La presa política, Tamara Dávila, cumple 600 días de encierro y aislamiento total en las celdas de la Dirección Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. El pasado 15 de enero cumplió 42 años, segundo cumpleaños que vivió privada de libertad. 

Tamara fue separada de su hija desde el 12 de junio de 2021, y no la pudo ver por primera vez desde su detención ilegal hasta el 20 de agosto de 2022. Desde entonces, solo ha podido ver a su hija en otras dos ocasiones más en visitas cortas y esporádicas, según familiares.

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Aunque la principal demanda de Tamara es que se le permita la comunicación con su hija y que se regularicen las visitas con ella y el resto de sus familiares, estas exigencias han sido negadas por las autoridades de la DAJ, aunque son derechos de ella y de su hija.

Las condiciones carcelarias de Tamara son una de las más preocupantes que hay entre las 240 personas presas políticas, ya que se encuentra en una celda aislada, sin acceso al sol, sin comunicación con nadie, sin buena alimentación y sin frazadas para abrigarse del frío. Estas condiciones no han cambiado en todo este tiempo.

Estas prácticas violatorias a sus derechos humanos han sido calificadas como “tortura blanca”, y tiene profundas consecuencias en su salud física y mental , según denuncias de los familiares y organizaciones sociales que los acompañan.

Tamara Dávila es defensora de derechos humanos, feminista, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS).

En marzo de 2022 fue condenada a ocho años de cárcel por el supuesto delito de «menoscabo a la integridad nacional».

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Tamara contaba con medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que fuera liberada desde junio de 2021, sin embargo, estas siguen sin cumplirse.

Presas políticas continúan sin comunicación

Las presas políticas Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil y María Dora Téllez también cumplirán 600 días de encierro el próximo 3 de febrero, también enjuiciadas por “cometer menoscabo a la integridad nacional” y condenadas a ochos años de cárcel.

Suyén, también madre de un niño de cinco años, tampoco se la ha permitido verlo. El único contacto que ha tenido ha sido una llamada telefónica que se realizó el 25 de diciembre del año pasado. También pudo ver fotos de él y una carta.

Durante más de un año y medio, a Suyén se le prohibió cualquier comunicación con él y no se le permitió ni siquiera recibir los dibujos que él le hacía, según sus familiares.

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A pesar de las consecuencias psicológicas y emocionales que tienen en los menores por no tener comunicación constante con sus madres, las visitas siguen sin ser regularizadas.

Por su parte, la exguerrillera Dora María Téllez ha sido galardonada internacionalmente en dos ocasiones desde su detención, en el que le reconocen su defensa por los derechos humanos y su activismo social.

En diciembre de 2022 el Gobierno Vasco le otorgó el premio René Cassin de Derechos Humanos 2022, y valoraron su «defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la democracia en Nicaragua».

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Y en noviembre de ese mismo niño recibió el doctorado honoris causa, brindado por la Universidad de Nueva Sorbona de París, por «su excepcional trayectoria política y científica, y su contribución al compromiso social internacional”.

Barahona, Vijil y Téllez fueron detenidas el 13 de junio de 2021 y se encuentran recluidas en la DAJ. Sus familias señalan que también han sido víctimas de la tortura blanca.

Actualmente el régimen Ortega-Murillo mantiene a 240 personas presas por motivos políticas, entre ellas se encuentran 26 mujeres, según registros del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

La Lupa Nicaragua
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