En Nicaragua, la fe se ha convertido en un acto de resistencia fundamental ante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que ha intensificado el control y la represión contra expresiones religiosas que considera críticas o contrarias a su poder, en particular desde sectores de la Iglesia católica, cuyos líderes han sido perseguidos, exiliados o encarcelados.

Los verdaderos motivos del régimen para encarcelar y acosar a líderes religiosos o laicos radican en su deseo de controlar y silenciar cualquier voz que perciban como una resistencia o crítica a su poder. 

“La fe ha sido criminalizada, la dictadura quiere templos en silencio, pero la fe resiste y nosotros exigimos libertad para quienes han sido encarcelados por creer”, resume la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), una organización que brinda acompañamiento legal a personas perseguidas políticamente y cuyos derechos humanos son vulnerados por Ortega y Murillo. 

A la fecha, la dictadura mantiene presas arbitrariamente a 53 personas —entre ellos siete por motivos de su fe—  pero las organizaciones de derechos humanos advierten de un “subregistro” por el miedo de la familia de denunciar. 

La Lupa muestra quiénes son las personas presas políticas del régimen por motivos de su fe.

Pedro Abelardo Méndez

Es un sacerdote de la Iglesia católica que fue detenido el 19 de junio de 2025 en un retén policial ubicado en la avenida Arellano, en el departamento de Granada. Este es el caso más reciente de la “represión contra el catolicismo” en Nicaragua.

Aunque no era él quien conducía la camioneta Toyota, placa MY 21511, sino que viajaba como pasajero, la Policía Nacional lo acusa de violar la Ley de Tránsito. El vehículo era conducido por Luis David Ñamendi Suárez al momento de ser detenido en un retén policial. 

De acuerdo con la nota de prensa 006-2025 de la Policía Nacional, ambos iban en “estado de ebriedad”. 

“Lo que no dice la Policía del régimen es que el sacerdote estuvo bajo vigilancia. Estaba en un régimen de casa por cárcel de facto, acosado por policías y encapuchados a diario”, denunció la UDJ.

A la fecha, sin embargo, al igual que otros presos políticos está en condición de “desaparición forzada”. 

El religioso fungió como párroco de la parroquia Santa María Magdalena, en Monimbó, Masaya, una comunidad que en 2018 se convirtió en un símbolo de resistencia durante las protestas contra el régimen orteguista y una “voz incómoda para la dictadura”. 

Monimbó fue uno de los primeros barrios indígenas en levantarse con fuerza, desafiando la represión estatal con barricadas y manifestaciones masivas. 

Eveling Carolina Matus Hernández

Es una de las siete mujeres presas políticas y según la UDJ está detenida por “dar like a un tweet de Monseñor Silvio Báez”, un sacerdote nicaragüense expulsado de su patria en 2019 por criticar la administración de Ortega y Murillo.  

Detenida el 26 junio 2024, y también está en desaparición forzada. Aunque algunas organizaciones de derechos humanos advierten que fue trasladada en un bus del Centro Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), sus familiares han preguntado sobre su paradero, pero las autoridades penitenciarias les dijeron que “ahí no tenían a ninguna persona registrada con su nombre”. 

Carmen María Sáenz Martínez

Es una abogada, matagalpina y devota católica que lleva desaparecida 327 días desde el 10 agosto de 2024 cuando fue capturada por la policía sin una orden judicial. 

Sáenz Martínez dejó sus labores como coordinadora del Modelo de Gestión de Despachos Judiciales, en la sede matagalpina de la Corte Suprema de Justicia, para volverse una servidora de la Diócesis de Matagalpa que dirigía monseñor Rolando Álvarez, obispo desterrado y desnacionalizado. 

Lesbia Gutiérrez Poveda

También era muy cercana con el obispo Rolando Álvarez, quien pasó casi año y medio en prisión antes de ser expulsado al Vaticano en enero de 2024. Ella fue detenida el 10 de agosto de 2024. 

Gutiérrez Poveda, desde 2006, trabajaba en el proyecto de crédito rural y urbano de la diócesis. Desde su detención, su familia no ha vuelto a saber nada de ella.

Su caso, también es un reflejo de una vida bajo un régimen que se ha vuelto cada vez más hostil a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Efrén Antonio Vilches López

El pastor evangélico lleva 1145 días detenido arbitrariamente. Fue detenido el 15 de mayo de 2022 por “predicar contra la dictadura”, refiere la UDJ.

Según han denunciado algunos organismos de derechos humanos, al pastor lo golpearon al momento de ser detenido cuando salía de la funeraria donde trabajaba en San Rafael del Sur, un municipio ubicado unos 50 kilómetros al suroeste de Managua.

Permanece preso en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, tras ser “condenado” por la justicia que sirve al régimen.

Evelyn Susana Guillén Zepeda

Arrestada el 5 de agosto de 2023 por su actividad religiosa y expresión, lo que se ha convertido en un delito para el régimen. 

Su único delito fue “llevar una pancarta con la imagen de Monseñor Rolando Álvarez”. 

Edgardo Antonio Cárcamo Díaz

Fue capturado el 8 de agosto de 2023 tras imprimir la imagen de Rolando Álvarez en su imprenta, denunció la UDJ. 

Antes de ser detenido trabajaba en un negocio de sublimación, lo cual le permitía cubrir sus necesidades y las de su familia. No está afiliado a ningún partido político, se ha mantenido alejado de la política y no participó en las manifestaciones de 2018.

Según la UDJ, cada uno de estos casos no son “aislados”, sino una “política de castigo contra quienes creen y predican fuera del control estatal”. 

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La Lupa Nicaragua