La Lupa hace un recorrido documental sobre las similitudes en las torturas ejecutadas contra las presas del régimen somocista y del orteguismo
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Ser presa política era siempre una amenaza latente. Era sabido que la Guardia Nacional no distinguía de sexo cuando de aplicar torturas se trataba. Así que Vilma Núñez sabía con certeza que no iban a ser considerados con ella si caía en sus manos. Cuando, a sus 40 años, fue finalmente arrestada, lo confirmó.
Las posibilidades de torturas eran infinitas. Si por algo se había hecho conocer “la Guardia”, era por la cruel variedad con la que lograba sacar información a las y los presos políticos. Cuando uno de ellos era liberado y contaba su testimonio, los procedimientos que relataban eran cada vez más difíciles de creer.
Núñez lo vivió de primera mano tan solo unos meses antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979. Fue arrestada junto con su esposo en medio de un gran operativo militar a las cuatro de la mañana en León, ciudad donde vivía. “Como que éramos la gente más criminal del mundo», relató en un entrevista a la exguerrillera y también exrea política, Mónica Maltodano para su investigación «Memorias de la lucha sandinista».
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Privada de la vista por la camiseta de su esposo, fue llevada a El Fortín de Acosasco, la base militar más grande de la ciudad universitaria. Esta era conocida por las extendidas historias de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones clandestinas. Pues, una vez que las personas presas no eran útiles cuando habían confesado, aparecían sus cuerpos en las laderas de la base.
A Núñez la llevaron en la que ella describe “un cuarto inmundo”, separada de su esposo. Y fue obligada por los guardias a escuchar a su hija pequeña suplicar por su papá a través de un radio. «Devuélvame a mi papá, si a mi papá se lo llevaron con la mamá”, dijo la niña, según la defensora.
Ese sería solo el comienzo de los siguientes cinco días en los que iba a ser “interrogada”, en otras palabras, torturada. Los guardias querían que diera información sobre datos logísticos de los golpes que estaba planificando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como los nombres de los guerrilleros y ubicaciones de las casas de seguridad.
La casa de Núñez servía de escondite para varios guerrilleros, y era lugar de reunión de los altos mandos para organizar sus ataques, como la comandante Dora María Téllez, hoy presa política del régimen Ortega Murillo. Además, era chofer de diferentes personajes sandinistas que eran buscados por la Guardia. Tenía mucho que ocultar.
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Durante mucho tiempo mantuvo la fachada de ser perteneciente al Partido Conservador y no estar relacionada al FSLN, del cual era parte desde 1975. Pero alguien vinculado con el movimiento de la insurrección, brindó información a la Guardia sobre varias personas guerrilleras.
Esto ocasionó la Masacre de los Héroes de Veracruz, donde asesinaron a seis guerrilleros, y una serie de detenciones, en la que Núñez estaba incluida.
Gracias a ese soplón, Núñez se encontraba en un interrogatorio, completamente desnuda y solo con una capucha en la cabeza. Los guardias primero la trataban de manera “gentil” para que “colaborara”, pero ante su negativa, la tiraban al piso, le echaban agua, y le insertaban una picana eléctrica en la piel en repetidas ocasiones. Si eso no era suficiente, la obligaban a hacer sentadillas hasta el cansancio.
“Sólo tenía una capucha y estaba completamente desnuda. Eso es lo más destructivo que te podés imaginar y a esa edad. Yo no sé si ahorita me preocuparía, pero a esa edad”, dice Núñez en la entrevista realizada en los años 2000. Sin embargo, no lograron sacarle ninguna información, ya que ella había sido preparada anteriormente para esta situación en un entrenamiento arduo.
Según ella, sus torturadores no eran los tradicionales de León, a quienes conocía por ser defensora de diferentes presos políticos sandinistas. Se trataba de agentes de la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) de Managua, también conocida como la Central de Policía. Este era uno de los lugares más temidos por los tipos de torturas que se practicaban.
