Ser periodista en Nicaragua supone un riesgo, pero ser mujer y periodista supone un riesgo no solo para la profesional sino también para su familia entre los que se incluyen niños y niñas.
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Exiliadas, separadas de sus hijos e hijas, asediadas en sus casas, en redes sociales y hasta judicialmente, y bajo un constante temor de ser víctimas de violencia sexual es la realidad que viven las mujeres periodistas en Nicaragua que enfrentan una doble amenaza por su condición de género, pero además por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de prensa.
«Ser mujer u hombre periodista en Nicaragua es ser blanco de ataques», concluyen los informes de derechos humanos de organismos nacionales e internacionales, pero resaltan la doble violencia que viven las mujeres periodistas «expuestas a riesgos adicionales y específicos», según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que además señala la publicación de datos personales, la descalificación basada en género, el desprestigio y la difamación o el odio viral como actos represivos.
En el tercer informe, y más reciente, del Observatorio de agresiones a la libertad de prensa de Nicaragua, se documentan 66 denuncias de 48 profesionales del periodismo y comunicadores, de los cuales 24 eran mujeres que ejerciendo su trabajo se han convertido en víctimas de violencia en línea: acoso sexual, amenazas de violación y de muerte, en la mayoría de los casos.
«53 periodistas han denunciado ante el observatorio haber sufrido agresiones de tipo sexual expresadas en chantaje, manoseo, amenaza de violación, hostigamiento por parte de oficiales de la policía y paramilitares. Esta situación de indefensión ocasiona altos niveles de estres en las periodistas. Muchas de ellas aunque continuan ejerciendo la labor periodistica y han demostrado un gran compromiso por seguir informando, no dejan de sentir temor por las represalias que el régimen pueda tomar en su contra», dice Abigail Hernández de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
Un 23 de diciembre de 2018, la periodista Leticia Gaitán abandonó Nicaragua. Dos días habían pasado desde el asalto de la Policía Orteguista contra las instalaciones del canal 100% Noticias, en el que también apresaron a la jefa de prensa, Lucia Pineda. Un hecho que alertó al periodismo independiente que informaba sobre las violaciones a los derechos humanos registradas desde las protestas de abril de 2018.
El temor no era infundado. Gaitán, era una periodista conocida en Nicaragua, pero en la crisis su rostro se popularizó mucho más, ante sus cuestionamientos a funcionarios públicos que participaron en el primer intento de diálogo en mayo de 2018, por lo que para diciembre, y en medio de una ola represiva estatal, había sido víctima de retención policial, persecución, ataques personales y amenazas de violación y muerte contra ella y su familia.
«Cuando me llegaron esos mensajes ya sentía mucho temor. Mi hijo apenas iba a cumplir dos años de edad. Para mí era terrible. Me decían que sabían la ruta que usaba mi esposo para irme a traer al canal, y como mi esposo siempre andaba con el niño, pues me daba terror. Mi temor no era tanto lo que me fueran hacer a mí sino a mi familia: el niño que es tan vulnerable, mi esposo, mi papá, mi mamá, mis hermanos», dice Gaitán desde su exilio en Costa Rica.
Aun cuando sigue ejerciendo su profesión en 100% Noticias, Gaitán evita hacer comentarios o cuestionamiento en redes sociales contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por su seguridad, tampoco plantea regresar pronto a Nicaragua, en especial cuando en 2021 augura un año ‘complicado’ ante el llamado a elecciones presidenciales bajo un clima de represión e impunidad.
El caso de la periodista Jennifer Ortiz, directora de la plataforma Nicaragua Investiga, quien trabajaba en una productora audiovisual previo a la crisis, evidencia un mismo modo de operar. Ella, no estaba involucrada en la cobertura de política sino hasta que se dieron los hechos de abril cuando por iniciativa propia activó sus redes personales para informar sobre las crisis política, lo que trajo amenazas de violación y muerte.
En 2018 se exilió, pero en noviembre de 2019 regresó a Nicaragua. Admite que la vida no ha sido fácil, y que dos años después de iniciada la crisis, no logran volver a la «normalidad» que tenían como familia. Ante esta realidad, ella, sus hijas y esposo han adoptado un modo de vida en el que evitan exponerse ni en redes ni en físico frente al asedio, hostigamiento, amenaza y persecución que persiste en Nicaragua.
