Samira Montiel: La falsa defensora de la diversidad sexual en Nicaragua
Por 0 
La noche en que casi matan a Jazmín, Nagarote vivía una relativa tranquilidad.
No hubo sirenas, ni patrullas, ni alboroto vecinal. Solo el golpe seco de las piedras contra el zinc y los gritos de ella pidiendo auxilio. Era una mujer trans, vivía con su compañero, y alguien desde la calle —probablemente más de uno— lanzó una piedra contra su rostro cuando salió a ver de qué se trataba. Le partieron la ceja a ella y también a él.
Esa agresión, ocurrida en 2010, llegó a juicio, pero nunca se resolvió a favor de la víctima. Los agresores, menores de edad, fueron sacados del municipio por sus familias, lo que entorpeció el proceso.
“El caso no llegó a su fin. La familia agarró a los agresores y los mandó lejos. Se hizo un juicio, pero se archivó. Fue prácticamente gasto de plata (dinero) de parte del Estado, porque cuando se citaba el médico forense nunca llegaba y la Procuraduría (Especial de la Diversidad Sexual) , ni la jueza hizo nada beligerante para mandarlo a traer”, recuerda Athiany Larios Zúniga, otra mujer trans que acompañó todo el proceso.
El caso de Jazmín —en aquella época— coincidió con el reciente nombramiento de María Samira Montiel Sandino como Procuradora Especial de la Diversidad Sexual. La oficina creada como un órgano dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos sería la encargada de “promover y defender” los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, trabajadoras sexuales y personas con VIH en Nicaragua.
Montiel y su equipo de trabajo tendrían la misión de “orientar” sobre la ruta de denuncia para acceder a la justicia en caso de vulneración de sus derechos. Sin embargo, este caso mostró desde el inicio las limitaciones reales de esa oficina: la agresión fue grave, la denuncia se interpuso, pero el proceso se archivó sin resultados e imperó la impunidad.
“Solo fue un nombramiento como para decir ‘ay, sí, están haciendo algo’. De 2010 para acá (a la fecha) no se conocen muchas acciones más que visitas, presentación, nombramiento de que existe una procuraduría, etcétera”, señala Larios Zúniga.
16 años sin acciones concretas
Este 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ transcurre en Nicaragua en medio de un clima de represión, retrocesos democráticos y cierre de espacios para la sociedad civil.
Samira Montiel —quien cumple 16 años al frente de la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual— no ha logrado impulsar políticas públicas efectivas ni avances legislativos reales para una comunidad que sigue esperando respuestas del Estado para reivindicar sus derechos.
Además: Ser paciente LGBTIQ+: discriminación, soledad y borrado
Aunque existe una instancia encargada de velar por estos derechos, la misma ha funcionado como un órgano decorativo, sin autonomía ni impacto. Su máxima figura responde en silencio a los intereses del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Si comparas entre qué ha cambiado del 2010 al 2025, no ha cambiado absolutamente nada, excepto que la mayoría de personas activistas LGBTIQ+ estamos en el exilio”, explicó en una entrevista con La Lupa Tania Irías Guerrero, del grupo lésbicofeminista Artemisa.
Una activista y defensora de derechos humanos en Nicaragua, que solicita el anonimato, porque reconoce que cualquier crítica contra la gestión estatal puede significar cárcel o exilio, menciona que es totalmente “antidemocrático” el hecho que una misma persona siga ocupando ese cargo dentro de la Procuraduría Especial para la Diversidad Sexual.
“No ha habido cambio y más si una persona lleva tantos años en ese cargo, no hay relevo. No hay cambios hasta en las tomas de decisiones ni en los cargos. Ahí se ve palpable que estamos estancados y estancadas”, reflexiona la activista y defensora de derechos humanos.
Dejó atrás su origen como activista
Antes de ser nombrada procuradora, Montiel Sandino era conocida en Nicaragua por su trabajo como coordinadora del Grupo lésbico Safo. El 30 de noviembre de 2009 se convirtió en la primera, y hasta ahora la única, procuradora de la Diversidad Sexual.
Su origen como activista generó expectativas de que su gestión tuviera incidencia real en leyes y políticas públicas en el país.
