Régimen Ortega Murillo mantiene 9 mujeres como presas políticas en Nicaragua
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Por 0 El registro de personas presas políticas en Nicaragua aumentó a 60 al cierre de julio de 2026, de las cuales 23 permanecen en condición de desaparición forzada, según la actualización del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, difundida por la Asociación Memoria y Justicia (AMJ).
De las 60 personas incluidas, 51 son hombres y 9 son mujeres. El informe documenta casos de mujeres desaparecidas junto con sus hijas, familiares detenidas tras intentar reclamar el cuerpo de un dirigente indígena y mujeres sometidas a controles considerados humillantes durante las visitas a las cárceles.
La detención de Elvia Junieth Flores Castillo, desaparecida desde el 21 de marzo de 2025 junto a sus dos hijas menores de edad, evidencia la saña del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La familia, según el informe, «arrastraba una historia de persecución política» vinculada al caso de Santos Sebastián Flores Castillo, muerto en custodia estatal. Elvia Junieth logró avisar que «se las llevaban».
A «casi 500 días de su desaparición, no existen registros de procesos judiciales ni información sobre el estado físico de las menores, lo que constituye una vulneración grave a los derechos de la niñez», señala el Mecanismo en el informe.
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El Mecanismo incorporó 14 personas respecto del registro de mayo de 2026. La organización aclara que esto no significa que todas hayan sido detenidas durante junio y julio: seis de las nuevas incorporaciones corresponden a familiares de Brooklyn Rivera, mientras que otras ocho fueron casos conocidos tardíamente.
Las personas presas políticas en desaparición forzada
Las menores forman parte de las 23 personas que el Mecanismo clasifica actualmente como desaparecidas forzadamente, que son las siguientes:
- Douglas Gamaliel Pérez Centeno
- Eddie Moisés González Valdivia
- Steadman Fagot Müller
- Víctor Boitano Coleman
- Carlos Ramón Brenes Sánchez
- Salvadora del Socorro Martínez Aburto
- Larry Javier Martínez Romero
- Ricardo José Mendoza Yrigoyen
- Santos Arial Rodríguez Lagos
- Alda López Bryan
- Jourbes Escobar López
- Komy Valle Bushey
- Jorge Webster Rojas
- Glenis Criesa Pantin Coleman
- Florencia Sarmiento
- Elvia Junieth Flores Castillo
- Byron Miguel Espinoza Flores
- Alexander Enrique Espinoza Flores
Además, cinco personas permanecen bajo reserva de identidad por razones de seguridad de sus familias. Entre las personas presas políticas en condición de desaparición forzada también están los seis familiares de Brooklyn Rivera, quienes fueron detenidos tras reclamar el cuerpo del líder indígena fallecido en custodia del Estado el 30 de mayo de 2026.
Según el Mecanismo, desde la detención el Estado no ha proporcionado información verificable sobre el lugar donde se encuentran ni pruebas de vida. La persecución no se limita a quienes participan directamente en actividades políticas. También puede extenderse a sus familiares, quienes quedan expuestos a detenciones, vigilancia, amenazas y otras formas de presión.
Mujeres enfrentan humillaciones en las cárceles
El informe reporta «requisas humillantes contra familiares de personas presas políticas, particularmente en familiares mujeres que son obligadas a realizar sentadillas o levantarse la camisa durante los controles de ingreso o levantarse la camisa durante los controles de ingreso». Estas prácticas adquieren una dimensión de género porque los controles corporales y la exposición del cuerpo son utilizados como mecanismos de intimidación y humillación contra quienes acuden a las cárceles.
A esto se suman las dificultades económicas y de movilidad que enfrentan las familias cuando las personas detenidas son trasladadas lejos de sus comunidades. Para las mujeres que sostienen el cuidado familiar, estas barreras pueden traducirse en más gastos, viajes prolongados y mayores dificultades para mantener el contacto con sus familiares presos.
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La dimensión de género también se cruza con la persecución contra pueblos indígenas de la Costa Caribe. De las 60 personas registradas, 18 proceden de la Costa Caribe, entre ellas cuatro mujeres. Además, 17 personas pertenecen a pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte y una a la Costa Caribe Sur.
El Mecanismo identifica entre las personas detenidas a autoridades comunales, dirigentes indígenas, guardabosques y defensores territoriales. La concentración de estos perfiles podría apuntar, según el informe, a una criminalización de quienes defienden las «tierras, la autonomía y los recursos naturales indígenas».
En estos territorios, las mujeres también quedan afectadas por la persecución de sus familiares y autoridades comunitarias. Cuando un integrante de la familia es detenido o desaparecido, las mujeres suelen asumir una parte importante de las tareas de búsqueda, cuidado y sostenimiento económico del hogar, mientras enfrentan las barreras para obtener información.
Salud, aislamiento y falta de información
El informe también alerta sobre el deterioro de la salud de las personas presas políticas. Entre las 60 registradas hay 15 adultas mayores, todas con enfermedades crónicas o condiciones que requieren seguimiento médico. Ocho de ellas permanecen en desaparición forzada y sus familias no pueden comprobar si reciben medicamentos, atención especializada o controles médicos.
Entre las personas adultas mayores cuyo estado de salud ha podido actualizarse, se identificó un caso con una lesión cutánea y posible riesgo oncológico que no ha recibido valoración especializada, según el informe. El Mecanismo documenta casos de diabetes, hipertensión, enfermedades mentales, problemas renales y hepáticos, infecciones urinarias y otros padecimientos. También registra denuncias de aislamiento, golpes y afectaciones psicológicas.
En al menos un caso, una persona habría sido golpeada por custodios y trasladada posteriormente a una celda de aislamiento. El informe señala que, además de las «secuelas físicas, se reportaron pensamientos suicidas y un deterioro significativo de su salud mental».
La nueva actualización muestra que la prisión política no puede analizarse únicamente desde el número de personas encarceladas.
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