En los primeros seis meses del 2021 se han documentado al menos 43 casos de discriminación y violencia contra personas LGBTIQ según el primer informe semestral del Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+ en Nicaragua, de las cuales las mujeres trans representan la mitad de la población agredida.

La problemática se agrava debido a que esta población no se encuentra protegida bajo ninguna ley especializada, asegura el defensor de derechos humanos, Braulio Abarca, y debido a esto, los crímenes contra estas personas quedan en la impunidad.

“Desde 2018 se continúa violentando las libertades de las personas nicaragüenses y con mayor énfasis en personas LGTBIQ, porque en los testimonios que recopiló el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + muestran que hay una mayor saña con las mujeres lesbianas y las mujeres trans, tal como muestra el informe Volviendo a ser Humano y los demás reportes del Observatorio Nicaragüense Contra la Tortura”, informa el abogado.

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Dentro de las violencias documentadas por el Observatorio destacan la violencia psicológica, física, sexual, digital, entre otras como la violencia política a la que fueron sometidas las mujeres trans Karelys de la Vega, Kisha López y Celia Cruz, quien fue la última presa política trans en ser liberada.

Familia, primer lugar de violencia

Por su parte, la activista e integrante del Grupo Lésbico Artemisa, Imara Largaespada, expresa que el primer espacio donde las personas LGBTIQ viven más violencia es dentro de la familia, lugar donde las mujeres lesbianas son especialmente vulnerables a vivir desalojo de sus casas, violencia económica y a dejar de continuar con sus estudios.

“Las mujeres lesbianas al sufrir tanta lesbofobia dentro del sistema educativo terminan yéndose y al no tener el apoyo familiar tampoco avanzan. No tienen los recursos necesarios para seguir estudiando. Al echarlas de su casa, ellas tienen que buscar cómo sobrevivir y viven de lo que ganan diariamente”, explica Largaespada.

Según la activista la invisibilización de la violencia hacia las mujeres lesbianas es uno de los mayores obstáculos que enfrentan, junto con la pobreza que es mayor en aquellas pertenecientes a las zonas rurales.

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“La diferencia es que las lesbianas de las zonas urbanas tienen más oportunidades. Las compañeras lesbianas de Mangua que tenemos organizadas son universitarias. Han sido más estratégicas porque viven con su sexualidad oculta, esperando terminar su carrera, en cambio las compañeras rurales tienen que trabajar desde pequeñas porque económicamente sus familias no están bien”, desarrolla.

Largaespada expresa que debido a esa situación, las mujeres lesbianas de las zonas rurales tienen que trabajar informalmente o en zonas francas, donde la violencia laboral y la lesbofobia se acrecienta.

Abarca también manifiesta que las mujeres trans también tienen dificultades para continuar con sus estudios, ya que no se les permite el ingreso a los centros educativos si no cumplen las normas sociales que les exigen por su sexo de nacimiento, a excepción cuando se trata de eventos sociales como desfiles y marchas, lo que demuestra la misoginia y la transfobia según el abogado.

Violencia sexual como castigo

Según el informe del Observatorio, la violencia sexual fue cometida tanto en mujeres trans como en mujeres lesbianas, siendo utilizada como “terapia de corrección” para este último grupo, indica Largaespada. Asimismo, se dificulta la búsqueda de justicia para estos delitos, ya que al momento de denunciar la Policía no lo tipifica como tal y los califica de otra forma, asegura.

“Hubo un caso al que di acompañamiento y la Policía en vez de tipificar el delito como abuso sexual, lo tipificó de otra manera. La misma Policía quiere que la comunidad LGTBIQ no denuncie. Ahora es peor por el contexto. Las chavalas tienen miedo y prefieren denunciar de forma anónima en la organización, en vez de ir a la Policía”, indica.

De la misma forma, esto coindice con los datos del informe, los cuales reflejan que la mayoría de las agresiones vividas contra estas personas no son denunciadas a la Policía por falta de confianza en la institución o por burlas realizadas por los mismos agentes policiales.

Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos sostienen que las cifras de violencia son mayores a las registradas, por lo que no se sabe la real magnitud del problema.

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La Lupa Nicaragua