Régimen Ortega-Murillo utilizó violencia sexual como tortura, dice Tribunal de Conciencia
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Por 186 El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utilizó la violencia sexual como una táctica de tortura durante la “Rebelión de Abril”, así lo reveló el peritaje jurídico presentado en la primera sesión del Tribunal de Conciencia: “La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua” que se realizó en Costa Rica.
El tribunal, el primero que analiza el uso de violencia sexual como crimen de lesa humanidad de Ortega y Murillo, fue establecido por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano de Costa Rica.
Basado en el testimonio de 18 víctimas, 11 mujeres y siete hombres, la doctora Soraya Long, abogada y especialista en derechos humanos, explicó la saña con la que actuó el régimen en contra de estas personas.
Siete de las víctimas eran estudiantes universitarios, un ingeniero, un médico, una abogada, un agente de seguridad estatal y siete que tenían ocupaciones varias.
Long explicó cada uno de los conceptos referidos a violencia sexual, violación sexual y el delito de lesa humanidad.
Indicó que todas las víctimas fueron víctimas de violencia sexual, pero no todas fueron sometidas a violación sexual. De las once mujeres, diez fueron víctimas de violación sexual.
“La única mujer que no fue violada sexualmente fue porque, no sabía que estaba embarazada, tuvo un aborto involuntario por los golpes que recibió y en virtud de las hemorragias no se atrevieron a violarla, pero sí la obligaron a ver cómo violaban a su compañera de celda”, señaló.
Agregó que solo dos de los siete hombres fueron sometidos a violación sexual.
“En el caso de las mujeres fueron repetidamente violadas, generalmente participaban varios agresores durante el ataque sexual (…) Las amenazaron con violar a las hijas”, revela el peritaje.
Todo tipo de insultos
Los vejámenes a los que fueron sometidos las víctimas y las condiciones en los que se dieron los hechos establecen una relación directa con la relación de “tortura”.
“El peritaje concluye que efectivamente hubo una práctica de violencia sexual contra todas las víctimas, particularmente de violación sexual, que constituye una forma de tortura y a su vez un crimen de lesa humanidad”, refirió Long.
La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, ratificado por Nicaragua en 1985, establece que el acto debe ser “infligido intencionalmente”.
Las víctimas fueron detenidas entre el 21 y el 25 de agosto de 2018, al menos diez de ellos estuvieron o pasaron por las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocido como “El Chipote”, señaló Long.
“Los 18 testimonios son coincidentes en que fueron víctimas de violencia sexual que consistió en insultos con contenidos sexual, principalmente dirigida a las mujeres, desde el momento de su detención les decían te vamos a violar”, señaló Long.
El peritaje jurídico también reveló que las víctimas sufrieron todo tipo de violencia desde el momento de su detención como “insultos y acusaciones infundadas, amenazas de muerte, golpes con puños y patadas, cortaduras en la piel, golpes con las cachas de las armas”, además que los obligaban a estar desnudos y hacer sentadillas.
“Dentro de la violencia que se practicó hubo extracción de uñas, exposición al frío, señalan las víctimas que había un cuarto oscuro con mucho aire frío y ahí los lanzaban golpeados y desnudos. Uno de los casos alega haber recibido descargas eléctricas, corte de cabello con cuchillo, violencia sexual y violación sexual”, detalló Long.
Responsables de la violencia
De acuerdo al testimonio recabado durante el peritaje jurídico se constató que los responsables de la violencia fueron mujeres y hombres que vestían “uniformes de autoridades estatales” y algunos de civil a quienes se les escuchó un acento extranjero.
“Por el acento ellos aducen que podrían tratarse de venezolanos, colombianos y cubanos”, señala la abogada y defensora de derechos humanos.
A las víctimas, asegura Long, nunca se les informó el motivo de su detención.
Otros peritajes
El peritaje de contexto, presentado por Javier Meléndez, recogió la forma en que Ortega y Murillo aprovechándose de sus facultades fueron desmantelando poco a poco la institucionalidad democrática en Nicaragua y el Estado de derecho.
“Fue notable el desmontaje que Ortega hizo del proceso de profesionalización de la Policía y el Ejército, en la toma de posesión incluso les recordó a ambas instituciones el origen sandinista de estas”, señaló.
El tribunal también escuchó los resultados de un peritaje psicosocial de la tortura sexual en víctimas que permanecen en Nicaragua y peritaje de cadena de mando, que refiere las diferentes violaciones a los derechos humanos y constitución política.
Este tribunal, que recoge voces de un grupo de expertos internacionales en derechos humanos, concluye este viernes 11 de septiembre.
La directora de Fundación Arias, Lina Barrantes, explicó que se trata de denunciar públicamente a la comunidad internacional. “Consideramos que el primer paso hacia la justicia es que se hable de esto, esas valientes personas que nos presentaron sus casos, les estamos diciendo que su caso no se va a olvidar”, afirmó Barrantes.
El tribunal está integrado por las juristas costarricenses Sonia Picado y Aida Facio; la defensora internacional de derechos humanos Bianca Jagger; la abogada española Almudena Bernabéu; la psicóloga colombiana Clemencia Correa, y el abogado español Jared Gensier.
