La Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció en la Actualización Oral sobre Nicaragua el deterioro de la situación de derechos humanos que enfrenta el país; violaciones que su oficina documentó en los últimos tres meses.
Dentro de las denuncias realizadas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se encuentran las detenciones arbitrarias contra la sociedad civil y las condiciones críticas en que se encuentran las personas presas políticas; el cierre masivo de organizaciones y universidades; la crisis migratoria que enfrenta el país; el acoso e intimidación contra activistas y sacerdotes; entre otras violaciones que ha cometido el régimen Ortega-Murillo.
«Según fuentes de la sociedad civil, 173 personas se encuentran privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos que estalló en 2018. Quienes fueron detenidos en el contexto de las elecciones de 2021 están afrontando condiciones de detención contrarias a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y muchos han sido procesados y condenados sin un debido proceso», indicó la Alta Comisionada.
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Bachelet manifestó que las 50 personas detenidas en el contexto de las elecciones realizadas el año pasado, fueron condenadas hasta con 13 años de cárcel e inhabilitadas de ocupar cargos públicos, a pesar que los delitos de los que se les acusa no fueron comprobados en los procesos judiciales que, además se realizaron sin garantías.
También destacó que a estos presos y presas de conciencia solo se les ha permitido cuatro visitas este año de familiares adultos, se les ha privado la comunicación total con sus hijos e hijas menores de edad, se les ha negado la atención médica especializada, y los sitios donde se encuentran recluidos son en condiciones inhumanas.
Por otro lado, solo 11 personas se encuentran en detención domiciliaria, cuando este beneficio lo deberían de gozar todas las personas que sean adultas mayores o tengan enfermedades graves, lo que corresponde a una cantidad significativa de presos y presas políticas en los diferentes sistemas penitenciarios.
De acuerdo a la última visita de familiares, la vida de las personas presas políticas corre “grave riesgo”, debido a que su salud está deteriorada por las condiciones insalubres de las celdas, la deficiente alimentación y la falta de atención médica adecuada.
“Hago propicia esta ocasión para reiterar mi pedido a las autoridades competentes de asegurar la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, y garantizar su integridad física y psíquica. Asimismo, insto encarecidamente a las autoridades para que se lleve a cabo una verificación independiente de las condiciones de detención y se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad; así como condiciones de detención de acuerdo a estándares internacionales”, demandó Bachelet.
La alta comisionada expresó que hay una “dramática reducción del espacio cívico en el país”, pues el régimen Ortega-Murillo ha cerrado 454 organizaciones civiles desde noviembre de 2018 a través de la cancelación de la personería jurídica, según su conteo. Estas organizaciones tenían una importante labor en la educación, desarrollo y en la defensa de los derechos humanos.
La versión oficial justifica las cancelaciones alegando que las organizaciones incumplieron deberes administrativos, no obstante, representantes de dichas ONG’s han negado esto y por el contrario, acusan a las instituciones del Estado de impedir la regularización de sus estados legales y financieros.
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El derecho a la libertad de asociación también se ha visto afectado con la aprobación de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, la cual dificulta el registro de las organizaciones, y brinda al Gobierno facultades para requerirles información sobre sus fondos, actividades y beneficiarios, entre otras.
Las cancelaciones no solo han alcanzado a las organizaciones civiles, sino también a 12 universidades privadas, que fueron confiscadas por el régimen y ahora son «estatales».
«Recientemente fue aprobada una reforma de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, la cual somete la aprobación de los programas académicos de todas las universidades a la potestad de un órgano central. Esto representa una nueva amenaza para la libertad académica y la autonomía universitaria, elementos fundamentales del derecho a la educación y la libertad para la investigación científica y para la actividad creadora», indicó.
Bachelet indicó que el número de nicaragüenses que han migrado producto de la crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos, alcanzó «cifras sin precedentes», lo que ha superado las cifras registradas en la década de los 80’s, la cual había sido la ola más grande de nicaragüenses que habían huido del país.
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Solo en los últimos ochos meses, más de 150 mil nicas han solicitado refugio y asilo en Costa Rica. Mientras que la cantidad de nicaragüenses que han viajado de manera irregular a Estados Unidos y han sido interceptados por las autoridades migratorias de dicho país también aumentó a más de 92 mil en abril de este año.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que desde el año pasado las cifras de migrantes se ha duplicado, y la mayoría se ven obligados a viajar en condiciones de inseguridad, por lo que muchos han fallecido en el trayecto o son víctimas de grupos criminales.
El régimen Ortega-Murillo ha implementado de forma sistemática la negación a la libertad de circulación contra activistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil.
La Oficina de la Alta Comisionada ha registrado casos en los que las autoridades migratorias han negado la renovación de pasaportes, retenido injustificadamente pasaportes y negado la entrada al país a ciudadanos nicaragüenses.
Mientras que la intimidación contra sacerdotes católicos se reanudó y esta vez de forma persistente. «Dos de ellos fueron rodeados en sus iglesias por oficiales de la Policía y se les prohibió la entrada a los feligreses. El Gobierno también ha ordenado la eliminación del Canal Católico de la grilla de televisión por cable», denunció Bachelet.
La Alta Comisionada mostró su preocupación por la aprobación del informe realizado por la Asamblea Nacional que proponen reformas al Código Penal y que amplía penas contra personas opositoras.
Entre las propuestas se reforma incluye aumentar las penas hasta 20 años por el delito de menoscabo a la integridad nacional, delito por el que fueron condenados la mayoría de los presos políticos este año.
Según Bachelet “esto genera serias preocupaciones que invitan a pensar que el Gobierno busca profundizar aún más la represión de voces críticas”.