La tortura contra Núñez la dirigió Franklin Montenegro, un militar descrito como feroz y cruel, que participó en diferentes matanzas contra los guerrilleros sandinistas, y respondía fielmente a las órdenes de Anastasio Somoza Debayle, el tercer dictador de su familia.
Después de cinco días sin éxito para sus interrogadores, fue llevada a las celdas del comando de la Guardia, después trasladada a la cárcel La 21 en León y finalmente llevada a una celda aislada en La Modelo ubicada en Tipitapa. Durante ese tiempo, estuvo totalmente incomunicada con las demás personas presas y no se le permitía visitas de su esposo o su hija.
Al mismo tiempo, fue procesada ante un tribunal militar por el supuesto delito de tráfico de armas, en medio de un juicio sin derecho a la defensa y con pruebas fabricadas. También fue condenada a diez años de prisión y al pago de una multa millonaria. Sin embargo, logró ser liberada el 11 de julio de 1979 mediante el pago de una fianza.
Ocho días después, el FSLN lograría el triunfo de la revolución y Somoza Debayle saldría huyendo de Nicaragua. Todas las personas presas políticas sandinistas fueron liberadas ese 19 de julio de 1979, y los miembros de la Guardia Nacional ocuparon su lugar.
Después del triunfo, Núñez fue nombrada magistrada de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidenta de la misma, pero renunció en 1987. Y en 1990 fundó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
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A este último, el régimen Ortega-Murillo, encabezado por el partido FSLN, le quitó su personería jurídica y confiscó ilegalmente sus instalaciones; ya que era una de las principales organizaciones denunciantes de las violaciones a los derechos humanos cometidos desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.
No era nada extraño que la Guardia Nacional apresara a mujeres por motivos políticos y las sometiera a torturas para sacarles información. De hecho, no se podía esperar algo diferente de este cuerpo militar, que también asesinaba a personas ancianas y niños y niñas.
Los 42 años del régimen somocista (1937-1979) costaron más de 50 mil personas muertas según cifras oficiales. Y al menos 35 mil fueron solo en los dos últimos años, debido a la intensidad del movimiento guerrillero FSLN.
Pero el número de personas presas políticas arrestadas, torturadas y asesinadas durante ese período es desconocido; mucho más se desconoce la cantidad de mujeres presas por luchar contra el somocismo.
El único vistazo que refleja la cantidad de personas presas políticas en un período de tiempo, es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1978.
Este señala que entre 1975 y 1977 fueron capturadas 338 personas campesinas por la Guardia Nacional, y de las cuales solo 17 fueron puestas en libertad. Mientras que el resto se presumen muertas. La cantidad de mujeres víctimas también es desconocida.
No obstante, las mujeres representaron una población considerable en las cárceles oficiales y clandestinas por apoyar la lucha contra el somocismo, ya que participaban en el combate armado, espionaje, correo, proselitaje, enfermería, menesteres domésticos y secretaría.
Y eran tanto campesinas como maestras de escuela, enfermeras, amas de casa y señoritas de sociedad, según las entrevistas recopiladas en el libro «Todas estamos despiertas: testimonios de la mujer nicaragüense de hoy» de Margaret Randall.
Estas fueron perseguidas desde el inicio del régimen somocista emprendido por Anastasio Somoza García en 1937; ya que la encarcelación contra las personas disidentes a su régimen estuvo presente. Y se mantuvo en las siguientes dos generaciones de sus hijos con Luis Somoza García y Anastasio Somoza Debayle.
Las presas políticas de este régimen no solo eran guerrilleras, sino también campesinas, indígenas y miembros del Partido Conservador, aunque no estuvieran relacionadas al FSLN, de acuerdo con la investigación «Violencia y represión en el ocaso de los Somoza: las condiciones carcelarias de los presos políticos» realizada por María Dolores Ferrero Blanco.
Ferrero señala que especialmente las mujeres campesinas “habían sido objeto de vejaciones, represión y castigos por ayudar a los guerrilleros desde la década de 1960 y eran utilizadas por la Guardia como instrumento de desmoralización de las poblaciones rebeldes del campo y de la montaña”. Mientras que las mujeres del área urbana tardaron un poco más en integrarse a las actividades políticas.
