Se aprobó el 5 de mayo de 2010 pero a la fecha el Estado de Nicaragua no ha garantizado presupuesto para apoyar a mujeres del campo.
Por 397 
El desinterés del Estado de Nicaragua por las mujeres campesinas es “claro”, porque han pasado 12 años de que no han destinado “ni un chelín” del Presupuesto General de la República (PGR) para la ejecución de Ley 717, Ley Creadora del Fondo para la Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales. Tres meses después de la aprobación de la ley, en agosto de 2010 se reglamentó, dejando lista esta figura legal para el beneficio de las mujeres rurales que siguen a la espera de fondos.
La esperanza de las campesinas que por años se habían organizado y que pretendían aplicar a esos créditos para la compra de tierra ya se han pérdido, admite una dirigente que omite su nombre por razones de seguridad. Ella trabaja con organizaciones de mujeres rurales.
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La ley establece que los fondos destinados para la compra de estas tierras serán administrados bajo el régimen de fideicomiso a través del Banco de Fomento a la Producción, y de distintas instituciones estatales que tienen vínculos con los derechos de las mujeres y sector agropecuario. Pero no pasó a más, quedó en “una ley de cajón y no de acción”, resiente la dirigente y mujeres rurales organizadas.
“Si el Estado de Nicaragua no coloca fondos, entonces no se puede ejecutar. Las mujeres no se beneficiaron. Las mujeres decían que eso (aprobación) fue una burla, que eso significaba que ellas no son importantes para el Estado de Nicaragua, que no era prioridad. Muchas de las que impulsaron esas cosas en las cooperativas están muertas, ya no vieron esas cosas y las que están se han desanimado para que la ley se implemente”, resiente la dirigente.
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Tampoco pueden buscar recursos provenientes de donaciones privadas, agencias de cooperación u organismos multilaterales porque es imprescindible que el Estado cree el fondo básico.
Uno de los objetivos que plantea esta ley es “financiar la adquisición de propiedades en el sector rural, con el objetivo de establecer un banco de tierras, para ser adjudicadas en carácter de venta con garantía hipotecaria y con enfoque de género, a las mujeres pobres del sector rural, tomando en consideración su especial estado de vulnerabilidad económica”.
Pero en los planes del régimen de Daniel Ortega no corresponden a ese objetivo, pues los proyectos que han ejecutado a lo largo de la historia son asistencialistas y que no salvan de la “vulnerabilidad económica” a las mujeres rurales. Uno de los proyectos “estrella” es el programa de Hambre Cero, en el que entregan gallinas, cerdos, vacas preñadas, materiales para los corrales a familias campesinas, pero su efecto fue asertivo en la vida de las mujeres pobres.
Para sostener esa lógica de producción parte de la necesidad de que la mujer beneficiaria sea propietaria de la tierra. Porque es ahí donde producirá el alimento para esos animales, de lo contrario en corto plazo tendrá que venderlos, porque el costo del alimento no podrá ser sostenido.
“Si te dan una vaca preñada, y la mujer no tiene tierra ¿dónde meterá a esa vaca?, si alquila el potrero tendrá que dar la leche de esa vaca por el derecho al pasto y ella ¿con qué se queda?, ¿qué le toca?, venderla y queda en lo mismo”, ejemplifica la dirigente.
Para cambiar esa realidad y dado que existe esta ley, desde el 2010 hasta el 2017, distintas organizaciones campesinas enviaron religiosamente cartas a la Presidencia para que les asignaran menos del uno por ciento del PGR, pero nunca les tomaron en cuenta, e incluso propusieron un proyecto piloto con mujeres de la zona de Chinandega.
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“Propusimos que el Estado creará un fondo para hacer un proyecto pilotaje para beneficiar a 300 mujeres de occidente. Estas mujeres lo que planteaban era acceder a media manzana de tierra, que bien diversificada nos cambia la vida, pero no. Nunca colocaron el fondo. En siete años se mandaron cartas y cartas a la Presidencia de la República y la última que fue el cinco mayo de 2017 ya fue dirigida a la vicepresidenta pero tampoco nos respondieron. Si ese pilotaje se hubiera hecho unas 3,300 ya hubieran sido beneficiadas hasta el día de hoy», detalla la dirigente.
