En medio de la crisis de salud que enfrenta el mundo por la propagación del COVID-19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue advirtiendo sobre la continuación de la “grave situación de derechos humanos” que se vive en Nicaragua a raíz del estallido social de abril de 2018.

El contexto en que se encuentra actualmente Nicaragua fue denunciado por el comisionado Joel Gutiérrez, presidente de la CIDH, ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el marco del 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

“Nicaragua no ha cambiado desde el inicio de la crisis en abril de 2018, persiste un contexto en que se encuentran suspendidos o gravemente limitados el libre ejercicio de los derechos humanos como la libertad de expresión, de asociación, la protesta social e incluso la defensa de los derechos humanos”, señaló en su momento el comisionado Hernández.

En Nicaragua, según Hernández, continúan un las detenciones arbitrarias y criminalización de personas consideradas como opositoras al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La CIDH registra que 328 personas han perdido la vida en el contexto de la crisis sociopolítica.

La CIDH reporta que al menos 24 niñas, niños y adolescentes y 21 policías perdieron la vida en este contexto.

PERSISTEN DENUNCIAS

Durante su intervención ante la Alta Comisionada, el presidente de la CIDH señaló que en Nicaragua persisten las “denuncias de ejecuciones extrajudiciales en las zonas rurales y, en general, un ambiente de hostigamiento e intimidación en todo el país”.

En los últimos meses, igualmente, la situación de violencia contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe se habría recrudecido, alertó el representante de la CIDH.

En febrero pasado se conoció el asesinato de cuatro comunitarios y diez personas desaparecidas durante un ataque armado en la comunidad Mayagna Alal, en la Reserva de Biosfera Bosawás.

Aunque, la CIDH insistió en diciembre de 2019 al régimen orteguista permitir una visita de los representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) al país para monitorear de cerca la situación, a la fecha no recibe ninguna respuesta positiva.

MILES SE VAN DEL PAÍS

A la fecha, más de 60 personas permanecen privadas de la libertad, más de 405 profesionales de la salud han sido despedidos y 150 estudiantes expulsados como represalia por su participación en la lucha cívica.

El conflicto sociopolítico, también provocó que más de 96 mil nicaragüenses huyeran a países vecinos como Costa Rica, España, Panamá, México, entre otros destinos.

Un informe de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), destaca que al menos 103 mil 600 nicaragüenses han huido de Nicaragua “buscando asilo en el extranjero” debido a la “persecución y los abusos” cometidos por parte del régimen.

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