La Articulación Feminista de Nicaragua calificó de «condenable» la exposición pública de la doctora Mariam Morales Donaire durante una conferencia policial en la que se divulgaron detalles de su salud mental y situación familiar. La organización denunció que la Policía Nacional y el Ministerio de Salud (Minsa) vulneraron su derecho a la privacidad y la sometieron a un proceso de revictimización y violencia institucional.

El pronunciamiento surge tras la comparecencia pública de la médica de 23 años, reportada como desaparecida desde el pasado 1 de junio en León y localizada dos días después en Granada.

En lugar de limitarse a informar sobre su ubicación y estado general, la Policía organizó una conferencia de prensa en Managua.

Para la Articulación Feminista, el tratamiento dado al caso constituye una grave violación a los derechos de una mujer que atravesaba una situación de vulnerabilidad y requería atención especializada.

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«Resulta condenable que la Policía Nacional presentara en una conferencia de prensa los resultados de una investigación de una mujer desaparecida y que sin ningún respeto por sus derechos humanos la obligaran a estar presente junto a su padre, revelando detalles del hecho, información privada y de su condición de salud», señaló la organización en un comunicado.

La controversia se intensificó cuando el comisionado general Victoriano Ruiz leyó un informe atribuido al Ministerio de Salud en el que se afirmaba que la doctora «presenta desajustes emocionales por causas propias y familiares, ha resuelto suspender sus servicios como médica hasta su plena recuperación».

«Nos indigna cómo instituciones que deben proteger a las víctimas, se convierten en perpetradores directos de la violencia contra las mujeres y usan los medios oficialistas para castigar, desacreditar y victimizar», señala la Articulación.

Para organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos, la divulgación pública de información relacionada con la salud de una persona vulnera principios básicos de confidencialidad médica y protección de datos personales.

La Articulación Feminista señaló que las actuaciones de la Policía y del MINSA contradicen tanto la Ley General de Salud como los protocolos de atención a víctimas y diversos instrumentos internacionales que garantizan la integridad, la dignidad y la confidencialidad de las personas.

«Nos indigna cómo instituciones que deben proteger a las víctimas se convierten en perpetradoras directas de la violencia contra las mujeres y usan los medios oficialistas para castigar, desacreditar y victimizar», expresó la organización.

Advirtieron que este tipo de prácticas alimentan la «misoginia, el morbo y el escarnio público», además que pone en «riesgo a las víctimas». La organización señala que la violencia institucional puede desalentar a otras mujeres a denunciar situaciones de riesgo o buscar apoyo cuando enfrentan crisis personales o de salud mental.

Demandan cese inmediato de la violencia contra las mujeres

La Articulación Feminista exigió el cese inmediato de la violencia institucional y mediática contra las mujeres, el respeto a la confidencialidad y dignidad de las víctimas conforme a las leyes nacionales y los estándares internacionales de derechos humanos, así como una actuación responsable de los medios de comunicación en el tratamiento de estos casos.

«La mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a vivir libres de violencias», concluyó el comunicado.

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El caso de Mariam Elisa Morales Donaire ha reabierto el debate sobre los límites de la actuación estatal frente a situaciones que involucran salud mental, privacidad y derechos humanos, así como sobre el papel de las instituciones públicas en la protección de mujeres que atraviesan momentos de especial vulnerabilidad.

575 asesinatos de mujeres en medio del «silencio» institucional

La agrupación recordó que cada denuncia de desaparición de una mujer genera preocupación entre familiares, amistades y comunidades debido al contexto de violencia machista que enfrenta el país.

Según el comunicado, cuando una persona desaparece «se activan en su búsqueda las redes sociales y comunitarias en apoyo a las denuncias de las familias» ante el temor de que pueda ser víctima de un hecho violento y «puedan ser encontradas muertas».

La Articulación destacó que organizaciones feministas han documentado al menos 575 asesinatos de mujeres y niñas durante los últimos ocho años, cifra que refleja la gravedad de la violencia contra las mujeres y niñas.

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La Lupa Feminista