La persecución atroz de las que estas mujeres fueron víctimas estuvo dirigida por la Policía y la Guardia Nacional, el grupo que ejecutaba personalmente las torturas contra las presas políticas.
Una de las primeras presas en denunciar las torturas fue la exguerrillera Doris Tijerino, la cual fue «masacrada» por la Guardia según los diarios de la época. Tijerino fue apresada en tres ocasiones, pero la última fue la peor y la más duradera, según sus relatos públicos.
Capturada por última vez el 15 de julio de 1969, fue golpeada brutalmente y violada, lo que le ocasionó una hemorragia. En su juicio, denunció públicamente su experiencia, señala una nota de La Prensa publicada el 5 de agosto de ese año.
Pues, la violencia sexual era de una de las principales formas de torturas que utilizaba la Guardia contra las presas políticas.
Una de las peores torturas que se les podía aplicar a las mujeres y una de las más comunes era «la piñata», que consistía en desnudar a la presa, amarrarla de los pies para que quedara suspendida boca abajo, abusarla sexualmente, golpearla y mecerla como una piñata.
Este método fue descrito por otra presa, Rosa Argentina Ortiz, quien contó su experiencia a través de unas cartas escritas en 1977 y que logró que fueran difundidas. “Me manosearon sádicamente todo el cuerpo, pero haciendo énfasis en mis partes más íntimas”, señala en su carta. Esto ocurría mientras los guardias lo realizaban “riéndose con el cinismo que les caracteriza y acompañado de un sinnúmero de improperios”, expresa.
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Las torturas dependían también del lugar donde fueran apresadas. El terror de todas era la Central de Policías, donde los guardias realizaban todo tipo de maltratos durante los interrogatorios. Este lugar también era conocido como “El Búnker”; locación donde Doris Tijerino fue torturada.
Las historias de este lugar eran atroces, y como era descriptivo de la época, tampoco se sabe cuántas entraron y cuántas lograron salir. Una de esas historias señala que las personas arrestadas eran alimentadas por leones y serpientes, según información brindada por la Agencia EFE.
“El lugarteniente de Somoza indicó que el dictador lanzaba a los rebeldes a una fosa de leones y, posteriormente, los sacaba semidestrozados para que concluyeran sus confesiones”, dice una nota publicada el 23 de julio de 1979.
Pero las presas también eran llevadas a las estaciones de Policía, comandos y en algunas cárceles alrededor de todo el país.
De acuerdo a testimonios de otras mujeres que también habían escrito cartas, para denunciar las condiciones carcelarias en la que se encontraban, «la situación sobrepasaba el límite de la resistencia humana», y afectaba no solo su salud física, sino también su salud psicológica.
Todas ellas estaban encerradas y aisladas en celdas no mayor a dos metros de ancho, con techos de zinc y con un inodoro y lavado en el mismo lugar, así que la atmósfera era siempre caliente y húmeda. Debido a esto, apenas podían dormir, y permanecía una lámpara con una luz fuerte encendida.
La alimentación se basaba en una masa de arroz que era entregada en carretillas de albañilería, y que eran pasadas a través de los barrotes. Por lo que la comida llegaba sucia e incompleta.
Tampoco tenían derecho a la visita, solo en ocasiones podían ver a sus familiares algunos domingos y con una duración menor a cinco minutos.
Debido a todas estas condiciones, las presas políticas exigían ser enviadas a la cárcel La Modelo, donde había mayores garantías de seguridad personal.
También exponían que no querían seguir escuchando los gritos de las torturas, que era una larga lista de prácticas como choques eléctricos, extracción de uñas, quemaduras con cigarros, ayunos prolongados, desnudez, sometimientos a la intemperie, entre otros.
La situación legal de estas mujeres se encontraba en el limbo. Muchas de las presas podían pasar prisioneras durante meses o años, sin tener un proceso judicial y sin ser acusadas formalmente de algo, de acuerdo a la investigación de Ferrero.
