Informe sobre violaciones a la Libertad de Prensa registra 104 casos en septiembre mientras en el Caribe Sur preocupa que las agresiones son contra las mujeres.
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La periodista, Yolidia Navas acudió a vacunarse contra el COVID-19 a un centro de salud de la ciudad de Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) de Nicaragua. En el lugar sufrió acoso por parte de fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Le tomaron hasta fotografías que después se utilizaron en una campaña de desprestigio en su contra.
“Recibiendo vacuna gratis (contra el COVID-19) y hablando mal del gobierno (Ortega-Murillo)”, es una de las frases menos ofensivas que publicaron militantes sandinistas en la campaña que emprendieron durante varios días en las redes sociales contra la periodista independiente.
El caso de Navas, comunicadora del portal digital Noticias de Bluefields, es parte de las 104 denuncias documentadas en el informe sobre violaciones a la Libertad de Prensa correspondiente al mes de septiembre 2021, publicado por el diario La Prensa.
En el registro se detalla que Navas fue acosada por periodistas oficialistas que daban cobertura a la vacunación, y por personal de instituciones gubernamentales. “Desde las redes sociales, la maquinaria oficialista inició una campaña de desprestigio por ejercer su derecho a la salud”, refiere en el documento. En otros municipios del país, se conoció de casos similares.
En el informe se destaca que Navas hizo uso de “su derecho constitucional de acceder a servicios de salud”. Además, mencionan que es un derecho fundamental de todo ser humano, establecidos en normas internacionales, así como el derecho a la igualdad ante la ley.
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España donó a los nicaragüenses más de un millón de dosis contra el coronavirus y Estados Unidos 371 mil dosis, a través del mecanismo de respuesta multilateral COVAX, con apoyo logístico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta información fue publicada en la página oficial de ese organismo.
El periodismo independiente tampoco se les ha permitido la cobertura en la jornada de inoculación contra la COVID-19, indica el reporte. En diferentes departamentos del país, los hombres y mujeres de prensa fueron expulsados y agredidos verbalmente, incluso por policías.
En el informe, además se identificó la publicación de “comentarios denigrantes en contra de otros periodistas que afectados por el virus del COVID-19 solicitaron ayuda para costear sus gastos médicos”.
El monitoreo y seguimiento de las violaciones a la Libertad de Prensa, registra en lo que va del año 2021, un total de 362 ataques, que equivalen a más de una agresión por día.
En el mes de septiembre, de los 104 casos reportados, 91 corresponden a medios de comunicación y 13 contra personas naturales, de las cuales 5 son mujeres.
En lo que se refiere a los agresores, en su mayoría son identificados como agentes estatales, y corresponde a 97 casos, que proceden de instituciones o son funcionarios públicos. Las víctimas identifican a 4 como paraestatales, que actúan bajo la coordinación y protección de funcionarios orteguistas. En 3 casos no fue posible identificar a los agresores.
Aunque en Managua se documentan más casos de violaciones a la libertad de prensa, como este mes con 93 denuncias, en el Caribe Sur es preocupante la situación, porque “en la mayoría de veces las agresiones han recaído en las mismas víctimas, que según hemos registrado en nuestros informes, son mujeres periodistas”, consta en el informe.
Solo Managua supera la RACCS, que en este mes registra 3 casos. “Vale la pena señalar que por 6 meses consecutivos (marzo-septiembre 2021) la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, se sitúa como la región geográfica donde más se violenta el derecho a la libertad de prensa”, advierten.
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En León y Madriz se documentaron 2 casos en cada uno de los departamentos. Carazo, Chinandega, Estelí y Rivas, 1 caso en cada jurisdicción. En el informe también reporta que conocieron de 3 periodistas que “se vieron obligados a exiliarse”.
La Dirección de Migración y Extranjería decomisó el pasaporte del periodista Mauricio Madrigal, jefe de prensa de Canal 10, cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Managua, impidiendo su salida a una reunión de trabajo en los Estados Unidos.
“Una de las acciones opresoras que ha implementado el régimen Ortega-Murillo no solo contra periodistas, sino en contra de otros actores sociales, ha sido la restricción migratoria y la confiscación de pasaportes”, apunta el informe.
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El temor y la autocensura aumenta entre los comunicadores independientes, se conoció de 4 casos de agresiones que solicitaron no hacer púbica sus denuncias, “luego de la ola de agresiones, detenciones y ataques que ha emprendido la policía nacional y las fuerzas paramilitares contra quienes denuncian arbitrariedades que se viven en el país”, se agrega en el texto.
Además lamentan que el trabajo periodístico se ve limitado y afectado por “la negativa de las fuentes informativas en brindar declaraciones”. Aumentan las entrevistas “bajo el uso de algún seudónimo”, otra práctica es bajo condición de anonimato. “ En el peor de los casos algunas fuentes especializadas, evitan hacer comentarios o análisis sobre temas del contexto, por temor a que les apliquen la oprobiosa Ley de Ciberdelitos”.
La ocupación de La Prensa persiste y cumplió 49 días al 30 de septiembre. También continúa encarcelado el gerente general de ese medio, Juan Lorenzo Holamann, acusado del supuesto delito de lavado de dinero y defraudación aduanera, sumado a la congelación de sus cuentas bancarias.
Lo que “obligó a este medio de comunicación a reducir al mínimo el personal para poder continuar trabajando en el área digital”.
