Un total de ocho organizaciones, encabezadas por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), emitieron una declaración demandando la liberación de todas las personas presas políticas en Nicaragua y exigiendo el cese de todo acto de “tortura”.

A la fecha, se estima que alrededor de cuatro mil personas han sido detenidas arbitrariamente desde abril de 2018 de las cuales, al menos 900 han enfrentado “procesos judiciales viciados y sin garantías procesales”, señala la OMCT.

“En su mayoría, fueron detenidas de forma violenta y han sido sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violencia sexual, como forma de castigo y método de tortura por el ejercicio de su libertad de expresión y manifestación”, señala el documento emitido por esta organización.

No obstante, el Informe Anual de 2019 que emitió la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refiere que unas 2,200 personas fueron arrestadas entre agosto de 2018 y julio de 2019.

La mayoría fueron liberadas después de las 48 horas porque su detención se hizo en el contexto de una práctica de “arrestos express” desarrollada por el régimen en ese periodo y que se continuó registrando en el país.

Este tipo de práctica era muy usual entre “agentes estatales” y se generalizó a partir de 2018 durante la “Rebelión de Abril”, según la declaratoria a la que se sumó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ y la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND).

Tratos crueles continúan

En ese contexto, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ y la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND) han documentado al menos 82 casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de esas demandas contra el régimen.

Según ese registro, 29 son mujeres, entre ellas también 8 mujeres transgénero y 45 hombres; de los cuales, “al menos en 25 casos hubo violencia sexual perpetrada tanto en centros clandestinos como de detención policial”.

“Todos los actos de tortura fueron cometidos en centros policiales, penitenciarios y lugares clandestinos, tanto por agentes estatales como por fuerzas paraestatales con total garantía de impunidad”, indica la declaratoria.

Entre los hechos que fueron documentadas por estos organismos de derechos humanos sobresale la denuncia de “tres abortos provocados por la violencia durante la reclusión”, sumada a la negativa de recibir atención médica, poniendo la vida de las mujeres en riesgo.

Asimismo, el hecho de las mujeres trans, que al menos cinco de ellas fueron enviadas al centro penitenciario de varones Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, donde “sufrieron violencia psicológica y otros malos tratos, como ser obligadas a desnudarse delante de sus compañeros”.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 12 de marzo de 2020. El joven Melvin Urbina Gómez, quien estuvo detenido en la delegación de Posoltega, Chinandega, del 8 al 10 del mismo mes, falleció días después de ser liberado.

“El día de su liberación fue llevado a su casa golpeado, sin poder hablar ni caminar, como consecuencia de las agresiones recibidas bajo custodia”, señala la declaratoria a la que también se unieron la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD), el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y la Unidad de Registro (UDR).

“En todos los testimonios recabados, las víctimas reconocen las precarias e inhumanas condiciones carcelarias, así como las crueles medidas tomadas en su contra, tales como el aislamiento extremo, hacinamiento, agresiones físicas mediante golpes, choques eléctricos y violencia sexual”, por ejemplo.

En el actual contexto de la pandemia las organizaciones firmantes de esta declaratoria, también piden la excarcelación de 97 personas, presos políticos, que permanecen en prisión.

“Estas graves violaciones a derechos humanos, se mantienen incluso en el contexto y desarrollo de la pandemia COVID-19. En el marco de la crisis se ha negado a familiares el ingreso de alcohol en gel, medicinas y guantes como medidas preventivas”, puntualizan.

La declaratoria fue emitida en el marco del Día Mundial en apoyo a las víctimas de tortura, que se celebró el pasado 26 de junio en el que condenan los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados en contra de las personas privadas de libertad en Nicaragua.

“Urgimos la adopción de medidas inmediatas a favor de la población carcelaria, para prevenir la pandemia COVID-19 en las cárceles y asegurar información, atención y tratamientos médicos a las personas privadas de libertad”, señalaron.

La Lupa Nicaragua
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