“¿Qué madre no va a preocuparse por sus hijos? Más aún en la situación en la que yo estaba, cuando temía por mi vida y pensaba que podía morir. Lo único que quería era que ellos estuvieran bien”, afirma Nadia Robleto, quien sostiene que fue separada abruptamente de sus tres hijos por un sistema que, según denuncia, ignoró su condición de mujer, madre y refugiada, y no le brindó la protección que necesitaba.

La abogada y activista nicaragüense, exiliada desde hace varios años a causa de la persecución política en Nicaragua, sobrevivió a un ataque armado ocurrido el 10 de enero de 2024 en Costa Rica. El atentado la mantuvo hospitalizada durante más de cinco meses y le dejó múltiples secuelas físicas. Mientras intentaba recuperarse, asegura que enfrentó otra pérdida devastadora: la imposibilidad de permanecer junto a sus hijos.

Cuando ocurrió el ataque, en San José, ya contaba con el reconocimiento de la condición de refugiada en Costa Rica. Sus dos hijos menores también habían obtenido esa protección internacional, mientras que el mayor se encontraba en la etapa final de su trámite.

Tras el atentado, fue incorporada a un programa de protección que restringió por completo sus comunicaciones. “No teníamos acceso a comunicarnos con nadie. Ni siquiera con la familia, ni con abogados, ni con el pastor de la iglesia, ni con ninguna persona que pudiera saber dónde estábamos debido a la gravedad del caso”, relata.

De acuerdo con su testimonio, la medida también implicó la retención de sus teléfonos y computadoras para diligencias investigativas. Posteriormente, esos equipos permanecieron bajo custodia dentro del esquema de protección.

La intervención del PANI

Robleto sostiene que el aislamiento la dejó en una situación de indefensión cuando el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) asumió la protección temporal de sus tres hijos. Según explica, en sus dispositivos conservaba documentos, testimonios y contactos que podían acreditar el ejercicio de su maternidad y los cuidados que había garantizado a lo largo de los años.

“En mi teléfono tenía todas las pruebas y los testimonios de personas que podían dar fe de que era una buena madre, de que había protegido a mis hijos y los había sacado adelante”, asegura.

Mientras permanecía hospitalizada tampoco pudo recibir visitas de los menores. Según le informaron, las autoridades consideraron que verla en el estado en que se encontraba podía resultar traumático para ellos.

“Yo sufrí mucho durante ese proceso porque, como madre, una de las cosas que te ayuda a salir adelante son tus hijos. Verlos es lo que te impulsa a tener más fuerza para recuperarte, pero no me dejaban hacerlo”, recuerda.

Los primeros contactos ocurrieron únicamente por vía virtual. Más adelante, tras la presentación de recursos ante el PANI, consiguió encuentros presenciales bajo estrictas medidas de seguridad y pudo, según relata, “tocarlos, abrazarlos y decirles que los amaba”.

La disputa por el cuidado y la salida de Costa Rica

Durante ese período, Robleto afirma que el padre de sus hijos, quien llegó desde Nicaragua después de varios años sin convivir con ellos, obtuvo autorización para mantener contacto con los niños mientras ella continuaba internada.

“Él tuvo la oportunidad de llegar y presentarse ante el PANI como el mejor padre del mundo, mientras yo seguía en el hospital, sin poder trasladarme ni realizar ninguna gestión”, sostiene.

Según su relato, posteriormente la institución le comunicó que, debido a las secuelas físicas que enfrentaba tras el atentado, no podía asumir de inmediato el cuidado de sus hijos.

“Me dijeron que no me los iban a entregar por la condición en la que estaba, en silla de ruedas, porque consideraban que no podía hacerme cargo de ellos”, explica.

Ante la posibilidad de iniciar un proceso judicial que, según le informaron, podría prolongarse entre uno y dos años mientras los niños permanecían bajo protección institucional, ambas partes alcanzaron un acuerdo temporal para que el padre asumiera el cuidado.

Robleto asegura que dicho acuerdo establecía expresamente que los niños debían permanecer en Costa Rica, tanto por su condición de personas refugiadas como por los tratamientos médicos que recibían debido a un diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral profunda —una pérdida total o casi total de la audición en ambos oídos—.

Sin embargo, afirma que, al solicitar posteriormente a distintas instituciones que verificaran el cumplimiento de esas condiciones, descubrió que el padre había salido del país con los menores y los había trasladado a Nicaragua sin autorización.

Actualmente reside fuera de Costa Rica por razones de seguridad y asegura que mantiene contacto esporádico con sus hijos, principalmente mediante llamadas telefónicas con uno de ellos.

“La solución es recuperar a mis hijos. A mí no me interesa que el papá vaya preso; lo que me importa es recuperarlos”, concluye.

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La Lupa Feminista