Nicaragua registró 37 femicidios en 2024, de estos 9 ocurrieron durante el mes de mayo, según la organización Católicas por el Derecho a Decidir, es decir, casi un femicidio por día.

La organización alertó que «en Nicaragua la ola de femicidios ocurrida en los primeros días de mayo, deja en la orfandad a niños y niñas como consecuencia de este brutal acto de violencia machista».

Estas son las víctimas y sus victimarios

Solki Thompson Leman, el principal sospechoso del femicidio es la pareja de la víctima, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Yolanda Isabel Rugama Angulo, víctima de femicidio a manos de su pareja Engel Francisco Pérez González, prófugo de la justicia.

Josselin Guadamuz, asesinada por su pareja, Jean Carlos Baltodano, quien está detenido.

Jhoysi Panting López, asesinada por su cuñado Licar Bonaparte quien fue linchado por la población, muriendo posteriormente. 

Magda de Los Ángeles Noguera Vega, golpeada y quemada por su hijo Alejandro César Lacayo.

María Saraí López, asesinada por su pareja Julio César Vega.

Liliam Taleno Tórrez, asesinada por su expareja, Enrique Lazo Jirón.

En los casos de Joneyce Simmons, Irania Mendoza Lara y Leslie Stephanie Calderón, se desconoce a su victimario.

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«No podemos, seguir permitiendo la indiferencia hacia los géneros y más cuando se trata de la vida de una mujer, por eso gritemos: ¡Ni Una Más Nicaragua! y, desde los diversos lugares donde tengamos presencia como Católicas Feministas demandar, que ningún caso quede en la impunidad», destacó la organización.

La vocera del régimen de Nicaragua, Rosario Murillo, aseguró que se llevarán a cabo acciones en colaboración con diversas instituciones estatales para combatir la violencia contra las mujeres y, agregó que “estamos trabajando un plan especial desde el Instituto de la Mujer, desde las Comisarías de Mujer, trabajando para ver cómo incidimos más en la vida cotidiana”.

Secuela del femicidio: la orfandad

El mes de mayo inició en Nicaragua con siete femicidios en menos de una semana, en dos de estos casos a las víctimas las asesinaron en presencia de sus hijos menores de edad.

Según informó el colectivo feminista Las Venancias, «el niño de cinco años de la joven Josselin Guadamuz, fue el principal testigo del femicidio de su madre y su relato fue un elemento crucial para capturar a su papá Jean Carlos Baltodano, quien alteró la escena del crimen y armó teatro para fingir que Josselin se había suicidado».

Aunque no hay datos actualizados sobre la cantidad de hijas e hijos en orfandad tras un femicidio en Nicaragua, en el año 2022 el Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir, contabilizó 66 niños y niñas en la orfandad como consecuencia de los femicidios en Nicaragua.

Estos niños y niñas deben ser protegidos por el Estado, por ello esta organización demanda que se debe reconocer «la necesidad de acompañar y protegerles, quienes normalmente son olvidados, en medio de la confusión y el dolor de un femicidio».

Las defensoras de mujeres han demandado «el fortalecimiento del marco jurídico para la prevención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres y el desarrollo de nuevas estrategias, y políticas públicas, para proteger la vida y la integridad de las mujeres y niñas» tras un año marcado por el aumento de casos de femicidios y la saña en los mismos.

Estrategia fallida del régimen

El cinco de febrero de 2020, Murillo a través de medios oficialistas, anunció la reapertura de las Comisarías de la Mujer luego que entre los años 2015 y 2016 se decidiera cerrar un total de 61 Comisarías de la Mujer y la Niñez en el país.

Hasta ahora, las únicas “estrategias” del régimen Ortega-Murillo para combatir el número creciente de femicidios en el país han sido la reapertura de Comisarías de la Mujer y la Niñez y, el lanzamiento de una serie de cartillas “para empoderar a las mujeres”.

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María Teresa Blandón, socióloga y feminista, consideró en su momento que el cierre de las Comisarías sería usado como «estrategia» oficial que busca mantener silencio de las mujeres y a no exigir justicia, a fin de mostrar una falsa disminución de los índices de violencia.

«Tratar de minimizar el problema y aparentar unos avances que no existen, forma parte de una estrategia discursiva por parte del régimen Ortega-Murillo”, dijo Blandón a La Lupa.

Activistas feministas han advertido que el número de Comisarías abiertas, que hasta la fecha han sido 317 en todo el país, no ha significado una disminución de la violencia machista, ni de los femicidios; y, que las cartillas no tendrán efecto si no hay una política integral que involucre a todas las instituciones del Estado para prevenir esta problemática.

Una cartilla que no abona al problema

Sobre la cartilla Blandón mencionó que aunque en el texto indique que es «voluntad política» del Gobierno «profundizar en el avance de los procesos de dignificación, respeto, no violencia y vida digna de las mujeres», en realidad, ha realizado una serie de acciones de además de vulnerar los derechos de las mujeres, las expone más a sus agresores.

“No vemos un política que incluya el papel que tienen que jugar el Poder Judicial incluyendo los Juzgados de Familia, los Juzgados de Violencia, el Ministerio Público y la Fiscalía ¿Qué van hacer para acabar con la impunidad? De hecho hay agresores de mujeres y de niñas que en su mayoría están libres, que han sido perdonados por el Estado, y siguen cometiendo delitos graves como el abuso sexual, la violación e incluso femicidios”, expresa.

La feminista cuestionó el papel tanto del Estado como de la sociedad nicaragüense en el aumento de violencia contra las mujeres. Denunció que la violencia machista se nutre de discursos de odio, impunidad y una arraigada cultura patriarcal.

Al menos 52 mujeres murieron a causa de la violencia de género en 2023, según la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, capítulo Nicaragua.

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La Lupa Nicaragua