El observatorio ciudadano para el monitoreo del proceso electoral, Urnas Abiertas, registró 1513 casos de violencia política en el último año y al menos 1394 víctimas de la misma. Hasta el momento todos los hechos de violencia han quedado en la impunidad y la situación puede agravarse a medida que avanza el calendario electoral, según su último informe.

El principal tipo de violencia registrado es el hostigamiento con 749 casos, de los cuales van desde la intimidación, persecución, allanamientos ilegales, obstaculización de la justicia, entre otras. Después le sigue la judicialización con 200 casos, agresiones físicas con 142 casos, y torturas y tratos crueles o degradantes con 118 casos.

Así como también amenazas, detenciones, retenciones, desapariciones forzadas y lesiones.

Afirman que el 69,4% de los actos reportados fueron cometidos por la Policía. Quienes perpetraron estas acciones son las diferentes instituciones del Estado como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Electoral, así como simpatizantes del FSLN y grupos de choque.

Mientras que las organizaciones políticas, partidos políticos, medios de comunicación, movimientos sociales y ciudadanía en general fueron la mayoría de las víctimas, siendo el 64.5% de los casos contra hombres y el 35.3% contra mujeres.

De acuerdo al observatorio los registros evidencian el uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios y la cooptación del Poder Electoral para despejar el camino para  ganar las elecciones, y presentarlas como legítimas.

Inminente fraude

A tan solo 26 días de los comicios, la violencia en el contexto electoral refleja que las futuras elecciones carecen competitividad, transparencia y democracia, por lo que “es fundamental que la comunidad internacional reconozca que el aparato de corrupción política construido por la familia Ortega Murillo para gobernar a partir del uso de la fuerza no posee legitimidad para representar al Estado”, según el observatorio.

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Hasta la fecha el Gobierno ha encarcelado ilegalmente a 145 personas, entre ellas siete precandidatos presidenciales.

“Esta es una evidencia más de la ausencia de condiciones para desarrollar un proceso electoral legítimo y creíble el siete de noviembre”, indica la organización

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