Defensoras de derechos de las mujeres y feministas centroamericanas alertaron sobre el fortalecimiento de «alianzas ultraconservadoras» que avanzan de la mano de «gobiernos autoritarios», sectores religiosos fundamentalistas y grupos económicos, impulsando «retrocesos» en derechos sexuales y reproductivos, criminalización de la protesta social y mayores riesgos para mujeres, niñas y poblaciones históricamente excluidas en la región.

«Hay una convergencia conservadora y opresiva para que la gente no vea de dónde vienen realmente los problemas, para que no se pronuncie, no proteste, se calle, que le tenga miedo a la fuerza de la ley y le tenga miedo al castigo divino”, advirtió la feminista nicaragüense María Teresa Blandón durante el foro regional Centroamérica: Laboratorio de Alianzas Ultraconservadoras.

En el foro realizado por el espacio de articulación Sombrilla Centroamericana el 23 de junio de 2026 en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Panamá, también participaron las defensoras Regina Fonseca, de Honduras; Laura Aguiar, de Guatemala; y Roxana Rodríguez, de El Salvador.

Las defensoras analizaron las expresiones más visibles de estas «convergencias conservadoras» y sus consecuencias concretas sobre la vida de millones de personas.

La región —subrayan— atraviesa un momento particularmente complejo en el que gobiernos de distintas ideologías coinciden con sus «discursos autoritarios, punitivos, que legitiman la violación de derechos humanos».

Democracias cada vez más frágiles

Blandón señaló que Centroamérica vive una transformación profunda de sus sistemas políticos. Aunque en varios países persisten mecanismos formales de democracia, estos conviven con prácticas que erosionan el Estado de derecho, debilitan la independencia institucional y concentran el poder en figuras presidenciales.

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«En Nicaragua no hay más poderes del estado independientes. En El Salvador hay un control máximo de los poderes del Estado y seguramente esta va a ser la tendencia que se va a marcar en Honduras. No sabemos qué va a pasar con las elecciones del próximo año en en Guatemala, pero la contienda y los conflictos ya están claramente establecido», agrega Blandón.

La activista también advirtió sobre la consolidación de alianzas entre gobiernos autoritarios y sectores religiosos conservadores. Estas convergencias, explicó, promueven discursos que justifican la restricción de derechos sexuales y reproductivos, cuestionan la educación sexual integral y presentan a los movimientos feministas como una amenaza para el orden social.

«Los fundamentalismos religiosos nos han enseñado hasta dónde nos pueden llegar por el miedo», mencionó la defensora y socióloga nicaragüense.

Violencias persistentes y derechos en disputa

La hondureña Regina Fonseca centró su intervención en las múltiples expresiones de violencia que enfrentan las mujeres en Centroamérica. Aunque reconoció avances legislativos en algunos países, señaló que la realidad evidencia que se viven altos niveles de impunidad y escasa capacidad estatal para garantizar protección efectiva.

Los datos presentados muestran tasas alarmantes de femicidios en toda la región, así como una baja proporción de denuncias que concluyen en condenas. La situación resulta especialmente preocupante en contextos donde la violencia sexual sigue siendo una de las formas más extendidas de agresión contra mujeres y niñas.

«Los problemas de violencia contra las mujeres en la subregión se deben a una combinación de desigualdad estructural, misoginia patriarcal efectivamente al racismo, porque hay fallas en la aplicación de las leyes y porque hay servicios insuficientes con brechas enormes de impunidad y brechas enormes de desprotección de derechos», señala Fonseca.

Fonseca destacó que las rutas migratorias también se han convertido en escenarios de violencia sistemática. Señaló que más del 40% de las mujeres migrantes han sido víctimas o testigos de agresiones sexuales durante sus desplazamientos.

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A esto se suma la creciente influencia de agendas conservadoras internacionales que, según la activista, buscan limitar avances en igualdad de género, diversidad sexual y autonomía reproductiva.

“No les importa la vida y la integridad de las mujeres y más en contextos de autoritarismo y cada vez más conservadores como tenemos en en nuestros países. Entonces, en esos contextos lo que tenemos es más estancamiento e incluso retrocesos”, afirma Fonseca.

Embarazos forzados y ausencia de respuestas

La investigadora guatemalteca Laura Aguiar abordó uno de los fenómenos más «persistentes «complejos» en Centroamérica: los embarazos en niñas y adolescentes. Durante su exposición ubicó a varios países centroamericanos entre los de mayores tasas de maternidad adolescente de América Latina.

Honduras, dijo, tiene la segunda tasa de embarazos en adolescentes «más alta» en Centroamérica: 97 nacimientos por cada 1000 mujeres entre los 15 y los 19 años y el 22.9% de las mujeres hondureñas de entre 15 y 19 años «ha estado alguna vez embarazada».

Aunque la mayoría de países cuenta con estrategias oficiales de prevención, Aguiar cuestionó la falta de seguimiento, financiamiento y voluntad política para implementar medidas efectivas.

La activista criticó además las respuestas basadas en la criminalización y el control sobre los cuerpos de adolescentes, mientras se mantienen restricciones para hablar de sexualidad en escuelas y comunidades.

«No nos queremos quitar el primer lugar en Centroamérica entre Guatemala, Nicaragua y Honduras, que duplica al cuarto y quinto lugar que hay en el resto de América Latina y el Caribe. La tasa de embarazos en adolescentes es dramáticamente superior en nuestros países y, sobre todo, en estos tres países, a lo que ocurre en otras naciones», señala Fonseca.

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La Lupa Feminista