La comisionada Sophia Lacayo junto con el congresista Mario Díaz Balart y los Senadores Marco Rubio y Rick Scott informaron, este 14 de mayo, que procederán a denunciar ante la Corte Penal Internacional al dictador Daniel Ortega por «crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Nicaragua».

«Procederemos a denunciar ante la Corte Penal Internacional a Daniel Ortega por Crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense», setenció Lacayo, de origen nicaragüense que ha logrado conseguir cargos públicos en Estados Unidos.

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Lacayo, a través de su cuenta de Facebook, detalló que han enviado cartas al presidente Donald Trump, a la Corte Penal Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar acciones contundentes que busquen presionar al Régimen de Daniel Ortega, que ha venido cometiendo violaciones de derechos humanos contra los nicaragüenses desde abril 2018.

La petición dirigida por los senadores, congresistas y comisionada Lacayo también aboga a la comunidad internacional «su poyo para exigir las medidas que permitan proteger al pueblo en medio de la pandemia coronavirus y una transición a la democracia en Nicaragua».

La comisionada Lacayo también denunció que en Nicaragua, en medio de la pandemia, las personas están muriendo y el régimen orteguista «no atiende las necesidades del pueblo… Ortega no ha protegido al pueblo. En las calles personas han fallecido. Ahora el régimen libera a presos comunes mientras deja a decenas de presos políticos en sus cárceles. Sus familiares han denunciado muchos de ellos están enfermos en condiciones infrahumanas».

En total, en Nicaragua oficialmente se reportan solo 25 casos positivos de COVID-19 y ocho fallecidos por el contagio. Sin embargo, expertos consideran que pueden ser muchos más.

Diputados costarricenses también han expresado su alarma ante la forma que el régimen orteguista atiende la pandemia, calificándola de «temeraria». Sin embargo, el dictador se ha limitado atacar a quienes lo critican.

El Gobierno de Estados Unidos ya ha impuesto sanciones a 18 funcionarios orteguistas y a la Policía Nacional por considerarlos corruptos y violadores de derechos huamanos. La Unión Europea, recientemente, se unió a la imposición de sanciones y las dirigió contra cuatro comisionados, un asesor presidencial y una exministra de salud.

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