Con la Ley 50-50, que reformó la Ley de Municipios o Ley 40, las mujeres empezaron a ganar espacios en las alcaldías de Nicaragua, pero sin poder de decisión.
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estableció por ley la “equidad de género” en Nicaragua. Con la Ley 50-50, que reformó la Ley de Municipios o Ley 40, las mujeres empezaron a ganar espacios en las alcaldías de Nicaragua, pero a cambio de tener una presencia “designada, clientelar y partidista” en cargos públicos.
La reforma, aprobada el 8 de marzo de 2012, estableció la denominada política de repartir 50-50 los cargos de elección pública, es decir mitad hombres y mitad mujeres. La aplicación en los Gobiernos municipales, de alguna manera, contribuyó a equiparar la composición de género de las autoridades en los Concejos Municipales, aunque eso no significa que se les otorgó un poder real a las mujeres.
“Son mujeres que solamente están ahí porque las puso el partido de Gobierno. Son mujeres simbólicas que sirven para enmascarar y dar la cara de que aquí hay paridad en la participación de las mujeres y para esconder o querer mostrar una supuesta voluntad democrática de parte del Gobierno”, apunta la socióloga SofíaMontenegro.
Aun cuando las mujeres en los puestos públicos son más notorias, pocas son conocidas públicamente con nombre y apellido, así como tampoco se conocen sus logros. No brindan entrevistas, y los informes de los ministerios que dirigen son comunicados por la vocera del régimen sandinista, Rosario Murillo, señalada junto a Daniel Ortega, de moverlas como fichas de ajedrez.
Trece años han transcurrido desde la aprobación de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades – Ley 50/50. Sin embargo, la tan anhelada equidad de género en todos los ámbitos; políticos, sociales y económicos sigue siguendo “una deuda pendiente con las mujeres”, aunque para algunas organizaciones, la “situación ha empeorado”.
Teóricamente se amplió la participación de la mujer, pero en la práctica las que ocupan un cargo en los Concejos Municipales siguen subordinadas al liderazgo masculino y no se les ofrece la independencia para tomar decisiones demostrando que la “supuesta paridad” de género “carece de sustento institucional, credibilidad política o autoridad”.
“Es más bien una estrategia de desagregación del patriarcado público por medio del cual no se impide a las mujeres entrar al espacio público estatal, pero donde el control y las mejores posiciones la tienen los hombres”, explica Montenegro.cLas mujeres que ostentan un cargo público “entran de manera subordinada”, indica.
“Al final todos están subordinados porque el único poder al que se le obedece, se le tiene obediencia absoluta, es al de Daniel Ortega y su mujer, en dos platos eso es”, manifiesta Montenegro.
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La docente, socióloga y activista feminista que dirige El programa Feminista La Corriente, María Teresa Blandón, aclara que la aprobación de una legislación que favorezca la paridad de género “no es favor” de un Gobierno, sino que es “objeto de largas luchas y demandas feministas porque el trabajo de las mujeres se vea reconocido”.
Señala que –por el contexto en el que la Ley 50/50 es aplicada– “es solo un espejismo, o sea, el régimen no miente al decir que estos años se ha incrementado significativamente la participación de las mujeres, pero no es así en la toma de decisiones”.
El estudio “Sin República y sin ciudadanía. Participación política de las mujeres en Nicaragua en el contexto jurídico y político del 2014” del Centro de Derechos Constitucionales, reveló que la implementación de la Ley 50-50 no ha variado la “condición de subordinación de género, aunque en número haya cambiado la correlación a favor de las mujeres”.
En los hallazgos, que se registraron a partir de entrevistas y grupos focales, el estudio que fue dirigido por Montenegro, destaca que las mujeres tienen “escasos márgenes para la toma de decisiones” en los espacios políticos y evidentemente, el control continúa estando de manera firme en manos de los hombres.
“A nivel local estas mujeres no tienen ni autonomía ni representación, ni capacidad de decidir nada, porque son completamente subordinadas (…) ya no hablemos lo que es la participación como diputadas en la Asamblea Nacional que no sirve absolutamente para nada, porque ahí nadie decide, quien decide es Rosario y Daniel Ortega. Todo es pura apariencia”, enfatiza Montenegro.
En el ámbito de las municipalidades e instituciones del Estado, algunas mujeres que han ocupado cargos importantes han sido finalmente relegadas y obligadas a obedecer con sumisión a la pareja dictatorial.
El cinco de septiembre de 2006, Aminta Elena Granera Sacasa fue nombrada directora de la Policía Nacional, en la última etapa del Gobierno de Enrique Bolaños.
