El Parlamento Europeo cerró filas a favor de Nicaragua y dio un ultimátum al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que desista en su idea de aprobar la “Ley Mordaza” y de Agentes Extranjeros  o de lo contrario activará un paquete de sanciones que incluye activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA).

La resolución recibió el apoyo de 609 europarlamentarios que criticaron la intención de Ortega por ir en contra de las libertades fundamentales, y llamaron al régimen a encausarse en el camino de la democracia.

“Apoyo las sanciones a los jerarcas de este régimen criminal y el envío de una misión parlamentaria en cuanto sea posible”, mencionó la europarlamentaria, Izaskun Bilbao, del Grupo Renew Europa.

Bilbao llamó al régimen a cumplir los acuerdos alcanzados con la oposición en el 2019 para lograr una salida pacífica y dialogada a una “crisis sin precedentes” y que eso permita organizar  elecciones libres.

Las leyes que el régimen pretende aprobar, según Bilbao, representan una “flagrante violación de principios democráticos básicos y de tratados internacionales firmados por Nicaragua”.

“Profundizan en la deriva represiva denunciada por tipo de organizaciones internacional y de defensores de derechos humanos”, mencionó.

Situación podría empeorar

El eurodiputado, José Ramón Bauzá, del Grupo Renew Europe, principal promotor de que se abordara la situación del país en el seno del Parlamento Europeo, mencionó que Nicaragua se encuentra en un “punto de inflexión” y de cara a los comicios electorales de 2021 solo se observa el camino hacia un “fraude electoral”.

“Cuántos muertos, cuántos exiliados tiene que haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzado, y nos indignamos, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua que no sea con nuestra convivencia”, señaló Bauzá durante su intervención en el pleno de la Eurocámara.

De cerrarse la vía democrática, según Bauzá, vaticinó para los nicaragüenses una situación igual a la que viven los venezolanos bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela, con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al Alto Representante y también al Consejo: En Nicaragua tiene que haber un cambio democrático, y si no lo hay, tiene que haber consecuencias (…) Las sanciones a Ortega y a Murillo y a toda su banda criminal y también la activación de la cláusula democrática en el acuerdo de asociación”, dijo el europarlamentario.

Avalaría persecución

El 15 de septiembre el régimen, amparándose en el crimen atroz de dos niñas, de 10 y 12 años, en el municipio de Mulukukú, ocurrido en la Costa del Caribe Norte, Ortega ordenó a la Corte Suprema de Justicia revisar las leyes para condenar con cadena perpetua los “crímenes de odio”.

Para hacerlo, Ortega debe realizar una reforma constitucional, pues la carta magna en su artículo 37 establece una pena de 30 años máximo.

Después, el 22 de septiembre el régimen envió a la Asamblea Nacional la Ley de Agentes Extranjeros, iniciativa que de forma particular llamó a los eurodiputados a pronunciarse, debido a que la misma también limitaría la cooperación internacional.

Por último, el 28 de ese mismo mes, el régimen también mandó el anteproyecto de Ley de Ciberdelitos al Parlamento nicaragüense y que contempla castigar los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y todo lo que considere “noticias falsas”.

Para Leopoldo López Gil, diputado dentro de la lista del Partido Popular, las “tres leyes no solo distorsionarían el sistema político de Nicaragua, sino que avalarían la persecución y el acoso a la oposición política, la censura de los medios digitales y permitirían la imposición de cadena perpetua por disidencia política”.

Javi López, del Grupo S&D, exigió al Parlamento Europeo utilizar todas “herramientas diplomáticas” que estén al alcance para lograr que haya reformas electorales en el país, pues de lo contrario, no habría una “competición electoral justa que se garantice democráticamente a la oposición y la sociedad civil competir en libertad y en igualdad de condiciones”.

“Denunciamos de forma enérgica la deriva autoritaria del presidente Ortega en Nicaragua. Falta de respeto al pluralismo y sobretodo falta de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa (que) cese de las hostilidades con la sociedad civil”, mencionó López.

La Lupa Nicaragua
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