Los resultados del Plan de prevención y seguridad de las Comisarías de la Mujer correspondiente a los primeros 15 días de mayo 2024, detallan que la Policía ha recibido 453 denuncias por violación y 377 denuncias por abuso sexual, es decir, unas 59 denuncias diarias por violencia sexual a nivel nacional.
Sin embargo, esas cifras son cuestionadas por organizaciones feministas, las que consideran que existe un subregistro de casos de violencia sexual y, lo que muestran los resultados del plan es apenas la punta del iceberg de esta problemática en el país.
Ana Quirós, feminista y defensora de derechos humanos, comenta que la violencia y el abuso sexual ha sido «una pandemia constante en Nicaragua y las principales víctimas han sido las niñas menores de 18 años».
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Sobre la cantidad de denuncias, apunta que la respuesta de las instituciones es muy limitada y “no llega o llega difícilmente al 50% de las denuncias, las que terminan con una detención».
«Y aquí debemos recordar, además que la política de este Gobierno es que las que las denuncias sean resueltas por la vía de la negociación y, bien sabemos, quienes hemos tenido alguna relación con la problemática de la violencia sexual, que eso no es una respuesta para la víctima de la violencia”, insiste.
Para Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) las cifras son “alarmantes” y los datos revelan simplemente la existencia de “más de 800 abusadores libres, pues menos del 50% están detenidos”, dijo Martha Flores.
Por su parte, Tania Irías, del grupo lésbico-feminista «Artemisa», recordó que “en Nicaragua gobierna un dictador abusador sexual, que también sirve de referente a los abusadores frente a la impunidad, porque los hombres a final de cuenta reciben un mensaje de que pueden abusar de las mujeres y no recibirán ninguna sanción como no la ha recibido el dictador Daniel Ortega”.
En relación al trabajo de la Policía orteguista, Quirós considera que “en realidad no está preocupada por la problemática de la violencia sexual contra las mujeres o la violencia contra las mujeres en general». Por el contrario, «está más preocupada por cumplirle al régimen y a los dictadores y obedecer lo que ellos desean».
«Por eso, muchos de los casos terminan en que se libera al violador y que, prácticamente, quien sufre el estigma es la mujer que pone la denuncia o la niña que ha hecho la denuncia, esto es una una política y una práctica histórica por parte de la Policía y del régimen”, alerta.
La Policía orteguista ha celebrado la apertura de 321 Comisarías de la mujer en los 153 municipios del país, sin embargo, la falta de personal capacitado para atender y prevenir los casos no permite que haya resultados efectivos.
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En conferencia de prensa el inspector general de la Policía, comisionado general Jaime Vanegas, justificó diciendo: “tenemos mucha efectividad en la vía pública, en la detención temprana de los delitos, pero al interior de los hogares, en el núcleo de la familia, donde se supone que tenemos como prioridad la protección de nuestras compañeras mujeres, en los próximos días se estarán anunciando todas las medidas de protección a las mujeres”.
“La Policía no está en capacidad de atender la violencia contra las mujeres, ya que las Comisarías únicamente lo que tienen es una estructura, pero no un personal especializado para atender estos casos; realmente tiene que ser un personal que esté especializado en los que son las situaciones y las problemáticas de género”, argumenta Flores de CDD.
Flores valora que “no hay una política de la persecución de estos agresores» ni compromiso de las autoridades, como existe en otros casos las persecuciones, en los casos de las personas señaladas por la dictadura de ser opositoras.
Quirós además alerta que cientos de delincuentes y criminales han sido liberados bajo el régimen de “convivencia familiar”, abonando sin duda al incremento de la violencia contra la mujer.
“Se ha liberado a cantidades considerables de agresores incluyendo agresores sexuales y, muchas veces, estos agresores salen a reincidir e incluso hemos visto el caso de algunos hombres violentos que han salido a cometer femicidio contra las mujeres que habían puesto la denuncia en contra de ellos. Esto nos lleva a pensar que las mujeres y la vida de las mujeres es prácticamente descartable para el régimen”, afirma la feminista.
El régimen Ortega-Murillo, liberó el pasado 19 de abril bajo el régimen de “convivencia familiar” a 1,500 personas condenadas por delitos comunes que no habían completado sus respectivos períodos carcelarios en los diferentes sistemas penitenciarios del país.
Las defensoras de derechos humano consultadas por La Lupa alertan sobre la constante de violencia machista en el país, que solamente en el mes de mayo de 2024 ha causado la muerte de 11 mujeres y la denuncia de más de 800 agresores sexuales.
Para Irias, de «Artemisa», se necesita un abordaje desde la prevención, mediante educación sexual en las escuelas que tenga un enfoque integral, pero eso «debe ir acompañado de políticas públicas que sancionen a los agresores sexuales y que además tengan garantías de resarcimiento en favor de las víctimas, es necesario que se ponga la mirada sobre los agresores”.
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Para las Católicas por el Derecho a decidir, debe existir una “campaña permanente, en todo el país en materia de educación en derecho, que se impartan en los colegios públicos, que a todos los abusadores, acosadores y violadores les caiga todo el peso de la ley”.
Ana Quirós, propone a nivel institucional el cumplimiento de la Ley, “sin opción a ser liberado antes de cumplir la condena” y, a nivel de las familias “educar a las niñas y a las mujeres en primer lugar, que tienen derechos; en segundo lugar, que su cuerpo no se toca si no es con su voluntad y, en tercer lugar, que una niña o un niño que denuncian que están siendo objeto de tocamientos, de abuso o de violencia sexual, se les crea y se ponga la denuncia”.