Su nombramiento generó grandes expectativas, pues recibía una institución totalmente deslegitimada y su figura parecía era aquella que acabaría con la corrupción, además garantizaría el profesionalismo dentro de las filas policiales.
La jefa policial se convirtió en un personaje respetado en Nicaragua, a tal punto que, en las encuestas encabezaba la lista de figuras públicas con una opinión favorable por delante del mismo Ortega y Murillo.
En 2007, con la llegada de Daniel Ortega al poder, la primera comisionada se sometió al autoritarismo y las arbitrariedades del régimen. Durante la toma de posesión, Ortega juramentó a la jefa de la Policía Nacional y le recordó las raíces sandinistas de la institución.
Granera Sacasa, poco a poco, fue despojada de su autoridad y cumplía funciones solo de relaciones públicas. Algunas fuentes policiales empezaron a afirmar que ostentaba un cargo de adorno.
En 2011, Ortega prorrogó en su cargo a Granera Sacasa como jefa de la Policía Nacional y volvió a ratificarla en 2016, pese a que la decisión no era legal. Algunos analistas en temas de seguridad veían que la intención era desgastar cualquier pretensión presidencial.
Granera Sacasa se plegó a las decisiones orteguistas y guardó silencio ante hechos que la sociedad entera repudió como la masacre de El Carrizo (2011), los brutales ataques y robos a las protestas #OcupaINSS (2013) y la masacre de las Jagüitas (2015), por mencionar algunos.
Después que asumió su tercer período de gestión en esa institución, fueron contadas fácilmente las actividades públicas en las que participó. Detrás de la jefa policial siempre estuvo la figura masculina del comisionado general Róger Ramírez Guzmán, de quien se afirma fue quien ejerció el mando real dentro de la estructura policial. Ortega preparó el camino de su consuegro Francisco Díaz, mandando a retiro a varios subdirectores de la Policía, entre ellos el mismo Ramírez Guzmán.
Granera Sacasa perdió poco a poco el control de la Policía, la apertura que tenía con la población y los medios de comunicación. No apareció más en ninguna actividad pública, y después de 2015 su ausencia fue más notoria.
En abril de 2018, guardó silencio y no se pronunció sobre la masacre ejercida por el régimen en contra de la población. Díaz fue quien apareció en público justificando los asesinatos por medio de comparecencias ante los medios oficialistas.
Una de las últimas apariciones en público de Granera, al frente de la Policía, ocurrió el 23 de abril de 2018, cuando participó en las honras fúnebres de la policía Juana Francisca Aguilar Cano, quien murió durante las protestas en contra de Ortega.
A finales de abril de 2018, trascendió que Granera Sacasa renunció a su cargo, mientras el país estaba en plena convulsión y sumergido en una crisis sin precedentes. El 23 de agosto de ese mismo año, a través de un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta se anunció que Granera Sacasa había “concluido su carrera en la Policía Nacional” y se confirma su retiro.
En septiembre de ese año, Díaz asumió la jefatura de la institución pública. Un cargo que en la práctica ocupaba desde mucho antes.
El estudio que dirigió Montenegro revela que el “poner y quitar” funcionarios de manera antojadiza y sin dar ningún tipo de explicaciones, pasando por encima de los órganos de Gobierno de los municipios, desanima la participación de las mujeres.
Aunque en las últimas elecciones de 2017, las mujeres alcanzaron más del 40% de participación en los 153 municipios del país, su aportación en la toma de decisiones sigue limitada como en el caso de la actual alcaldesa de Managua, Reyna Juanita Rueda Alvarado.
Rueda Alvarado es una política y administradora de empresas nicaragüense, miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero detrás de ella hay una figura masculina a la que se le atribuye todo el poder. Se trata de Fidel Moreno, secretario general y el rostro visible de la Alcaldía de Managua.
Se dice que es un hombre de confianza de la vocera del régimen, Rosario Murillo, opacando por completo la figura de Reyna Rueda.
Rueda quien empezó a tener una destacada voz cuando fungió como secretaria del Consejo Municipal de Managua en la administración anterior, desde que asumió su nuevo puesto de alcaldesa desde el cuatro de enero de 2018, ahora se limita a hacer recorridos por los mercados y solo tiene protagonismo en las sesiones de la Alcaldía, cuando lee la agenda y modera las intervenciones.
Mientras que, Moreno es el único autorizado para dar los informes, que le compete por ley al alcalde. Es la figura en la Alcaldía que informa sobre las catástrofes, inundaciones, da a conocer los planes de invierno y los convenios con diferentes organismos.
Cuando la periodista Daysi Torres asumió la alcaldía, el siete de julio de 2009, en sustitución del fallecido Alexis Argüello, la historia era la misma que ahora repite Rueda. Moreno, considerado el “alcalde de facto”, lleva desde entonces la voz principal dentro de la comuna.