A menos que pagaran grandes sumas de dinero como multa o fianza. Esto afectaba especialmente a las mujeres que eran las que tenían menos posibilidades económicas, a diferencia de los hombres.
“Por medio de un escrito, la joven Magda Narváez denunció ante el Juez Guillermo Vargas Sandino, que tiene más de seis meses de estar detenida en las cárceles de La Aviación. Agrega que, según le manifestaron, está detenida por atentar contra la Constitución Política del Estado y otros delitos que no se los han especificado”, dice una nota de La Prensa del 14 de agosto de 1970.
A gran parte de las presas políticas las acusaban de “atentar contra la Constitución” o de delitos relacionados a las armas. Eran juzgadas en el Tribunal Militar y obligadas a declarar sin asistencia de un abogado. Además, en los juicios aparecían a menudo con moratones y signos de violencia, pero sus denuncias no eran escuchadas.
Las demandas de las presas políticas del régimen somocista se repetirían 40 años después con las demandas de las presas políticas del régimen Ortega Murillo: el respeto a sus derechos básicos y fundamentales, y su libertad.
Desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril de 2018, la Policía junto con grupos paramilitares ejercieron una caza brutal contra las personas que habían participado; situación ampliamente documentada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
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Hasta el final del primer año de la crisis sociopolítica, había 59 mujeres presas por motivos políticos, de las cuales tres eran mujeres trans, según el Mecanismo para el Reconocimiento de la Personas Presas Políticas.
Las detenciones se caracterizaron por ser detenciones colectivas, violentas, ejecutadas sin órdenes judiciales y con actos de desaparición.
Las personas detenidas eran llevadas a la Dirección de Auxilio Judicial conocido como “El Chipote” o a centros clandestinos como casas del FSLN, alcaldías o fincas de personas allegadas al partido de Gobierno, según los testimonios documentados por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
“El Estado de Nicaragua se caracterizó por ser un Estado de excepción, donde había una negación sistemática de los derechos humanos. Las personas no fueron tratadas como seres humanos. El tratamiento que recibían era soez, hostil y desbordador”, indica Fernando Guadamuz, abogado y defensor del Colectivo.
Las mujeres capturadas también eran ampliamente interrogadas sobre “quién las financiaba”. Si no respondían eran víctimas de prácticas similares o peores que las cometía la Guardia Nacional, la diferencia, es que esta vez eran ejecutadas por miembros de la Policía o paramilitares con el permiso del Estado.
Entre las prácticas crueles, humanas y degradantes, estaba el uso de la violencia sexual, golpizas con puños u objetos contundentes, quemaduras, uso de aceite corrosivo, uso de mangueras de agua o uso de alicates. Esta violencia también se aplicó a mujeres embarazadas, lo que les provocó abortos involuntarios.
En el caso de la violencia sexual, estuvo presente en todos los centros de detención y los ejecutores eran siempre agentes del Estado o con su permisividad.
«Y (el policía) me dijo o te dejas o te doy una pastilla para drogarte. Me dijo que me montara
ahí en la toalla donde estaba la mesa, y empezó a violarme. Me esposó, me quería morir (llora)», revela una ex-presa política de acuerdo a testimonios documentados por el Colectivo en el informe “Volviendo a ser humano”.
También eran aisladas, les interrumpían el sueño, les negaban la atención médica, no podían reunirse con sus abogados defensores, no les permitían visitas regulares, no les brindaban los tres momentos de comida, agua potable suficiente y artículos personales para el aseo.
Si las presas políticas lograban ser visitas por sus familiares, la violencia se trasladaba a ellos. Esto afectaba principalmente a las mujeres, a quienes las obligaban a desnudarse completamente y eran tocadas por oficiales, muchas veces de manera morbosa.
«En otros testimonios se denuncian abusos sexuales a sus familiares cuando llegaban a hacerles visita, incluyendo niños, lo que convierte al Estado nicaragüense por medio de sus agentes estatales involucrados (agentes policiales y penitenciarios) en responsables de violencia sexual y violaciones de derechos humanos», señala el informe.