Rosalía, era una de las mujeres que tenía la esperanza de cambiar su estilo de vida con la ejecución de esa ley. Es de una comunidad al norte de Estelí. Ella tiene 52 años de edad y 20 de ellos de estar organizada en cooperativa de mujeres. Aunque los años pasen aspira en algún momento ser propietaria de una parcela. Toda su vida ha producido en tierras alquiladas. Es viuda y tiene cuatro hijas, las cuales han tenido que migrar a Managua y a la ciudad de Estelí para subsistir. La cosecha de maíz y frijol no le da para vivir. Cada año el costo del alquiler, los insumos y la mano de obra aumenta. Ella sola no puede producir las dos manzanas de tierra que siembra cada año.
“Con esa ley yo pensaba tener mi tuquito de tierra porque era dirigido para las mujeres campesinas y los créditos eran accesibles, pero ya ve que nada se hizo. Después intenté a través de una cooperativa que Oxfam apoyaba donde el proyecto incluía crédito para la compra de tierra, pero como lo cerraron, tampoco pude comprar nada”, resalta Rosalía mientras tuesta un maíz con el que hará pinol para salir a vender a las comarcas aledañas.
La dirigente del campo, insiste que históricamente en Nicaragua los proyectos enfocados para el campo no empoderan a la mujer desde una perspectiva de tomadora de decisiones y propietarias de tierras.
“Las mujeres alquilan tierras, prestan tierras. Y las que tienen tierra propia son muy pocas. El Estado no se preocupa por las políticas del campo. Ellos están para el monocultivo y no para las mujeres y gente pobre”, agrega.
Aunque el objetivo de la Ley 717 es reducir la desigualdad entre hombres y mujeres del campo. No es posible porque no se ejecuta esta ley. Las pocas mujeres que son propietarias de tierras es porque las reciben de herencia y algunas porque pueden comprarlas.
“Las que no son propietarias de tierras tienen mayores limitaciones, mujeres tienen que vivir círculos de violencia, no tienen lugar a donde irse, conocemos que mujeres que el marido la sacó de la tierra, ella tuvo que llevarse sus trastos y sus chavalos y él metió otra señora. En varias organizaciones se han visto esos casos. El tener tierra para las mujeres es empoderarse de tomar decisiones de decir qué sembrar, dónde sembrar, a quién vender, decidir sobre los ingresos que tienen”, enfatiza la dirigente.
Rosalía lamenta que los conocimientos adquiridos en producción agroecológica no los pueda implementar de manera continua, porque en cada cosecha que realiza alquila tierra a distintos terratenientes y aunque ella haga uso de abonos y productos para la siembra de manera ecológica las personas que cogen ese terreno luego que ella lo entrega al dueño vuelven a hacer uso de bioquímicos.
“Nosotras tratamos de producir productos sanos ya sea en los frijoles, maíz o en las hortalizas. Hemos aprendido sobre cómo hacer cosecha de agua, cómo darle valor agregado a los productos que producimos. Pero es una lucha constante porque quizás nosotras hacemos bien los procesos, pero vienen otros y no respetan eso y echan a perder todo el esfuerzo que una hace”, resiente Rosalia.
El último Censo Nacional Agropecuario de Nicaragua (Cenagro) 2011, apenas contabilizaba 61,000 mujeres productoras agrícolas respecto a una población total de 1,100,000 mujeres rurales a nivel nacional.
De esas 61,000 mujeres que incluyeron en ese estudio el 23% tienen tierras, lo cual no significa que sea la realidad de las mujeres del campo, recalcó la dirigente. Porque en el grupo de muestra para ese estudio no fue equitativo frente al grupo de estudio de los hombres, ya que encuestaron a 200 mil hombres. Lo cual crea distorsión en el resultado al comparar la cantidad de propietarios de tierras de mujeres y varones.
Han pasado once años y el Cenagro no se ha actualizado. Los estudios e informes que hablan sobre la realidad que enfrentan las mujeres del campo de Nicaragua más reciente lo han realizado organizaciones no gubernamentales que toman de referencia las mujeres organizadas dentro de las cooperativas.
