Un total de 39 niños, niñas y adolescentes nicaragüenses viven en una “prisión invisible” debido a la ausencia forzada de sus padres, víctimas de la represión que mantiene a 53 personas presas políticas en las cárceles del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 20 de los presos de conciencia en el país son padres o madres de menores de edad, lo que evidencia el impacto devastador que la represión estatal tiene sobre las familias nicaragüenses.

“Estos menores se convierten en víctimas silenciosas (…) Estas aprehensiones, a menudo violentas y sorpresivas, no solo quiebran la libertad de los adultos, sino que pulverizan la estabilidad emocional y económica de los hogares”, añade el Mecanismo en un informe. 

La desaparición forzada de uno o ambos progenitores obliga a estos menores a adaptarse a una nueva vida bajo el cuidado de abuelos o familiares, lidiando con la incertidumbre, la angustia y la desestabilización completa de su entorno familiar.

“Muchos de estos niños y niñas fueron testigos directos de allanamientos brutales y la confiscación de sus pertenencias, incluso sus juguetes, un hecho que añade un trauma innecesario a su ya difícil situación”, denunció el Mecanismo.

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Derechos infantiles que vulnera la dictadura

La Convención sobre los Derechos del Niño —ratificada por el Estado de Nicaragua en 1990—, establece mandatos de protección a la infancia. Sin embargo, según el Mecanismo, la realidad de los hijos e hijas de personas presas políticas revela múltiples vulneraciones:

Artículo 16, violación del entorno familiar: Los allanamientos violentos y las detenciones realizadas por la Policía, principal brazo represor del régimen orteguista, genera un “ambiente de miedo y desprotección constante en sus propios hogares”.

Artículo 2, discriminación y estigmatización: Debido al activismo de sus progenitores, los menores suelen estar expuestos a “señalamientos, acoso escolar y vigilancia”. El Mecanismo enfatiza que “se les castiga por una culpa que no les pertenece”. 

Artículo 9 y 37, ruptura del vínculo parental: El régimen, según el Mecanismo, somete a los hijos e hijas de personas presas políticas a una de las “prácticas más crueles” como es la “restricción o negación” de tener contacto con sus padres encarcelados.

“Muchos menores tienen prohibidas las visitas, e incluso el intercambio de cartas o dibujos”, denunció el Mecanismo.  

Eveling Carolina Matus Hernández, originaria de Jinotepe, municipio de Carazo, cumplirá un año en prisión sin poder ver a sus dos menores hijos desde que fue capturada arbitrariamente el 26 de junio de 2024. 

Matus Hernández es egresada de la carrera de Publicidad y Mercadeo de la otrora Universidad Centroamericana (UCA). Es una mujer emprendedora, propietaria de una agencia de envíos de paquetería. 

Teniendo en cuenta el grave riesgo por estar en desaparición forzada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) le otorgó medidas urgentes el 5 de marzo de 2025, pero a la fecha el Estado sigue sin informar a sus familiares su paradero. 

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Traumas en los menores 

La detención arbitraria documentada por organismos nacionales e internacionales no solo vulnera los derechos de las personas que son detenidas por su activismo, sino que constituye una violación sistemática de los derechos de la niñez nicaragüenses que sufren las consecuencias. 

Además del estrés crónico, episodios de llanto, el trauma y la ansiedad que sufren los menores hijos de personas presas políticas por la “orfandad forzada” que viven, el Mecanismo documenta los siguientes problemas: 

Duelo y depresión infantil: El Mecanismo ha diagnosticado casos de “depresión severa en niños y niñas de tan solo cuatro años, manifestada en tristeza profunda, insomnio y aislamiento social”.

Trauma y ansiedad Constante: El miedo a la autoridad, como la policía, es recurrente, con relatos de niños y niñas pequeñas que mojan sus camas al ver uniformes.

El régimen de Daniel Ortega sigue usando a la Policía Nacional como herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense. 

Regresión y cambios conductuales: Los menores hijos e hijas de personas presas políticas también bajaron su rendimiento escolar, la concentración y las interacciones sociales.

“Niños (y niñas) antes alegres y con buen desempeño académico muestran un descenso abrupto en sus calificaciones y cambios drásticos en su comportamiento”, sostiene el Mecanismo. 

La más reciente ola de represión tuvo lugar en mayo de 2025, cuando al menos veinte personas fueron detenidas arbitrariamente por la Policía durante redadas en Matagalpa y Jinotega.

Según el Mecanismo existe un subregistro del número total de personas encarceladas por motivos políticos debido a la falta de acceso a la información pública y el ambiente de represión que impera en el país.

A la fecha, el régimen mantiene a 53 personas presas políticas en las cárceles. 

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La Lupa Nicaragua