Según Guadamuz, el régimen Ortega Murillo institucionalizó la tortura a partir de 2019 con la aprobación de la Ley de Amnistía, que brindó a diferentes personsas presas políticas la posibilidad de regresar a sus casas.
«La tortura no solo son actos físicos, también es cuando las personas no tienen el derecho a un proceso judicial justo, y cuando se irrespeta los procesos legales. La Ley de Amnistía significaba reconocer a las personas presas políticas como criminales y eran víctimas del Estado», dice el abogado.
El abogado señala que los recursos legales como el de exhibición no tuvieron ninguna efectividad, ni escritos realizados para denunciar el trato que las mujeres defendían. Por el contrario, se encontró una complicidad de todo el aparato del Poder Judicial y las demás instituciones.
En 2019 se llevaron a cabo una serie de juicios contra las presas en las que carecían de legalidad, pues los juicios ocurrían de manera secreta, en ocasiones sin presencia de una persona defensora, y en el caso sí lo hubiera, no permitían que se reunieran para armar una defensa legal; y eran acusadas de delitos como robo, tráfico de armas y drogas, asesinato de policías, entre otros.
También se crearon una serie de leyes que fueron utilizadas para acusar las presas, tales como «Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva»; «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Sobería y Autodeterminación para la Paz»; y Ley Especial de Ciberdelitos.
Otra forma de institucionalización de la tortura, fue la ejecución de órdenes de captura contra activistas políticas, líderes estudiantiles y demás, realizadas el año pasado en el contexto electoral.
Pues ocurrieron en la noche o a media noche, con un uso desproporcionado de la fuerza y constituyó un acto de desaparición, ya que muchas de las presas no fueron mostradas públicamente hasta después de tres meses.
Actualmente son 18 las presas políticas, de las cuales solo cuatro no se conoce su identidad por petición de familiares.
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De ellas, 15 fueron capturadas el año pasado, y algunas se encuentran en la DAJ, es decir, no han sido trasladas a un Sistema Penitenciario, pese que ya fueron juzgadas y condenadas.
Las demandas de las actuales presas son iguales a las demandas de las presas políticas de Somoza, las cuales las manifestaron a través de las cartas difundidas en los años 70.
Entre las demandas están la liberación inmediata; respeto a las visitas semanas; establecimiento de mecanismos de comunicación con familiares; alimentación adecuada; cese del aislamiento e interrogatorios; entrega de frazadas; baños de sol; entre otros incluidos en las Reglas de Nelson Mandela, las cuales el régimen de Ortega no ha cumplido ninguna.
Las consecuencias no se han hecho esperar: pérdida drástica de peso, aparición de enfermedades, aparición de hongos o sarna, deterioro físico, entre otros.
Una de las situaciones más preocupantes es el total aislamiento en la que se encuentran cuatro presas desde hace más de un año: Dora María Téllez, Tamara Dávila, Margarita Vigil y Suyén Barahona. Pues sus celdas se encuentran completamente a oscuras y no son sacadas al sol.
Otra demanda de las presas políticas que son madres es poder ver a sus hijos e hijas menores de edad, a quienes les negaron las visitas desde el arresto. Debido a la total incomunicación en la que las mantienen, Dávila emprendió una huelga de hambre el 15 de agosto de este año, y finalmente se le concedió una visita cinco días después.
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Hasta ahora, el régimen Ortega Murillo, que luchó por la liberación de las personas apresadas por los Somoza, mantiene cautiva a más 180 personas que no cometieron un delito, más allá de oponerse a su dictadura.
Las mujeres han representado un papel importante en la lucha cívica contra Ortega Murillo, por eso han sido cruelmente castigadas con la privación de su libertad. Aunque ahora el régimen no ha mostrado ninguna intención de liberarlas, sus familiares continúan exigiendo su libertad, pues según ellas “algún día ocurrirá”.