«Vivimos en cuarentena permanente mucho antes que la pandemia nos impusiera este estilo de vida, nosotros, ya lo habíamos asumido en el sentido de salir lo menos posible, exponernos lo menos posible a lugares de concurrencia masiva, trabajar todo virtual. También adoptamos otras medidas de seguridad que nos tienen muy recluidos en una especie de burbuja donde te moves en un circulo de mucha confianza y muy reducido», dice Ortíz.
Aunque las amenazas han disminuido en 2020, las repercusiones en la vida privada, económica, social y laboral de las periodistas mujeres son visibles y se mantienen estables. Ileana Lacayo, periodista de Blueffields, además de ser perseguida por fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, también se enfrenta al desempleo.
«La violencia también ha sido económica porque al estar asediada o exiliada, como en mi caso que dejé mi trabajo estable en una organización y me fuí del país y desde ese entonces no tengo empleo ni ingreso fijo, e igual le ha pasado a otras colegas. Otra violencia es el exilio. Hay muchas mujeres periodistas que tuvieron que salir al exilio y es una violencia extrema que para sentir seguridad, para sentirte protegida, tenes que salir del exilio en condiciones desfavorable para las mujeres acompañadas de sus hijos», denuncia.
Lacayo, quien no ha dejado de ser visible en los medios, comenta que las amenazas de violación y muerte no han dejado de estar presente en sus vidas mediante las redes sociales, pero también una patrulla de la Policía Orteguista suele asediarla cada mañana en la afuera de su casa en Blueffields.
No por algo el informe del Observatorio de agresiones a la libertad de prensa de Nicaragua concluye que «la violencia en línea tiene efectos en la vida real, aunque sea ejecutada a través de una plataforma digital, tiene efectos concretos en la víctima, más aún en las mujeres de prensa, por sus componentes multi dimensionales».
De acuerdo con el informe: Mujeres periodistas y libertad de expresión. Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, «las mujeres periodistas además de los riesgos de amenazas y violencia que enfrentan están expuestas a riesgos adicionales o específicos. Además, enfrentan desprotección y obstáculos en el acceso a la justicia, también diferenciados de sus compañeros hombres».
Lucia Pineda, jefa de prensa de 100% Noticias, y quien fue apresada, judicializada y criminalizada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras su ejercicio periodístico durante la crisis de 2018, considera que «el que muchas mujeres periodistas, víctimas de represión no estemos en Nicaragua, es parte de la represión. Las amenazas no solo continúan hacia las mujeres periodistas, sino que es generalizada. El régimen nos ve como sus enemigos y preparó leyes para ponerte una mordaza y que no sigás informando. El estado de la libertad de prensa, es crítico».
Un comentario que comparte con la periodista Elizabeth Romero con más de 30 años de experiencia, jubilada y ejerciendo desde su plataforma www.obreradelatecla.com en torno a que «Nicaragua es un país donde revelar hechos verdaderos es un delito con las nuevas leyes vigentes, pues yo diría que con esta crisis no solo las periodistas mujeres sino el periodismo independiente en general, es uno de los sectores que cada vez están más expuesto a la violación de sus derechos al momento de ejercer su labor, en especial en lo relativo a la libertad de expresión y de prensa».
Dos aseveraciones que han sido avaladas constantemente por los organismos de derechos humanos y que desde el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, han denunciado una «estrategia del Estado para suprimir las libertades públicas» como una «forma de represión sistemática que se ha mantenido desde abril de 2018 y que se sostiene mediante asedio, hostigamiento y obstaculización de coberturas periodísticas».
«Mostramos nuestra preocupación por la supresión de la libertad de prensa en Nicaragua y principalmente en este año, que es un año pre electoral, en la cual la ciudadanía en su derecho a la libertad de elegir debería de contar con una libertad de prensa fortalecida, independiente, crítica de manera de asegurar procesos electorales transparente, pero no existe voluntad en facilitar la libertad de prensa y al contrario la represión continúa acentúandose», afirma Carlos Guadamuz, abogado y defensor del Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca Más sobre violaciones a DDHH de periodistas en Nicaragua.
Periodista Feminista
Fundadora y directora de www.lalupa.press
Fundadora y presidenta del Movimiento de Mujeres Migrantes (España)
Fundadora y activista en @elblogdetumadre
