El Gobierno de Colombia se pronunció por primera vez, dos semanas después de la expatriación de más de 300 nicaragüenses ordenada por la dictadura Ortega-Murillo, afirmando que registró la medida “represiva” con “repulsión” y que ese país estaba en disposición de otorgar su ciudadanía a las víctimas del destierro.
“La Cancillería de Colombia busca entrar en contacto con quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua, quisieran acceder a la nacionalidad colombiana. Mucho nos honrarían”, indicó en un comunicado divulgado este jueves.
La Administración del presidente Gustavo Petro resaltó que los nicaragüenses expatriados el único delito que cometieron fue “defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales”.
Además, en clara referencia al actuar de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Gobierno colombiano dijo que “rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar”.
Previo al anuncio de Colombia, otros cuatro países: México, España, Argentina y Chile, anunciaron anunciaron el otorgamiento de nacionalidades para los nicaragüenses apátridas.
El Gobierno de México, dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que ese país otorgará nacionalidad o asilo a los nicaragüenses expatriados que así lo soliciten, revelando que algunos incluso ya se han acercado a haciendo dicha solicitud.
“Han habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México, me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, (Marcelo Ebrard), me consultó, y mi instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos. Entonces, asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran”, indicó este miércoles el presidente de México durante una rueda de prensa matutina, un día después de negarse a referirse a la situación de las personas expatriadas por la dictadura Ortega-Murillo.
López Obrador además dijo coincidir en que “la nacionalidad no se puede perder por decreto”, haciendo referencia a la orden de despojo de nacionalidad dictada por el orteguismo contra un grupo de 317 nicaragüenses, tras modificar la Constitución Política de Nicaragua y crear una ley para retirar la nacionalidad a todo el que consideren que es un “traidor a la patria”.
El mandatario mexicano se refirió al sandinismo recordando que “unos están en la cárcel, otros en el destierro, y otros en el poder”, destacando que desde México “siempre buscamos que hubiera un acuerdo”.
López Obrador reveló que, en diciembre de 2022, envió una carta dirigida al dictador Daniel Ortega, en la que abogó por un gesto humanitario para los entonces presos políticos, especialmente por la ahora excarcelada y desterrada política Dora María Téllez, exguerrillera sandinista, disidente del Frente Sandinista y una de las fundadoras del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora Unión Democrática Renovadora (Unamos).
En la carta, el presidente de México expresó su preocupación por la salud de Téllez y reiteró su “voluntad y disposición de recibir” a cualquiera de las personas en ese entonces «recluidas».
La solidaridad internacional no se ha hecho esperar ante la aberración jurídica de la dictadura Ortega-Murillo. España fue el primer país en ofrecer su nacionalidad a los nicaragüenses desterrados. El 10 de febrero, 24 horas después de que el grupo de 222 excarcelados políticos, desterrados a Estados Unidos, fue declarado apátrida por el orteguismo, ofreció su acogida y posteriormente, el 17 de febrero, la hizo extensiva para los otros 94 nicaragüenses que la dictadura señaló de supuestos «traidores de la patria», «prófugos de la justicia» y apátridas.
El 21 de febrero, los gobiernos de Argentina y Chile también ofrecieron la nacionalidad de esos países a los nicaragüenses desterrados por la dictadura orteguista.
La Cancillería de Chile, a través de un comunicado, informó que ese país “ante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de 300 personas nicaragüenses, identificadas como opositoras políticas, el Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecer la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan”.
Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno de Argentina, indicó que esa administración «está dispuesta a otorgar la ciudadanía argentina a Sergio Ramírez Mercado, Gioconda Belli y todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua”.