Fue desde los propios movimientos, como el Grupo lésbico Safo —primer grupo de mujeres lesbianas del país—, y las iniciativa de diversidad sexual por los derechos humanos, que se impulsó la creación de esa Procuraduría Especial, recuerda Jacob Ellis, activista trans no binarie, activista afrofeminista defensore de derechos humanos de la Costa Caribe.
Ellis recuerda que hubo un esfuerzo articulado para posicionar la figura institucional dentro del aparato estatal. Su perfil como abogada y defensora de derechos humanos parecía ofrecer condiciones para una gestión transformadora.
Durante los primeros años, Montiel intentó asumir ese compromiso. Se realizaron investigaciones, se recopilaron datos sobre violaciones de derechos humanos contra personas LGBTIQ+ y se redactaron informes dirigidos a instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
“Intentó hacerlo bien en el principio —dice Ellis— porque realizó investigaciones, datos e informes que ponían en la mesa sobre violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ + (…) ahí reportó datos importantes sobre cómo se veía en números la violencia hacia las personas sexualmente diversas”.
Sin embargo, ese impulso duró poco. Tras la publicación del segundo informe, Montiel dejó de producir documentos de seguimiento, y en el sitio web oficial de la Procuraduría de Derechos Humanos sólo existen algunas notas de prensa con denuncias o de las visitas que realiza en los municipios y diferentes instituciones.
“Hacía recomendaciones que solo quedaron en papel por la falta y voluntad nula de parte del Estado, pero se intentó ya que se veía un trabajo bien hecho (…) Puede decirse que sí se notaba el trabajo para salvaguardar los derechos humanos de las personas”, agrega Ellis.
El trabajo de documentación cesó, y con ello también se apagó la posibilidad de incidir desde dentro del Estado.
“Sabiendo que ella tiene un cargo político público, mas no poder, se queda como una más que nombraron para que digan que tenemos una mujer y que representa a las personas LGBTIQ+”, señala Ellis.
Ya en 2018, en el contexto de la represión ejercida por el régimen contra los nicaragüenses, “todo se acabó” recordó Ellis. Samira Montiel “no se pronunció, no hubo ni un solo momento donde ella saliera a defender las violaciones a derechos humanos muchísimo menos a las agresiones a las personas LGBTIQ +”.
“Nunca se pronunció por las tres, cinco compañeras transgenero apresadas en la cárcel para hombres. Nunca. Es la fecha y no ha dado ninguna palabra y ni la cara”, menciona Ellis.
No hay leyes que respalden a la diversidad sexual
A lo largo de los años, sin embargo, su gestión ha estado mayormente marcada por la pasividad, el silencio ante las violaciones de derechos humanos de la población LGBTIQ+ y la absoluta falta de confrontación con las estructuras de poder que reproducen la exclusión.
“Cuando se nombró la Procuraduría de la Diversidad Sexual fue una expectativa grande y fue una esperanza para muchos casos que estaban en Nicaragua invisibilizados en el tema de acceso a la justicia”, recuerda Athiany Larios Zúniga, quien vive en el exilio desde el 2019.
Sigue leyendo: Delitos de odio contra las personas LGBTIQ+ persisten en Nicaragua
Aunque como parte de su mandato, la Procuraduría puede proponer leyes y orientar a la ciudadanía, no hay registro de propuestas legislativas presentadas, ni informes públicos de impacto, ni posicionamientos ante leyes que han excluido explícitamente a la población LGBTIQ+.
En Nicaragua no existe una ley integral que proteja los derechos de las personas LGBTIQ+ ni que reconozca su existencia en el marco jurídico.
Solo la Ley 820, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH y SIDA, para su Prevención y Atención, menciona la orientación sexual como categoría protegida, pero solo en el ámbito de salud.
El Código Penal también incluye referencias puntuales, como agravante en delitos por odio y en casos de discriminación laboral, pero ninguna norma reconoce plenamente los derechos de esta población ni garantiza su protección en la vida cotidiana.
