El número de niños, niñas y adolescentes huérfanos producto de los femicidios es el mayor registrado, hasta ahora, por el Observatorio nacional por la vida de las mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Los números que se mantenían por debajo de 90 hasta antes de 2021, alcanzaron los 104 casos. Sin embargo, el Estado de Nicaragua sigue sin brindar respuestas a la problemática de la violencia machista, más que la mediación, lo que pone en mayor riesgo sus vidas, indican especialistas.

Actualmente los menores de edad se encuentran totalmente desprotegidos por el Estado y son las organizaciones civiles y las familias quienes se encargan de ellos, pese que la Ley 779 contiene en sus apéndices la reparación de daños.

“Si no se tratan esos traumas y secuelas, los niños pueden repetir el patrón de violencia y las niñas pueden ser víctimas de feminicidio, ya que muchos de ellos presenciaron cómo sus mamás fueron asesinadas. En Nicaragua no se destinan recursos para esos niños y prácticamente quedan en abandono, donde la abuela, la tía y algunas hermanas son las que asumen la crianza de estos niños que están marcados para toda la vida. No es así de rápido que se sana el trauma que deja la violencia, ya que la violencia descompone todo”, manifiesta Maryce Mejía, integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV)

Solo en los últimos cuatro años, los menores de edad en orfandad superan los 345 casos, y ninguna institución estatal tiene un seguimiento de ellos y ellas.

Femicidios frustrados en aumento cada año

Mientras que el número de femicidios de 2021 se mantuvo igual que en 2020 (71 casos), los femicidios en grado de frustración aumentaron en 20 casos más, más del doble que hace dos años, es decir, 135. Esto es consecuencia de la política de mediación que mantienen las Comisarías de la Mujer y la Niñez ante las denuncias de violencia, indica la activista feminista Martha Flores, directora de CDD.

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“La violencia de los femicidios en grado de frustración es una de las más invisibilizadas, porque después de un femicidio frustrado esta mujer corre mayor peligro. Estos femicidios en grado de frustración es una actitud de estas comisarías y de esas atenciones donde a las mujeres las mandan a mediar. Haber mediado con el agresor es haber mediado la vida de estas mujeres. Las mandan a mediar sin seguridad y nosotras estamos en contra de la porque el final es trágico”, expresa la activista.

Para Mejía, la falta de intervención estatal solo traerá el aumento de los casos de violencia, en cambio, el patrón de femicidios se repite año tras años con mayor letalidad.

“Al ver estos datos alarmantes, da pautas para mayor intervención, investigación, coordinación por parte de las instituciones del Estado junto con la sociedad civil, mayor sensibilización de los funcionarios para que protejan a las mujeres, pero aquí no se hace nada de eso, a pesar que la Ley 779 lo contempla”, señala.

Costa Caribe con mayor registro de femicidios

Las CCD registraron 71 femicidios durante todo el año 2021. El perfil mayoritario de las víctimas son mujeres jóvenes entre los 18 y 35 años de edad y procedentes de áreas rurales. Actualmente solo 18 femicidas han sido condenados, 20 se encuentran en procesos judiciales, mientras que 33 están en la impunidad.

La gran mayoría de los femicidios fueron cometidos en las Regiones Autónomas del Caribe con 20 casos, especialmente en el Caribe Norte, lo que es un reflejo de la falta de presencia estatal y de lo alarmante que está la situación de la violencia machista en la región en los últimos años, indica la socióloga miskita Anny Matamoros.

“Hay mucho olvido en las comunidades donde no hay presencia estatal, por ejemplo hay muchas comunidades que carecen de instituciones precisamente por no tomarlas como prioridad, especialmente las alejadas de las cabeceras municipales. En estas comunidades no hay protección. Algunas sí tienen wihtas (jueces comunales) pero no esto no da garantía de que las mujeres puedan tener justicia, porque los mismos wihtas no tienen conocimiento sobre esta problemática o lo han naturalizado por una educación machista. En otros casos, aunque quieran brindar justicia y protección, estos son intimidados por los mismos agresores. Entonces los casos de feminicidios van en aumento”, explica la especialista en género.

Matamoros señala que la falta de acceso a la justicia, a la denuncia y a la protección no solo se encuentra en las comunidades, sino también en algunas zonas urbanas donde las autoridades estatales no dan respuestas. Además, el cierre de organizaciones de mujeres y la falta de presupuesto que tienen para combatir la problemática a través de la sensibilización, también ha sido otro factor del incremento de los femicidios, ya que por parte del Estado nunca ha habido programas de prevención y erradicación de la violencia machista, asegura.

Otro problema es el posible subregistro que existe de los femicidios, especialmente en esta zona, puesto que las autoridades no dan seguimiento, ni monitoreo sobre esto y los alcances de la única organización que lleva el registro son limitados.

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A pesar que con las reformas a la Ley de Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) el Estado solo reconoce como femicidio cuando la mujer tiene algún vínculo cercano con el agresor, la Policía ni siquiera lleva un registro correcto. Actualmente solo reconoce 15 casos, mientras que los otros femicidios están tipificados con otros delitos. Según Matamoros, esto limita el alcance y el reconocimiento de esta problemática.

“Además, la violencia machista no solo se refleja con los casos de femicidios. Diario a diario hay casos de lo que implica vivir en contexto donde la violencia machista es sumamente fuerte. Por ejemplo, hombres que despojan a sus esposas de las propiedades. Se refleja desde que se niegan a dar la pensión de alimentos, desde que abandonan completamente a sus familias y a sus hijos. Esto es parte de esa violencia extrema que tiene el machismo. Diario nos enfrentamos a esto y tampoco hay justicia”, explica.

Y la impunidad que está acompañada casi inevitablemente a los femicidios también son reflejo de la falta de “preocupación” del Estado y de los limitados recursos económicos de las familias, puesto que abandonan los procesos legales contra los agresores porque son cansados y demandan demasiado dinero.

La Lupa Nicaragua
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