Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) solicitó en el Ministerio de Gobernación (Mingob), a través de un escrito, el beneficio de “convivencia familiar” para ocho presos políticos que esta organización representa legalmente.

La solicitud de excarcelación a través del régimen de convivencia familiar beneficiaría a los secuestrados políticos Kevin Antonio Zamora Delgado, José Santos Sánchez, Jaime Enríque Navarrete Blandón, Edwin Antonio Hernández Figueroa, José Ángel González, Osman Marcel Aguilar Rodríguez, Wilbere Antonio Prado Gutiérrez y Néstor Eduardo Montealto Núñez.

“Hacemos esto por la situación de la pandemia de COVID-19, pero también la situación de salud que se encuentran nuestros representados en el sistema penitenciario”, afirmó Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH.

El pasado 15 de abril, funcionarios de esta organización de derechos humanos intentaron hacer la solicitud ante las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”, pero unos veinte  custodios de esta cárcel formaron un cordón para impedir el ingreso de los representantes de CPDH.

En esta ocasión, CPDH dirigió la solicitud a María Amelia Coronel Kinloch, Ministra de Gobernación, como autoridad máxima de la estructura orgánica de esta institución de Gobierno que controla los penales del país.

“Podemos señalar que fue recibida la comunicación, y desde esa perspectiva, esperamos que la ministra de gobernación cumpla con lo que estamos señalando haciendo referencia a lo que establece la Constitución Política y los convenios y tratados internacionales”, señaló Carmona.

Los custodios impidieron el paso de los representantes de CPDH el pasado 15 de abril. Foto tomada de La Prensa.

CARTA A CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Además de ser presos de conciencia, estas ocho personas corren un inminente peligro ante la pandemia del coronavirus, por lo cual CPDH invocó el principio de igualdad, dado que el régimen ordenó recientemente la liberación de 1 mil 700 reos comunes.

“Esperemos que, según su voluntad, en esta misma semana puedan hacer las gestiones para su pronta liberación de estas ocho personas que nosotros representamos”, insistió Carmona.

Carmona confirmó que enviaron una comunicación formal al Comité Internacional de la Cruz Roja para que se presenten de forma “urgente” a “La Modelo” a evaluar las condiciones de los reos, luego que varios reos confesaran a sus familiares que supuestamente existen tres casos de COVID-19 en las instalaciones.

Entre los representados de CPDH está Hernández Figueroa quien fungió como oficial de la sancionada Policía Nacional en el área de antonarcóticos y quien abandonó las filas de esta institución a partir de las protestas de abril de 2018.

El representante de CPDH recordó que en Nicaragua existen todavía más de 70 personas considerados presos de conciencia y que no existe “voluntad política” por resolver la situación jurídica de estas personas.

“No hay voluntad política y eso afecta, de una u otra manera, los procesos y podemos señalar que se le siguen violando sus derechos humanos”, sentenció Carmona.

En el mes, la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia (ACJD) identificó un fenómeno denominado “puerta giratoria”, que se refiere a una dinámica en la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, detienen y liberan a un número similar de personas.

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