La Sociedad Interamericana de Prensa denunció que tres periodistas han sido detenidos y criminalizados desde abril, entre ellos: Víctor Tikay, Hazel Zamora y William Aragón, dos de ellos liberados bajo medida de presentación periódica.
Por 95 
Tras la nueva ola de detenciones y criminalización, ordenada por al dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el que “repudia la intensificación de la represión en Nicaragua”, denunciando que esto ha dejado a al menos tres periodistas detenidos y criminalizados desde abril pasado.
Además, insta a la comunidad internacional a “denunciar con celeridad la persecución del régimen contra las libertades de expresión y de prensa” en Nicaragua.
Los periodistas detenidos por la dictadura orteguista en el último mes fueron: Hazel Zamora, corresponsal de Canal 10 en Bluefields, Caribe Sur; William Aragón, excorresponsal de La Prensa en Estelí; y Victor Tikay, corresponsal de Canal 10 en Granada, dos de ellos liberados bajo medida de presentación periódica.
Michael Greenspon, presidente de la SIP, refiere la misiva, condenó la nueva arremetida de los ataques a las libertades de expresión y de prensa, señalando que esto, «aparenta ser una purga para forzar a que quienes critican al régimen salgan del país y silenciar a la oposición«.
Lea más: Dictadura ordena «suspensión definitiva» del ejercicio profesional de la abogada Yonarqui Martínez
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, también se pronunció sobre la ola de detenciones criminalización de periodistas, reiterando el pedido de la organización a la comunidad internacional para seguir «denunciando la persecución enfermiza del régimen de los Ortega-Murillo y actuar con celeridad ante las acciones contra periodistas y líderes opositores».
La periodista Hazel Zamora fue detenida el pasado 5 de mayo, tras una orden de captura girada en su contra el 3 de mayo, cuando viajaba en un autobús con dos de sus hijos menores de edad, su vivienda fue allanada por la Policía y fue acusada de supuesta “conspiración” en perjuicio del Estado y la sociedad de Nicaragua, además de propagación de noticias falsas, considerados por la dictadura como «traición a la patria».
La comunicadora de Bluefields, tras ser sometida a una audiencia preliminar, sin derecho a la defensa y altas horas de la noche, fue liberada por la dictadura con la imposición de una medida que la obliga a ir a firmar diariamente ante el juzgado cercano a lugar de residencia.
De igual forma, el periodista William Aragón, excorresponsal de La Prensa en Estelí, fue detenido el 3 de mayo, acusado por supuesta “traición a la patria”, en una audiencia en la que no tuvo derecho a la defensa ni a su juez natural, y liberado bajo la medida de presentación periódica a los juzgados de Managua, y no en el más cercano a su residencia, como legalmente correspondería.
El periodista Victor Tikay, a diferencia de Aragón y Zamora, está encarcelado desde el 6 de abril, luego de ser detenido por filmar actividades religiosas que se realizaron ese Jueves Santo en Nandaime, Granada, donde el comunicador ejercía como corresponsal de Canal 10, además de director de la página de Facebook La Portada.
La SIP también denunció que, además de la detención y criminalización de estos periodistas, la dictadura también ordenó capturar a activistas, campesinos y opositores al gobierno en varias zonas del país. El Monitoreo Azul y Blanco reportó que el 3 de mayo pasado la dictadura ordenó 57 detenciones, 22 de estas contra mujeres.
Lea más: Dictadura ordena captura nocturna y proceso judicial exprés contra más de 50 nicaragüenses
La dictadura excarceló y expulsó, el 9 de febrero pasado, a 222 personas que mantenía presas por motivos políticos en un vuelo directo a Estados Unidos, despojándolos de su nacionalidad nicaragüense. Tras esa masiva excarcelación el orteguismo redujo a 35 la cantidad de prisioneros políticos, sin embargo, no ha parado las detenciones y criminalizaciones de la disidencia en el país y, tras la nueva escalada represiva, defensores de derechos humanos han advertido que la cifra sigue aumentando y podría alcanzar en poco tiempo el mismo número que había previamente.
