Un mes ha transcurrido desde la muerte machista de Eveling del Socorro Fuentes Martínez. La mujer de 47 años fue asesinada a balazos en las inmediaciones de su centro de trabajo, en Managua. A la fecha, sin embargo, no existe información pública que permita conocer qué ha ocurrido con su expareja Marvin Antonio Gámez Salmerón, el principal sospechoso del femicidio, ni cuál es el avance de la investigación.

Fuentes Martínez era secretaria de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones de Managua. El 14 de julio de 2026 fue atacada cuando llegaba a su trabajo. El principal sospechoso es Gámez Salmerón, quien se desempeñaba como supervisor de los agentes de seguridad del mismo Tribunal Laboral y vigilaba de cerca cada uno de sus movimientos. Reportes periodísticos señalaron además que Gámez Salmerón era militante sandinista.

La única información que se conoció después del hecho es que al hombre, quien intentó suicidarse después del asesinato de su expareja, lo detuvieron después del ataque.

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Aunque, los medios de propaganda informaron de la detención en las primeras horas posteriores al crimen, no han divulgado públicamente nada nuevo sobre el caso, pese a que ya se cumplió un mes. La Lupa Feminista también verificó en el sistema de consulta judicial si existía información sobre un proceso contra Gámez Salmerón, pero no encontró un expediente que permitiera confirmar si está detenido, qué delito le imputaron, si compareció ante un juez, qué medida cautelar se le impuso o cuándo habrá un juicio.

Apenas 15 días antes del asesinato machista, Evelyn había tomado la firme determinación de poner fin a una relación de pareja de tres años.

Prevención, pero sin mencionar el femicidio

Dos días después del asesinato, el 16 de julio, la Policía orteguista realizó una conferencia de prensa en la que presentó los resultados semanales de lo que llaman un plan de prevención ejecutado por las Comisarías de la Mujer. Según el balance, fueron realizadas 20,925 visitas casa a casa y 130 asambleas comunitarias, con 32,148 participantes. También reportó siete denuncias y cuatro personas capturadas por delitos como violación, intimidación, agresiones y amenazas contra mujeres.

El informe policial hablaba de prevención de la violencia, pero durante la conferencia de prensa no se mencionó el femicidio de Fuentes Martínez. Tampoco explicaron qué había sucedido con el hombre detenido como sospechoso del crimen. La falta de seguimiento público de un caso de violencia contra una mujer no es solamente un problema de comunicación institucional, también muestra la opacidad con la que opera el régimen.

Después del asesinato, o en los días posteriores, el Ministerio de la Mujer tampoco mencionó lo ocurrido. Mientras la Policía difundía sus resultados sobre prevención de la violencia contra las mujeres, el Ministerio de la Mujer publicó en sus redes sociales actividades relacionadas con la celebración del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista bajo el lema “Siempre Será 19 de Julio… ¡Siempre Más Allá!”.

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En el pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha advertido que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres puede generar un ambiente de impunidad que favorece la repetición de la violencia, transmite un mensaje de tolerancia y alimenta la desconfianza de las mujeres en el sistema de justicia.

No es la primera vez que el régimen opera con impunidad en casos de violencia contra las mujeres. En una sentencia de marzo de 2018, la Corte IDH concluyó que el Estado incumplió su obligación de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación por motivos de sexo y género a una familia afectada por la violación de una niña de nueve años, cuyo agresor era su propio padre. Debido a las deficiencias de la respuesta estatal y las irregularidades del proceso, el tribunal determinó además que Nicaragua se convirtió en un “segundo agresor” por cometer actos de revictimización y violencia institucional.

Leyes limitan acceso a la justicia

Investigaciones académicas también han documentado dificultades estructurales en la respuesta estatal nicaragüense frente a la violencia contra las mujeres.

La socióloga Pamela Neumann ha estudiado durante años la aplicación de las leyes sobre violencia de género en Nicaragua. En su investigación When Laws Are Not Enough: Violence against Women and Bureaucratic Practice in Nicaragua, publicada en Social Forces, examinó cómo las prácticas burocráticas pueden limitar los efectos de las leyes destinadas a proteger a las mujeres.

En otro estudio sobre la evolución de la figura jurídica del femicidio en Nicaragua, Neumann analizó más de 250 artículos periodísticos y trabajo etnográfico para estudiar cómo los cambios legales afectaron el acceso de las mujeres a la justicia. La investigación concluyó que Nicaragua debilitó deliberadamente elementos de su legislación sobre femicidio, con consecuencias para la posibilidad de que estos crímenes sean reconocidos y procesados como violencia basada en género.

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La Lupa Feminista