Cristiana Chamorro, exaspirante a la presidencia y directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) fue sentenciada a ocho años de prisión por los supuestos delitos lavado de dinero, gestión abusiva de dinero y falsedad ideológica en un juicio irregular de siete días.
Chamorro, de 68 años, está sometida arbitrariamente a arresto domiciliario el 8 de junio de 2021, después que hiciera públicas sus intenciones de competir en los pasados comicios. En el mismo período otros seis exaspirantes a la presidencia fueron detenidos, y actualmente se encuentran en condiciones críticas de salud en la Dirección de Auxilio Judicial Evaristo Vázquez (DAJ), mayormente conocida como el centro de torturas “El Nuevo Chipote”.
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Urnas Abiertas, observatorio ciudadano que documentó todas las irregulares y violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, manifiesta que la declaración de culpabilidad contra Chamorro y contra los otros seis exaspirantes a candidatos presidenciales es “la consumación de la persecución y judicialización política contra todo liderazgo o fuerza opositora que aspiraba disputar el poder a través del voto”, situación que se ha denunciado desde el año pasado.
“Luego de realizadas las ilegítimas elecciones en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó con hasta 9 y 13 años de prisión a las siete personas que presentaron su precandidatura presidencial para las Elecciones Generales del 7 de noviembre pasado, todas arrestadas entre junio y julio de 2021. Después de ocho meses de supuesta investigación, la Fiscalía los declaró culpables por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”, señalan.
Los otros seis precandidatos condenados son el académico Arturo Cruz, el líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro, el periodista Miguel Mora, el líder campesino Medardo Mairena; y el abogado y político conservador Noel Vidaurre.
El Observatorio denuncia que los procesos de judicialización contra los siete aspirantes y contra las demás personas presas políticas son ambiguas, irregulares e inconstitucionales. Y que el régimen Ortega Murillo está ejerciendo el poder punitivo de manera desproporcionada, violentando las normas, garantías y derechos procesales de las personas detenidas; en complicidad con el Sistema de Justicia Penal, el Ministerio Público y la Policía Nacional.
“Este ejercicio punitivo del Estado evidencia el estado policíaco y el ilegal retroceso del sistema procesal penal, que responde al sistema de justicia criminal inquisitivo que había sido superado en el país en 2001, cuando se asumió un sistema acusatorio y garantista de las libertades fundamentales de la persona acusada”, expresan.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que las recientes sentencias en contra de periodistas y opositores nicaragüenses representan un gran desafío para toda la comunidad internacional y llamó a «cerrar filas para evitar que la dictadura Ortega-Murillo siga coartando las libertades de los ciudadanos y destruyendo el Estado de derecho».
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que «estamos enfrentando a una de las dictaduras más feroces de la historia latinoamericana» y recordó las grandes batallas de la SIP en sus 80 años de historia en contra de dictadores de distintas ideologías, «desde Alfredo Stroessner a Augusto Pinochet; de Alberto Fujimori a Jorge Videla; de Rafael Trujillo a Juan Velasco Alvarado; de François Duvalier a Fidel Castro, y de Anastasio Somoza a Daniel Ortega».
«La dictadura Ortega-Murillo nos desafía y obliga a pensar en acciones conjuntas que debemos fomentar con otras organizaciones de prensa del continente. Debemos cerrar filas para evitar que el régimen nicaragüense siga coartando las libertades de los ciudadanos y destruyendo el Estado de derecho», insistió Canahuati.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresó que Nicaragua «tendrá un espacio amplio y necesario en nuestra agenda de la próxima reunión de la SIP».
«Más allá de la denuncia permanente y de la solidaridad y unidad de la comunidad periodística continental, vamos a trabajar para desarrollar un plan de acción con medidas concretas que ayuden a neutralizar el avasallamiento del régimen contra las libertades individuales y sociales de los nicaragüenses», indicó.
La salud de las personas presas políticas se ha deteriorado gravemente en los últimos meses, sus derechos fundamentales continúan siendo vulnerados y no se ha respetado el debido proceso, denuncian familiares. A pesar de que se encuentran en medio de una ola de juicios arbitrarios, el derecho a ser trasladados a un centro penal y a recibir atención médica siguen siendo unos de los principales negados.
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Las más de 30 personas políticas detenidas ilegalmente en la DAJ se encuentran sin condiciones de higiene, luz y ventilación. Las celdas están cubiertas de moho, al menos seis presos políticos se encuentran en celdas de dos metros cuadrados y las cuatro presas políticas integrantes de UNAMOS continúan en un régimen de aislamiento e incomunicación después de nueve meses seguidos.
Una de las situaciones más preocupantes denunciadas por los familiares, es la salud del exguerrillero y preso político, Víctor Hugo Tinoco, condenado a 13 años de cárcel por supuesto “menoscabo a la integridad nacional”; ya que presenta parálisis facial en etapa inicial y su vida peligra debido a que es un paciente crónico.
“Reafirmamos nuestra profunda preocupación por las condiciones en que les mantienen y que están provocándoles daños irreversibles tanto físicos como psicológicos”, señalan los familiares.