En 2012 y 2014 se aprobaron dos leyes de gran impacto sin tomar en cuenta a las poblaciones LGBTIQ+ y sin que sus derechos fueran tomados en consideración: el Código de Familia y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
“El impacto de la Samira fue como estilo Alka-Seltzer, efímero, se nombró la Procuraduría y excelente, vamos avanzando bien, se va a lograr mucho y al final nos dieron una buena cachetada con la elaboración o la creación del Código de la Familia con el que sí nos ponían un pie de nuevo en la cara para decirnos que no podíamos formar familia”, explica Larios Zúniga.
Cartillas igual a propaganda
Frente a esta inacción sostenida, la Procuraduría ha apostado en los últimos años por una estrategia con cartillas al estilo de las campañas propagandísticas que utiliza el régimen orteguista.
Un ejemplo claro es la publicación de la cartilla “Diversidad Digna: El derecho a elegir, el deber de respetar”, promovida entre 2023 y 2024 como parte de una campaña institucional. Esta cartilla fue presentada en varios municipios y difundida “casa a casa”, según las notas oficiales.
Su mensaje, centrado en el respeto, el amor y la dignidad, puede parecer positivo a primera vista. Pero un análisis más profundo revela sus graves limitaciones.
La cartilla no incluye rutas claras de denuncia ni mecanismos de acompañamiento para víctimas de discriminación. No ofrece datos ni contexto sobre la situación de violencia estructural que vive la población LGBTIQ+, y se presenta más como un instrumento ideológico —repleto de referencias al “Buen Gobierno” y a figuras del régimen— que como una herramienta de empoderamiento.
“A mí, como persona activista en el tema de las formaciones de los famosos grupos juveniles en los distritos, por parte de la Juventud Sandinista, me llamaron para formar el cuadro del Distrito Cuatro. Yo les dije: Okay, conseguíme a todos los dirigentes de los barrios en una reunión, para formar un taller y hablar sobre temas de derechos humanos, identidad de género y sexualidad. Preguntame si me volvieron a llamar. No. Ya no les gustó eso. Era solo cuestión de hacer eventos de imagen sandinista”, recuerda Larios Zúniga.
No se respetan derechos de personas LGBTIQ+
Además, no contempla las necesidades específicas de personas trans, trabajadoras sexuales o personas con VIH, ni contiene enfoque interseccional. Se trata de un documento superficial, sin indicadores de impacto ni mecanismos de evaluación.
La activista por los derechos transgénero nicaragüense, Ludwika Vega, considera que se necesita, por ejemplo, impulsar políticas para mejorar los “hábitos de vida, y eso tiene que ver mucho con el tema de la salud mental y prevenir enfermedades”.
“En Nicaragua no existen leyes que reconozcan a las personas LGBTI, pero nosotras nos hemos visibilizado constantemente en la lucha y a pesar de eso todavía siguen existiendo casos de criminalización, rechazo y exclusión y eso afecta mucho”, advierte Vega.
Durante el segundo trimestre de 2024, el Observatorio de Violaciones a los Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+ en Nicaragua, impulsado por la Asociación Feminista La Corriente, documentó 10 hechos de violencia y discriminación, entre ellos 2 delitos de odio y 8 agresiones físicas o verbales, que evidencia las limitaciones estructurales para el reconocimiento y respeto de sus identidades.
Este Día del Orgullo —coinciden activistas y defensoras— el rol de Samira Montiel no debería medirse por el tiempo que ha permanecido en el cargo, sino por los resultados concretos de su gestión. Una gestión que, tras 16 años, no ha logrado transformar la realidad de las personas LGBTIQ+ en Nicaragua. Este año, en el país no habrá marchas ni actos públicos para demandar igualdad, dignidad y respeto, en un contexto marcado por el cierre de espacios cívicos y la represión.
La conmemoración global del Orgullo tiene sus raíces en los disturbios de Stonewall en 1969, cuando una redada policial en un bar de Nueva York desencadenó varios días de protestas.
Aquella rebelión marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+. Más de cincuenta años después, en Nicaragua, ese espíritu de resistencia persiste, aunque bajo nuevas formas y desde la memoria del exilio.
“Seguimos en resistencia , de ser, estar y existir en esta sociedad tan compleja. Pero, abrazando el poder colectivo de esa bandera de la diversidad sexual. Que nos da fuerza y esperanza. Winamba”, concluye Ellis.
Perfil del autor
