El régimen de Daniel Ortega tiene un ensañamiento contra las mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas sociales que denuncian la represión gubernamental, advirtió Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) durante el foro Mujeres Defendiendo Mujeres, un programa especial de Amnistía Internacional sobre la situación de mujeres presas por ejercer derechos en Nicaragua.
De acuerdo con las visitas de la CIDH en 2018 y los múltiples informes que han realizado, han observado que el tratamiento de las mujeres presas políticas por parte de las autoridades estatales tiene un impacto “desde la vivencia de género”, señaló Urrejola, lo que se refleja en las actuales 14 presas políticas que ejercen un liderazgo campesino, social , defensa de los derechos de las mujeres y un liderazgo político, motivo por el cual hoy están detenidas arbitrariamente.
“Hemos manifestado nuestra preocupación porque existe efectivamente un ensañamiento respecto a estas mujeres. Es decir, no solo tenemos la preocupación de las más de 150 personas presas políticas de Nicaragua, pero respecto a las mujeres hay un ensañamiento contra ellas. Ejemplo de esto es la situación de Dora María Téllez, de Ana Margarita Vigil, de Tamara Dávila y de Suyen Barahona que llevan en aislamiento más de 100 días. Aquí hay un ensañamiento específico”, indicó la presidenta.
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Otra forma en la que se ha manifestado el ensañamiento contra las activistas es la violencia sexual, ya sea en desnudaciones, tocamientos, abuso o violación sexual, los cuales ha sido denunciados tanto por las mismas presas políticas como por sus familiares.
Según Urrejola, la violencia sexual no solo se ha usado como herramienta de tortura contra las mujeres, sino también como una herramienta de control social, lo que ha tenido un profundo impacto porque “sociedades como la de Nicaragua que son profundamentes machistas” y “se da una señal de dominación del hombre sobre la mujer”.
A pesar que el Estado de Nicaragua está comprometido con las normas del Sistema Interamericano y con la convención Belém Do Pará, cuyos objetivos son sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Nicaragua ha vulnerado sus compromisos constantemente en los últimos tres años.
Por su parte, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció que hay presas que tienen más de un año de haber sido detenidas arbitrariamente como en el caso de Karla Escobar y Julia Hérnández, mientras que María Esperanza Sánchez cumplirá dos años el próximo mes de enero en 2022.
A todas las presas políticas se les ha negado la atención médica, las garantías judiciales y en el caso Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona y Dora María Téllez están en una situación de tortura constante al estar incomunicadas, aisladas y víctimas de prácticas como la privación del sueño e interrogatorios diarios.
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“¿Por qué se han ensañado tanto con ellas? Ahí hay una fijación especial del régimen en contra de estas cuatro mujeres porque ellas representan prácticamente la dignidad de una revolución traicionada, de una revolución que traicionó el que las tiene presas”, expresa Núñez.
La crisis de derechos humanos ha sido constante desde las masivas protestas del 2018 en Nicaragua, por eso la importancia de seguir visibilizando la situación de derechos humanos que se vive actualmente junto con las múltiples formas de represión del régimen de Daniel Ortega, señaló la defensora de Derechos Humanos, Bianca Jagger.
“Particularmente sobre los efectos diferenciados en las mujeres, tanto las sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos, como las defensoras quienes desde la política han levantado la voz con consecuencias devastadoras. Hoy día en Nicaragua tenemos un Estado de terror donde los nicaragüenses son rehenes del régimen criminal de Daniel Ortega y Murillo”, expuso Jagger.
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La defensora manifestó que no parará la demanda por la libertad de las personas presas políticas, así como la restitución de sus derechos humanos y de un Estado de Derecho en Nicaragua.
