Más de cien organizaciones que integran la Plataforma Nicaragüense de Redes de organizaciones no gubernamentales (ONG) advirtieron sobre el riesgo sanitario que enfrentan varias comunidades de Nicaragua, tomando en cuenta que la respuesta gubernamental ante la pandemia de covid-19 ha estado plagada por el ocultamiento de la información, y la desatención de medidas de aislamiento y distanciamiento social.

El pasado 18 de marzo Nicaragua informó sobre el primer caso confirmado de covid-19, dos días después se anunció el segundo caso. También han asegurado que mantienen el seguimiento en otros seis casos que tuvieron algún contacto con el caso número dos. Pese a este panorama, el régimen ha tratado de convencer a la ciudadanía que debe seguir su rutina, ajena al alto contagio que implica el nuevo coronavirus. 

Fronteras abiertas, la no cancelación de vuelos internacionales, el seguir recibiendo cruceros y la preparación de vacaciones de Semana Santa son solo algunas de las formas a través de las que las autoridades de este país, de un poco más de seis millones de personas, contradice lo que está haciendo el mundo, en aras de crear barreras invisibles y detener el contagio del coronavirus.

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Las organizaciones destacan además el riesgo del aumento de la migración en los municipios fronterizos ante la proximidad de la Semana Santa, la vigilancia y control paraestatal que favorece a la represión, y la falta de acceso a agua potable, que es un elemento clave para implementar una de las recomendaciones vitales ante el covid-19: el lavado de manos con agua y jabón.

“Declaramos que esta actuación del Estado nicaragüense se suma a los delitos de lesa humanidad”, destaca el comunicado compartido este martes 24 de marzo.

LLAMAN A DAR EL EJEMPLO

La Plataforma también llamó de forma pública a 7 mil 227 organizaciones sin fines de lucro en el país, y otras expresiones de sociedad civil para que suspendan sus actividades en oficina durante marzo y abril y se promueva el teletrabajo, a fin que se prevenga a su personal.

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Algunas empresas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales ya han optado por trabajar desde casa, para evitar que las oficinas se conviertan en focos de contagio del nuevo coronavirus.

CIDH ALERTA Y VIGILANTE

Por su parte, este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), llamó a que la adopción de medidas como la cuarentena o el distanciamiento social, se ajusten a los estándares de protección de los derechos humanos.

“Dichos estándares se verifican a través del respeto a las garantías y libertades fundamentales, la plena información a las poblaciones sobre las medidas y políticas implementadas en sus territorios, como a través de los recursos disponibles para estos efectos. Asimismo, mediante la aplicación de una perspectiva interseccional, sensible en términos culturales, basada en los principios de igualdad y de diversidad de género”, expone la CIDH.

Asimismo exhortó que en el caso de los privados de libertad, los Estados consideren a dicha población en los protocolos de atención, con el objetivo de evitar brotes en los centros de detención, y si esto sucediera, que tengan acceso al tratamiento adecuado.

En el país dicha situación es más compleja porque el régimen de Daniel Ortega mantiene a más de 70 presos políticos en las rejas, y desde antes que la pandemia iniciara, sus familiares han denunciado el maltrato que reciben y que no les entregan medicinas por sus dolencias.

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