La Organización Panamericana de la Salud destaca que “una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido alguna relación íntima habrán sido objeto de las conductas violentas de un compañero íntimo cuando cumplan 25 años”.

En 2020 la misma OPS reportaba que el 58% de las niñas y los niños en América Latina sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año. Estas violencias afectan y limitan el desarrollo de sus vidas de manera integral, digna y con la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

En Nicaragua, las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (2015 – 2021) revelan que 8 de cada 10 peritajes de violencia sexual son a niñas y adolescentes. Las estadísticas reflejan una curva de incremento de casos de violencia sexual en los últimos cinco años. Entre 2020 y 2021 hay un aumento de 832 casos. Un promedio de 1 caso de violencia sexual contra niñas y adolescentes cada 40 minutos.

Además el anuario 2021 del Instituto de Medicina Legal refleja: 733 peritajes a niñas entre 0 y 17 años por violencia dentro de la familia, 3,428  peritajes de violencia sexual en menores de 17 años, 1,277 peritajes por lesiones físicas y 5,002 peritajes por lesiones psiquicas en menores de 17 años.

I.M. tenía 17 años y estaba en su primer año de la carrera de Administración de Empresas cuando fue asesinada por su padre. El 10 de mayo de 2021, Bismarck Carvajal secuestró, violó y asesinó a su hija, cuando ella le reclamó por el abuso que ella y su hermana menor sufrían.  Su cuerpo fue encontrado un basurero de Managua con claras señales de violencia sexual.

El femicidio infantil y la realidad de Nicaragua

La investigadora méxicana Julia Monárrez, propuso la necesidad de nombrar los femicidios infantiles, definidos como “el asesinato de niñas en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que les otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña”.

Entre enero de 2019 y septiembre de 2022, organizaciones feministas de Nicaragua han documentado 34 casos de femicidio infantil: 13 niñas entre 1 y 12 años; y 21 adolescentes entre 13 y 17 años. 

Las zonas con mayor incidencia, en porcentajes similares a la estadística de femicidios general, son Managua, con 7 casos; la Costa Caribe Norte con 5 casos; seguidas de la Costa Caribe Sur, con 4 casos. El año con mayor prevalencia de violencias letales contra niñas y adolescentes fue 2020, con 12 femicidios infantiles.

En agosto de 2020, la niña M.D, de 4 años fue asesinada junto a su mamá. M.D. fue testigo del femicidio de su madre, quién tenía 5 meses de embarazo, a manos de Alexander Castellón, su pareja. Tras el asesinato, el hombre metió los cuerpos debajo de la cama y huyó robando el dinero que Fátima tenía en la casa. Un mes después, también en Matagalpa, Y.G de 4 años, fue asesinada por su tío Pedro Dávila y su pareja; quienes la sometieron a violencia física y sexual durante cuatro meses. Circuló en los medios un vídeo de los asesinados confesando los crímenes, alegando que la niña era “malcriada” y por eso la castigaban.

Volviendo a las estadísticas, 12 femicidios infantiles fueron perpetrados por sujetos desconocidos; 7 por parejas o exparejas, 5 por padrastros, 3 por padres, 3 por sujetos conocidos y 1 por un tío. Dos de los femicidas eran también adolescentes al momento de cometer el crimen.

Las hermanitas R.M, de 10 años y L.Y. de 12 años fueron asesinadas el 12 de septiembre de 2020 en Mulukukú, Región Autónoma del Caribe Norte.  Estaban buscando cangrejos en un río cercano a su casa, cuando fueron secuestradas y asesinadas por Rosario Soza: un hombre de 33 años, amigo de la familia. La madre de las niñas denunció ante los medios de comunicación que L.Y. había sufrido violencia sexual en dos ocasiones; primero de parte de un primo adolescente cuando tenía 6 años y luego de su padrastro, a los 8 años: y aunque realizó denuncias en ambos casos, los abusadores no fueron juzgados en su momento.

La abogada e investigadora méxicana Sofía Cobo Téllez afirma que “es necesario visibilizar la gravedad del fenómeno e investigar este tipo de delitos desde una perspectiva de género, de niñez y adolescencia, a fin de diseñar políticas públicas orientadas a prevenirlo y, en su caso, castigarlo con el rigor requerido”.

La propuesta e invitación de volver la mirada hacia las violencias letales contra niñas y adolescentes, busca visibilizar las múltiples discriminaciones y vulnerabilidades que estas enfrentan por el hecho de ser mujeres.
¡Las niñas y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencias!
¡Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan!

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