Al menos 15 personas presas por motivos políticos se encuentran en situación de desaparición forzada en Nicaragua, luego de ser detenidas arbitrariamente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que mantiene en secreto su paradero y les niega todo contacto con familiares y abogados. 

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas —en su informe actualizado al 16 de junio de 2025—, estas 15 personas forman parte de un grupo de 53, consideradas presas de conciencia que la dictadura mantiene bajo arresto de forma arbitraria. 

De las 15 personas que permanecen en situación de desaparición forzada en Nicaragua, cinco son mujeres, lo que evidencia que la represión del régimen no distingue género y que las mujeres también son blanco directo de las detenciones arbitrarias, sin acceso a la defensa, atención médica ni contacto con sus familias.

El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas políticas, espacios de documentación, y redes de activistas territoriales y digitales, señaló que en Nicaragua “se profundiza una práctica sistemática de represión a través de la desaparición forzada”. 

Desde enero de 2024 —subraya el Mecanismo—, el régimen de Ortega y Murillo ha intensificado las “detenciones arbitrarias sin información a las familias, negando el paradero de las personas y sometiéndolas a un régimen de incomunicación total”.

Esta organización enfatiza que familiares de las y los presos políticos que están en desaparición forzada recorren sin descanso estaciones policiales y centros penitenciarios en busca de información, enfrentándose a un aparato estatal que, lejos de ofrecer respuestas, los somete a un ciclo de desinformación y angustia.

“Las autoridades envían a los parientes de un centro a otro de forma deliberada, intensificando la desesperación”, señala el Mecanismo. 

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Estrategia para castigar a disidencias

Mientras tanto, las personas detenidas injustamente permanecen completamente incomunicadas sin acceso a atención médica, sin artículos personales y sin ningún tipo de contacto con sus seres queridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha denunciado la desaparición forzada, las detenciones prolongadas en condiciones de aislamiento y la negación de garantías básicas como parte de una estrategia deliberada para castigar la disidencia.  

Las 15 personas presas políticas en “desaparición forzada” son: 

  • Angélica Patricia Chavarría Altamirano, detenida el 19 de mayo de 2024.
  • Aníbal Martín Rivas Reed, detenido el 17 de mayo de 2025.
  • Brooklyn Rivera Bryan, detenido el 29 de septiembre de 2023. 
  • Carmen María Sáenz Martínez, detenida el 10 de agosto de 2024. 
  • Douglas Gamaliel Álvarez Morales, detenido el 16 de febrero de 2024.
  • Eddie Moisés González Valdivia, detenido el 14 de julio de 2024. 
  • Eveling Carolina Matus Hernández, detenida el 26 de junio de 2024. 
  • Fabio Alberto Cáceres Larios, detenido el 22 de noviembre de 2024. 
  • Fabiola del Carmen Tercero Castro, detenida el 12 de julio de 2024. 
  • José Alejandro Hurtado Díaz, detenido el 27 de enero de 2025. 
  • Julio Antonio Quintana Carvajal, detenido el 26 de noviembre de 2024. 
  • Leo Catalino Cárcamo Herrera, detenido el 22 de noviembre de 2024.
  • Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, detenida el 10 de agosto de 2024. 
  • Steadman Fagoth Müller, detenido el 14 de agosto de 2024. 
  • Víctor Boitano Coleman, detenido el 23 de abril de 2024.  

Desde 2018, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado arrestos arbitrarios, torturas, expulsiones de nacionalidad y desapariciones forzadas por parte de un aparato represivo coordinado por el régimen. 

Las detenciones suelen realizarse sin órdenes judiciales, con violencia, incomunicación prolongada y sin permitir ningún mecanismo judicial que ayude a su liberación.  

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que existen motivos razonables para considerar que estas prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad. 

En los últimos años, el Estado de Nicaragua ha incumplido sistemáticamente las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), las cuales ordenan la liberación inmediata de personas detenidas arbitrariamente y la protección de sus derechos fundamentales.

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La Lupa Nicaragua