Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la Policía Orteguista el pasado cinco de marzo la deja marginada de cualquier articulación laboral con cualquiera de los cuerpos policiales centroamericanos, ya que si estos se relacionan con la Policía nicaragüense se exponen a ser sancionados o podrían estar sujetos a multas, explicaron expertas en seguridad.

El Departamento del Tesoro aseguró que la Policía es una herramienta de represión violenta, y además, la responsabilizó de utilizar munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, y cometer ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros.

Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, explicó que la policía de Nicaragua queda marginada de participar en espacios de trabajo o intercambio con otras policías, especialmente las centroamericanas. Recordó que en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) hay instancias como la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia, en el que participaba Nicaragua y seguramente, de ahora en adelante no podrán hacerlo porque otras instituciones policiales, probablemente, no se van a querer exponer al riesgo de sanciones, expresó.

En la región no hay antecedentes de otras instituciones policiales que hayan sido sancionadas. Sin embargo, por lo sucedido a otras instancias sancionadas en el mundo por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, cualquiera que mantenga relaciones financieras o de cooperación con la Policía de Nicaragua se arriesga a que les congelen sus activos, o bien, la prohibición de operar en Estados Unidos, explica Jeannette Aguilar, experta en temas de seguridad de El Salvador.

Aguilar sostiene que la relación entre las policías centroamericanas “se ve comprometida” porque estas y la de otros países de América Latina reciben financiamiento de Estados Unidos. “Esto podría tener implicaciones en materia de la seguridad regional, dado que no se podrá contar con la colaboración de Nicaragua en distintas iniciativas regionales de persecución del delito. En el corto plazo, la policía nicaragüense podría quedar aislada de sus homólogos en la región”, expresó.

La Policía viola constantemente el derecho de manifestación. Foto tomada de El Nuevo Diario

En el caso específico de la Policía de El Salvador, Aguilar duda que esta siga trabajando con la de Nicaragua después de haber sido sancionada, “dada la mayor dependencia e injerencia que Estados Unidos sigue teniendo en los asuntos e instituciones de seguridad con la administración (Nayib, presidente salvadoreño) Bukele.

El golpe directo de las sanciones a la Policía de Nicaragua es que limita su capacidad de funcionamiento y operativa, hecho que tiene dos consecuencias; por un lado y en corto plazo, frenaría significativamente las acciones de represión policial contra la ciudadanía, y por la otra, limitaría las actividades cotidianas dirigidas a controlar la delincuencia común y el crimen organizado, de manera que el escenario de la seguridad se va a volver más complejo en el país, advirtió Cuadra.

OPERACIÓN POLICIAL POR LA BORDA

El régimen de Daniel Ortega no ha respondido de forma frontal a las sanciones de su cuerpo represor. Y más bien, sigue relanzando las cuestionadas Comisarías de la Mujer, reforzando planes de seguridad ciudadana, que significan más policías en las calles.

No obstante, Aguilar sostiene que “la atrofia administrativa tiene una implicación directa en la operatividad y estrategia policial. Sin recursos e insumos es difícil echar a andar operativos, planes, estrategias, políticas. Sin duda que esto limitará y minará gradualmente la operatividad policial”, alertó.

Foto tomada de Internet.

IMPACTO EN SEGURIDAD REGIONAL

  En la práctica la Policía de Nicaragua estaría en una especie de isla dentro de la región, como consecuencia de las sanciones, que significaría afectaciones en las coordinaciones bilaterales y los espacios regionales. No obstante, Aguilar explica que las operaciones conjuntas han sido pocas y el aislamiento de Nicaragua respecto a los países de la región se profundizó en los últimos años.

Cuadra, por su parte, considera que las actividades de coordinación, acciones conjuntas e intercambio de información van a tener que ser replanteada porque también exponen a los otros cuerpos policiales, inclusive más allá de Centroamérica y el Caribe. La especialista en temas de seguridad valora que la separación de la Policía va a crear una brecha importante en las acciones regionales para prevenir y controlar a la delincuencia común, pero también al crimen organizado transnacional.

Eso también va a cambiar las condiciones de la seguridad en la región e incrementa los riesgos para todos los países porque se va a limitar la capacidad de Nicaragua de actuar frente a este tipo de amenazas a la seguridad, explica.

violación derechos humanos Nicaragua
Foto tomada de La Prensa

MENOS LEGITIMIDAD

La que en algún momento de la historia fue considerada como un cuerpo policial ejemplar en el istmo, con el estallido social de abril de 2018 en Nicaragua a través de acciones represivas y la lealtad al partido de Gobierno, fue perdiendo legitimidad, al punto, que según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la cúpula policial debe ser investigado por crímenes de lesa humanidad. Para la también socióloga, Elvira Cuadra, las sanciones de EE. UU. significan que va a perder la legitimidad de forma más acelerada, a nivel nacional como internacional.

“Va a perder su carácter de institución estatal y va a ser vista cada vez más como una organización para-estatal”, destacó. Con Cuadra concuerda Aguilar al explicar que la imagen policial se ha deteriorado y lo que hacen la sanciones es ratificar ese estado a nivel internacional como un cuerpo policial corrupto y abusivo, que debe ser neutralizado y debilitado.

Foto principal: Tomada de Confidencial

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