. Denunciar no siempre garantiza protección; en algunos casos, puede derivar en una mayor exposición institucional, donde se cuestiona su capacidad para cuidar a sus hijas e hijos. Así lo denuncia Lakia Tara, lideresa de la organización Insin Mairin Asla Takanka Kupia Kumi Muskitia Nicaragua (IMATKUMN), que acompaña a cerca de 200 mujeres indígenas nicaragüenses en comunidades como Pavas, Purral, Alajuelita y La Carpio.

Vigilancia desde el embarazo

Según explica, el control institucional puede comenzar incluso antes del nacimiento. Durante el embarazo, muchas mujeres miskitas acuden a centros de salud sin contar con información suficiente ni acompañamiento adecuado. En ese proceso, el sistema de salud puede activar alertas hacia los servicios sociales, lo que deriva en la apertura de expedientes por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que inicia un seguimiento durante toda la gestación. “Las acusan por dos razones: por vivir en contextos de violencia y por pobreza. Les dicen que no deberían tener hijos, que para qué se embarazan si no tienen recursos”, señala Tara.

La paradoja es evidente: muchas de estas mujeres migran precisamente huyendo de la violencia y la precariedad, pero en el país de destino esas mismas condiciones son utilizadas para cuestionar su maternidad. En los últimos dos años, IMATKUMN ha documentado al menos cuatro casos de retirada de custodia, donde el factor común es la pobreza.

Uno de los casos acompañados por la organización fue el de una mujer gravemente enferma que permanecía hospitalizada. Durante ese periodo, el PANI retiró a sus dos hijos, de cinco y siete años. La recuperación de la custodia solo fue posible tras un proceso legal acompañado por organizaciones que actuaron como garantes económicos, asegurando vivienda y condiciones mínimas mientras la madre lograba estabilizar su situación laboral. “Sin ese respaldo externo, no habría sido posible recuperar a los niños”, afirma Tara.

La presión que enfrentan estas mujeres puede alcanzar niveles extremos. Según la lideresa, una madre se suicidó en medio de un proceso de retirada de custodia, un hecho que no fue visibilizado públicamente. En otro caso, una mujer huyó con su bebé tras amenazar con quitarse la vida para evitar la separación. En un tercer caso, se trató de una retirada neonatal: la madre fue dada de alta tras una cesárea, pero el bebé permaneció hospitalizado. Ella debía desplazarse diariamente para amamantarlo, pero sufrió una caída en el transporte público que complicó su recuperación. Esto retrasó el cumplimiento de los requisitos exigidos para recuperar la custodia, mientras la institución argumentaba que, por ser víctima de violencia, no era apta para el cuidado.

“Les exigen tener trabajo, vivienda digna, estabilidad económica, pero no consideran las condiciones reales en las que viven. ¿Cómo una mujer recién operada, sin documentos y con barreras de idioma puede cumplir esos requisitos en pocos meses?”, cuestiona Tara. A esto se suma que muchas familias viven en asentamientos precarios, los únicos espacios donde pueden alquilar debido a su situación económica y familiar.

“Que vivan en pobreza no significa que no cuiden a sus hijos o que no sean capaces de criarlos con dignidad”, insiste. Sin embargo, señala que el sistema no ofrece soluciones estructurales para reducir esa vulnerabilidad, sino que responde con medidas que pueden profundizarla, incluyendo la separación familiar.

Nixia, una mujer miskita originaria de Waspam, vive en Alajuelita bajo un proceso de monitoreo desde hace año y medio. No ha sido separada de su hija, pero su maternidad está bajo constante vigilancia. Todo comenzó cuando un conflicto entre su hija de siete años y otro niño en la escuela derivó en una lesión. El centro educativo reportó el hecho al PANI y a la policía, lo que activó el proceso.

“Yo estaba recién parida, llegué con mi bebé en brazos a la escuela y de repente me estaban interrogando. Revisaron a mi bebé completamente para ver si tenía golpes. Entré en pánico. Pensé que me las iban a quitar”, relata. Desde entonces, debe cumplir con citas constantes y requisitos que afectan su estabilidad laboral. Trabaja limpiando casas algunos días a la semana, pero la exigencia de disponibilidad permanente para el seguimiento institucional le impide acceder a un empleo formal.

“No puedo faltar a una cita porque me dicen que puedo perder a mis hijas, pero tampoco puedo conseguir un trabajo estable porque nadie va a aceptar que falte cada vez que me llamen”, explica. Su única red de apoyo es su hermana, con quien vive en condiciones precarias. Aunque ha solicitado apoyo estatal, no ha recibido respuesta efectiva. Lo que más necesita —un espacio de cuido para sus hijas que le permita trabajar— no le ha sido garantizado.

Cuando la protección no protege

El temor al PANI también marca la experiencia de Tangi, una joven miskita que llegó a Costa Rica siendo adolescente. A los 15 años fue víctima de abuso sexual por parte de su padre. Tras huir, fue derivada al sistema de protección, pero el acompañamiento no logró garantizarle condiciones seguras. A los 16 años inició una relación que derivó en violencia. Denunció a su agresor, pero asegura que no recibió medidas de protección efectivas.

“Me entregaron la denuncia delante de él. No hubo detención, no hubo seguimiento”, recuerda. Cuando intentó separarse, las autoridades le sugirieron negociar con su agresor o enfrentar un proceso con el PANI que implicaría la posible pérdida de su hijo. Ante ese escenario, decidió evitar la intervención institucional, aun cuando eso implicaba permanecer en una situación de riesgo.

Actualmente, su hijo está bajo el cuidado del padre. Ella trabaja jornadas extensas para reunir dinero y poder iniciar un proceso legal que le permita recuperarlo. Denuncia además que su expareja difundió contenido íntimo para desacreditarla y afectar su imagen como madre. “Me dijo que lo hizo para que nadie me creyera, para que nadie me tomara en serio”, relata. A pesar de las denuncias, no se han abierto procesos por violencia ni por la difusión de ese material.

El caso de Tangi, como el de muchas otras mujeres miskitas, evidencia las fallas en la respuesta institucional frente a la violencia de género y la protección de la niñez. Las barreras lingüísticas, la discriminación, la precariedad económica y la falta de acceso efectivo a la justicia configuran un escenario donde las mujeres no solo enfrentan violencia, sino también desprotección.

Estos casos revelan una tensión profunda: sistemas creados para proteger a la niñez que, en contextos de desigualdad estructural, terminan debilitando los vínculos familiares sin ofrecer alternativas reales. Desde un enfoque de derechos humanos, organizaciones acompañantes insisten en que la respuesta no puede centrarse únicamente en la vigilancia, sino en garantizar condiciones dignas, apoyo integral y respeto al derecho de las mujeres a maternar sin violencia.

*Los nombres han sido modificados para proteger la identidad de las entrevistadas.