La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó este martes, 9 de mayo, la “suspensión definitiva” del ejercicio profesional de la abogada Yonarqui Martínez, declarando nulos sus títulos universitarios de abogada y notaria pública, y exigiendo que los entregue en un plazo de 24 horas junto con su sello y carné.

“Se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García con suspensión definitiva de ejercicio de las profesiones de Abogado y Notario Público a partir de la notificación de la presente sentencia. Declárese nulo el título de Abogado y Notario Público registrado ante este consejo supremo Tribunal”, reza parte de una circular divulgada este 9 de mayo por la Corte Suprema de Justicia.

“Prevéngase a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García presentar ante la Secretaría de esta Corte Suprema de Justicia en el término de 24 horas, bajo apercibimiento de ley si no lo hiciere, títulos de Abogado y Notario Público, sello y carné”, agrega.

Yonarqui Martínez es reconocida por su labor de defensa de derechos humanos y representación de personas nicaragüenses que han sido juzgadas por motivos políticos por el aparato judicial del orteguismo. Recientemente, la letrada denunció la ola de más de 50 detenciones ordenadas por la dictadura, señalando que esos ciudadanos fueron sometidos a “audiencias preliminares a altas horas de la noche”, “acusados falsamente”, “sin derecho a la defensa”, “sustraídos de su juez natural” y “liberados bajo medida de presentación periódica”.

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“Es una completa aberración jurídica. Jueces, fiscales y defensorías son partícipes de esta gran atrocidad”, señaló la defensora de derechos humanos el pasado 4 de mayo en sus redes sociales. 

Resolución de la CSJ “tiene motivaciones políticas”

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a través de un comunicado, condenó la suspensión como abogada y notaria pública de Martínez, señalando que el régimen Ortega Murillo “utiliza al sistema de justicia para continuar violentando los derechos humanos de las personas defensoras”.

“Lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia carece de validez por cuanto es una decisión eminentemente política sin la motivación ni fundamentos jurídicos que toda resolución exige. En consecuencia, nula es dicha corte porque desde hace años se apartó del derecho y del ordenamiento jurídico constitucional al someterse a las órdenes partidarias y a la voluntad represiva de la familia Ortega Murillo”, apuntó el Colectivo.

Además, se solidarizó con la abogada Yonarqui Martínez y demandó “el cese de los ataques sistemáticos contra ella, la persecución contra las personas defensoras de derechos humanos y la libertad de todas las personas presas políticas de Nicaragua”.

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