El Ministerio de la Mujer, antes llamado Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) creado en 1987, es una institución que permanece en constante inestabilidad, desde que Daniel Ortega llegó al poder, por donde han pasado 13 titulares del cargo de directora o ministra.
Emilia Torres, fue la primera directora del INIM, por pocos meses, al iniciar el mandato de Ortega en enero de 2007, pero fue removida de su cargo en marzo, bajo el pretexto que pasaba al Ministerio de Cultura.
Ese mismo año, al menos tres mujeres ocuparon ese puesto en el INIM, entre ellas Rita Fletes (q.e.p.d), que estuvo hasta noviembre y fue sustituida por Claudia Cerda López, que ocupó la silla de la dirección hasta 2008.
Posteriormente, asumió Lilia María Alfaro, hasta marzo de 2009, cuando fue sustituida por Perla López Miranda, que estuvo hasta marzo de 2010.
En el Instituto, que se supone debía velar por la equidad de género en el Estado, los cambios continuaron activos. La cuñada de Gustavo Porras, Isabel Green Casaya, asumió la dirección del INIM hasta 2013, cuando se hizo el cambio de nombre a la institución y Arlen Patricia Vargas Padilla fue nombrada ministra.
Los cambios continuaron y el 17 de diciembre de 2015, Vargas Padilla fue remplazada por Martha Erica Martínez González, que fue removida del cargo después de un mes y dos días de habérsele asignado, y en su lugar se puso Ángela Yadira Meza Vargas en 2016. La última mujer en asumir el cargo de esa dependencia fue Jessica Yaoska Padilla Leiva, nombrada el siete de mayo de 2019.
A este ministerio, en teoría, le corresponde formular, promover, coordinar, ejecutar y evaluar, políticas, planes, programas, y proyectos gubernamentales, que garanticen la “participación de las mujeres en el proceso de desarrollo económico, social, cultural y político del país”. Pero en la práctica no hay resultados.
“No son reales, no tienen asidero, no tienen ningún impacto, prácticamente (el Ministerio) es un cascarón y está demolido, lo que hay son empleados que al final son supernumerarios. No creo que hagan absolutamente nada más que proselitismo y activismo a favor del Gobierno”, critica Montenegro.
La socióloga afirma que las mujeres en la realidad son nada más que “objetos manipulables por la señora de la mano de los anillos”, que es la que en la práctica maneja los “cambios burocráticos dentro de las instituciones”.
“Son irrelevantes, son intercambiables, son descartables, pasan sin pena ni gloria, porque no hay mérito, no hay representación, ni tampoco hay capacidad en términos de decidir, han sido escogidas”, argumenta Montenegro.
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En una revisión exhaustiva de La Lupa en los diferentes ministerios e instituciones del Estado, logramos constatar que la presencia de las mujeres en los cargos públicos es significativa. Tanto diputadas como alcaldesas o vicealcaldesas y ministras sobrepasan el 40% de representación.
Aunque es calificado como “una medida insuficiente” para una especialista en políticas públicas que conversó con La Lupa bajo condición de anonimato por temor a represión contra las voces críticas en Nicaragua, señala que “en papel es un avance”.
“No nivela el campo de juego político concretamente, porque podés tener 50 legisladores mujeres y 50 hombres, podés tener 50 alcaldesas y 50 alcaldes en el caso de los municipios, no obstante, eso no es suficiente para decir que las mujeres están tomando decisiones o que tienen un poder real para tomar decisiones”, afirma.
Tras la aprobación de la Ley 50/50, que aportaron un considerable aumento de la participación de la mujer, al menos cuantitativamente, Nicaragua comenzó a rankear en el reconocido informe del Foro Económico Mundial (WUF, por sus siglas en inglés) – The Global Gender Gap Report 2013 – que ubicó al país, por primera vez, en el exclusivo Top Ten, después de estar en el puesto noventa en 2007.
“Nicaragua sigue siendo el país más avanzado de la región en cuanto a igualdad de género, ocupando el décimo lugar en el índice mundial”, señala el documento de 2013 cuando se ubicó en décimo lugar. Y un año después ascendió 5 puestos.
El informe de 2013, ranqueó 136 países “conforme a su capacidad de cerrar la brecha de género en cuatro esferas clave: salud y supervivencia; logros educativos; participación política e igualdad económica”.
La feminista María Teresa Blandón considera que dichas evaluaciones, donde solo se toman en cuenta aspectos meramente cuantitativos sobre la participación de las mujeres, “no pueden mostrar el verdadero significado del fortalecimiento de la equidad de género”.
