Detenciones, agresiones, amenazas, asesinatos, hostigamiento, judicialización y torturas son métodos la represión que «nunca ha cesado» y ha utilizado el régimen en los últimos dos años en contra de personas opositoras, según la red de Monitoreo Azul y Blanco.

Desde abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega recurrió a ataques armados para silenciar las protestas en su contra de parte de grupos autoconvocados que empezaron a pedir su salida del poder.

Desde el 4 de julio de 2018 a la fecha, las personas que conforman el equipo de Monitoreo Azul y Blanco, han registrado un total de 10,360 incidentes que fueron reportados a los organismos internacionales de derechos humanos.

Entre esos casos registran 410 asesinatos, mientras que unas 3, 511 personas han sufrido «detención arbitraria», 4,147 han recibido amenazas y 2,437 han sido agredidas.

En su más reciente informe “Caracterización de la represión en Nicaragua: julio 2018 y 2020”, señalan que en este periodo se han reportado en promedio 14 incidentes diarios y afirman que “la represión nunca ha cesado”, además que tiende a cíclica y se acentúa en fechas claves.

De acuerdo, al análisis hecho por este equipo las detenciones, agresiones y amenazas han sido las estrategias represivas más usadas por la dictadura y en este periodo reportan 5, 600 incidencias de este tipo.

A partir del segundo semestre de 2019 el hostigamiento se convirtió en la forma represiva usada de “forma más recurrente” por los operadores del régimen, debido a que las denuncias incrementaron en 14 veces.

“En Nicaragua no tenemos Estado de derecho, no tenemos un lugar donde recurrir para hacer denuncias, el Monitoreo Azul y Blanco nos ha servido para hacer la denuncia de forma digital y que haya una memoria de todo lo que está haciendo la dictadura en Nicaragua”, afirmó una de las participantes que se identificó el seudónimo de “Libertad”.

 

Policía Nacional, mayor represor

El resultado de este monitoreo evidencia que en el 53.1% de los casos, los perpetradores fueron efectivos de la Policía Nacional y en el 15.9% participaron paramilitares.

Otros perpetradores fueron los custodios del Sistema Penitenciario (3.7%), funcionarios del Poder Judicial (3.7%) y se reportaron incidentes donde se vieron involucrados otros funcionarios estatales (2.2%) y efectivos del Ejército (0.3%).

Por zona geográfica, la mayor parte de los hechos ocurrieron en Managua, León y Masaya.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, señaló que el objetivo común de luchar por “la verdad y la justicia” debe mantenerse vigente.

“Veo en este trabajo el esfuerzo y el compromiso de las personas que lo hacen. Con la información que nos llega de estos informes te volves a situar inconscientemente en el momento en que ocurrieron, la sensación de impotencia cuando en un momento determinado no tuviste la posibilidad de hacer frente a esa situación”, mencionó Núñez.

CIDH: deben comprobar información

La comisionada Antonio Urrejola, Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció el trabajo que están realizando desde el Monitoreo Azul y Blanco.

“Una vez recibidas las denuncias es muy importante contrarrestar bien la información, siempre llegan muchas denuncias y a veces no tienen fundamentos, las que tomen como parte del monitoreo si no está fundamentada puede dañar la labor que se ha hecho hasta ahora”, dijo Urrejola.

Otras tendencias represivas observadas en este periodo fue el hostigamiento dirigido a las personas excarceladas como “estrategias disuasivas”, los hechos de tortura, malos tratos y violencia de género están explicando “lógicas represivas y vulnerabilidades particulares de algunos grupos”, concluyen.

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La Lupa es un medio con perspectiva de género y derechos humanos que surgió en mayo de 2019.