Tras la resolución que aprobó esta semana el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la situación de Nicaragua previo a las elecciones, expertos consideran que el país queda en una posición de «aislamiento» y que la sostenibilidad internacional del régimen dictatorial Ortega-Murillo está en peligro.

En la resolución los países que integran la OEA reiteraron su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos. Por el contrario, un día después, el jueves 22 de octubre, la Policía orteguista detuvo al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) Michael Healy, y a su vicepresidente Álvaro Vargas.

Ambas detenciones fueron confirmadas por la Policía a través de un comunicado que indicaba que se les investigaba por supuesto delito de lavado de dinero y por atentar a la soberanía nacional, a tenor de la Ley 1055.

De acuerdo con Edipcia Dubón, politóloga y economista, el pronunciamiento de la OEA es un claro y alto «llamado de atención» al régimen por el incumplimiento de las recomendaciones del órgano interamericano en materia de reformas electorales, respeto a los derechos humanos y restablecimiento de garantías constitucionales a la ciudadanía nicaragüense.

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“Es la evidencia más fehaciente de la existencia de un régimen que ha suspendido los derechos y libertades al pueblo de Nicaragua y que tiene bajo su responsabilidad a presas y presos políticos por ejercer su libertad de conciencia y sus derechos políticos”, afirma.

Dubón menciona que está acción es parte de un proceso complejo en el ámbito internacional de denuncia de falta de condiciones y garantías electorales para que el pueblo de Nicaragua pueda elegir libremente quién gobierne el destino del país. El siguiente paso es el aislamiento internacional.

“Lo positivo es contar con el respaldo de una mayoría clara de países latinoamericanos comprometidos con la democracia y los derechos humanos que señalan y demandan del régimen de Ortega cumplimiento de los acuerdos y convenios suscritos por el país”, manifiesta.

Tras el rechazo que hizo el régimen a dicho pronunciamiento y no comparecer en el encuentro evidencia, según la analista, «la incapacidad» de responder al cuestionamiento público y abierto de los gobiernos latinoamericanos.

“La posición del régimen es bien delicada en términos de su continuidad y sostenibilidad en el poder”, añade. 

De la denuncia a la esperanza

Por su parte, Edgard Parrales, exembajador de Nicaragua ante la OEA, cree que esta sesión es un signo de esperanza, que hace sentir acuerpados a algunos nicaragüenses que por años han venido pidiendo un cambio para el país. 

“En cambio para el régimen debería ser el inicio de una reflexión, porque realmente se ve que en la OEA ha ido creciendo el número de los que están en contra de la administración dictatorial de ellos, porque ya fueron 26 los votos a favor, ninguno en contra, y solo unos cuantos se abstuvieron, que solo significa que ese país prefiere mantenerse al margen», explica.

Parrales refiere que ahora se ve que hay un consenso mayoritario, y que la OEA está en desacuerdo total con lo que está sucediendo en Nicaragua.

Señala con respecto al futuro del país, que una probabilidad es que en la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Cancilleres este próximo 10 de noviembre, se puede aplicar la Carta Democrática, pues ya se cuentan con los votos para hacerlo.

 «El Gobierno debe pensar detenidamente, si quiere continuar con su actitud terca de continuar con sus proyectos de querer instaurarse por cinco años más, y seguir reprimiendo y violando todos los derechos, los llevará al caos, porque Nicaragua se va a encerrar totalmente en su relación con el resto de países del mundo”, asegura.

Parrales agrega que la Carta Democrática significa un encierro económico y financiero, «cero préstamos, cero donaciones, cero contribuciones».

«El Gobierno quedará sin capacidad de ejecución, hará que muchas cosas que el pueblo necesita no se hagan, y entraremos a una recesión tremenda, pues el córdoba se va a devaluar mucho más, todo subirá alimentos, combustible, transporte, medicamentos, se creará una situación caótica», advierte.

 El experto dice que, en cambio, si el régimen toma una buena decisión de abrirse, posponer las elecciones, y crear condiciones para que el proceso sea transparente y honesto, todo cambiaría para bien.

 «Lo que viene para Nicaragua, dependerá de la decisión que tomen los Ortega Murillo «, enfatiza.

 Sanciones de la Unión Europea (UE)

La politóloga Edipcia Dubón señala que la relación de Nicaragua con la UE tiene implicaciones además de políticas en materia de cooperación al desarrollo porque son «fuentes de recurso en condiciones concesionales para financiar el presupuesto de la República en materia de salud, educación, caminos, puentes, carreteras, empleos y proyectos, programas y un sinnúmero de actividades financiadas por los fondos europeos”.

Asimismo, tiene implicaciones comerciales en el sentido de que Nicaragua es signatario del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica.

“Es decir que Europa ve a la región en ese acuerdo y no a los países de modo que también que incluye implicaciones centroamericanas en el sentido que incluye: promover mayor integración regional centroamericana y establecer gradualmente un área de comercio intrarregional», resalta.

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