La especialista en políticas públicas también apunta que este tipo de ranking, “no miden la calidad de vida de esas mujeres, tampoco la capacidad de decisión que se les da en esos puestos que ellos miden por números”.
Sin embargo, desde el régimen, año con año se celebra la “participación de las mujeres” en los puestos públicos aunque sea Murillo quien concentre la información y el poder, y el resto de funcionarias pasen a un segundo plano, y aparezcan únicamente en fiestas populares o actos de menor trascendencia, según publican los medios oficialistas.
Los datos revelan que en los 16 ministerios la presencia de la mujer en altos cargos es del 46.6%, es decir, 14 mujeres ocupan cargos como ministras y viceministras. En cinco de estos ministerios; Mujer, Salud, Familia, Medio Ambiente y Recursos Naturales, las mujeres que ejercían cargos como ministras o viceministras fueron removidas — en al menos tres casos — antes de que cumplieran entre uno o dos años en el cargo. Y es notorio que las carteras que dirigen son aquellas que tradicionalmente se le asignan a las mujeres.
En el caso de la Asamblea Nacional, la situación es bastante parecida, en pocas ocasiones se les escucha la voz a las diputadas o a las suplentes, y eso que el 46.4% de los escaños los ocupan mujeres en las diputaciones nacionales, departamentales, regionales y del Parlamento Centroamericano, en el caso de las propietarias, mientras en el caso de las diputadas suplentes se eleve hasta el 47.32%.
En el caso de los puestos de alcaldes y vicealcaldes, las mujeres obtuvieron en 2017 –tras las cuestionadas elecciones municipales– una participación del 44.4% en el cargo de alcaldesas, es decir, 68 de los 153 puestos fueron ocupados por mujeres.
En los últimos tres años, cinco de las 153 municipalidades sufrieron cambios: una por la muerte de un edil sandinista; otra por el despojo realizado por el régimen y tres vinculadas a renuncias por supuestos problemas de salud o retiro. Dichas situaciones propiciaron un aumento cuantitativo del 2% en la participación de la mujer en el puesto de alcaldesa o vicealcaldesa.
En 2007, Ruth Selma Herrera, investigadora en temas de agua y saneamiento, asumió la presidencia ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), pero estuvo en el cargo hasta el ocho de abril de 2010.
Herrera sostiene que el “sistema” reduce el buen desempeño que puede tener una mujer en un cargo de dirección o Ministerio. La expresidenta ejecutiva de Enacal, cree que la ley 50-50 es parte de la “propaganda política” que promueve el régimen.
“Ni este Gobierno, ni el de (Enrique) Bolaños, ni el de (Arnoldo) Alemán, ni el de doña Violeta (Barrios de Chamorro), ni el de (Anastasio) Somoza, han hecho nada por reivindicar, realmente, ese reconocimiento respetuoso, real. Siempre se ha manejado, aún con este Gobierno, como una propaganda política para tirarnos el cuento a nivel nacional, y a nivel internacional, cómo que aquí se les da la oportunidad a las mujeres”, menciona Herrera.
La expresidenta ejecutiva de Enacal, considera que la legislación que tanto presume el régimen, se aprobó por “pura formalidad”, porque si ponen a una mujer en un cargo y no escuchan sus planteamientos, no la respetan y respaldan, el nombramiento se vuelve “una gran mentira”.
“Yo creo que aquí hay muchas mujeres que han sido figurines en las instituciones y que al final están otros detrás de las decisiones, no solamente en la Alcaldía de Managua, en un montón de instituciones y depende de que uno quiera serlo”, afirma.
Herrera renunció tras considerar que era el momento oportuno. “Yo hice lo que considero que tenía que hacer y renuncié cuando consideré que tenía que renunciar. Tengo que hacer escuchar mi voz o si no renunciar al cargo, vos no podes estar en un cargo porque te pusieron ahí, para ganarte el dinero y que digan que hay mujeres, y aquí las mujeres, a veces, se faltan el respeto así mismas cuando aceptan ser títeres de cualquier Gobierno que las nombra, no las deja decidir y ponen después un asesor”, cuestiona.
Según Montenegro, la presencia numérica de mujeres dentro de un “régimen patriarcal, autoritario, no lo modifica ni lo hace democrático”.
“La paridad de género pierde todo sentido cuando el régimen carece de legitimidad de origen, legitimidad de proceso y legitimidad de resultado, porque la falta de independencia de los poderes, impide el cumplimiento de la responsabilidad de rendir cuentas entre los poderes del Estado y ante la ciudadanía y el poder es absoluto se ejerce como forma de dominación”, estima Montenegro.
*Colaboró en este reportaje el Equipo de La Lupa.
