Los derechos de las mujeres y niñas experimentan un retroceso evidente, alerta HRW
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Los derechos de las mujeres y las niñas están experimentando un retroceso evidente a nivel global, según advierte la organización Human Rights Watch en su informe anual 2024 sobre los derechos humanos en el mundo.
En el informe, que analiza la situación de 21 países y territorios, 15 de ellos de América, los investigadores explican que pese a los importantes avances legislativos a favor de los derechos de las mujeres y personas LGBTI que se registran en algunos lugares del mundo, la violencia de género se mantiene en niveles muy preocupantes, las reformas legales que buscan prevenir los femicidios u otras formas de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres no terminan pasar del papel a la vida real y el camino para conseguir justicia está lleno de cada vez más obstáculos.
En países como Estados Unidos y algunos de Centroamérica, por ejemplo, el retroceso es evidente, especialmente con relación al acceso al aborto y a la censura educativa que limita la posibilidad de las personas de aprender sobre sexualidad e identidad de género, y no hay señales de que ese panorama pueda cambiar en los próximos años.
La violencia de género, la violación de derechos sexuales y reproductivos y la impunidad que existe frente a estos casos siguen siendo «problemas muy graves» en el continente americano, denuncia HRW. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2022 al menos 4,050 mujeres fueron víctimas de femicidio/feminicidio en 26 países y territorios de la región, lo que representó la muerte violenta de una mujer por razón de género cada dos horas. «Las cifras muestran la persistencia y gravedad del femicidio en la región», advertía la Cepal en el documento que publicó el pasado 25 de noviembre.
Una preocupante realidad que también ha podido constatar Human Rights Watch, que afirma que la violencia de género «es un problema extendido» en varios países de América y que la impunidad impide que las familias puedan acceder a una verdadera justicia.
El retroceso en derechos de las mujeres
En Argentina, la organización detalla que, a pesar de que una ley de 2009 dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, la impunidad por homicidios de mujeres sigue siendo un problema grave. El Registro Nacional de Femicidios reportó 226 homicidios de mujeres en 2022 debido a su género y apenas cuatro condenas.
En Bolivia, la violencia de género y la violación de derechos sexuales y reproductivos «siguen siendo problemas muy graves», ya que las mujeres y niñas del país andino «continúan expuestas a un alto riesgo de violencia«, dice el documento.
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La Fiscalía registró más de 51,000 denuncias de violencia doméstica en 2022, incluyendo 94 femicidios. Entre enero y septiembre de 2023, hubo 65 femicidios. «La Defensoría del Pueblo denunció el manejo ‘discrecional’ de los casos por tentativa de feminicidio, lo que resulta en la imputación de los presuntos agresores por cargos menos graves», señala HRW.
Con respecto a Colombia, la organización afirma que la violencia basada en género, incluyendo la que ejercen los grupos armados, está muy extendida. «La falta de formación en el tema y la deficiente implementación de los protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y crean obstáculos para mujeres y niñas que buscan atención y justicia tras la violencia», señala.
«Los responsables de crímenes basados en género rara vez se enfrentan a la justicia»,
dice la organización HRW.
En Perú, dice la organización, la violencia de género es un problema extendido y solo entre enero y agosto de 2023, la Defensoría del Pueblo documentó 112 casos de femicidio.
Según datos de 2021 de la Cepal, Honduras tiene la tasa más alta de femicidios de América Latina. El Centro de Derechos de Mujeres, una organización no gubernamental hondureña que monitorea informes de medios, contabilizó 317 femicidios entre enero y septiembre de 2023.
En países como Cuba, Nicaragua, Venezuela los gobiernos no publican cifras oficiales sobre los femicidios desde hace varios años, por lo que, pese al trabajo que realiza la sociedad civil, es muy difícil conocer la real dimensión de estos crímenes en estos países.
La violencia sexual contra mujeres y niñas
En Ecuador, la violencia sexual sigue siendo un problema en las escuelas públicas y privadas, pese a que el Estado tiene una condena de la Corte Interamericana y obligaciones que cumplir por un caso de violencia sexual en una unidad educativa. En casi el 26% de los más de 20,000 reportes de violencia sexual que el Ministerio de Educación ecuatoriano recibió entre enero de 2014 y julio de 2023, los presuntos autores eran parte del sistema educativo nacional.
Organizaciones de derechos humanos ecuatorianas y expertos de las Naciones Unidos advirtieron que, a falta de empleo y educación, las bandas criminales reclutan a un número creciente de niñas, niños y adolescentes, los someten a explotación sexual y los obligan a participar en actos violentos.
En Guatemala, los altos índices de violencia sexual se reflejan también en las cifras de embarazos de niñas y adolescentes. Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), se reportaron más de 43,000 embarazos de adolescentes y niñas entre enero y agosto de 2023, incluyendo 1,589 de niñas de entre 10 y 14 años.
La violencia sexual también se ha convertido en un arma de guerra de grupos armados, como lo que está pasando en Haití. En 2023, la violencia sexual por parte de grupos criminales aumentó drásticamente. La respuesta estatal fue débil o inexistente y el sistema judicial apenas funcionaba, dice HRW. Médicos Sin Fronteras (MSF) informó que había prestado atención a 1,005 supervivientes de violencia sexual en sus hospitales de Puerto Príncipe, la capital, entre enero y mayo de 2023, casi el doble que en el mismo periodo de 2022.
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Supervivientes contaron a Human Rights Watch que las arrastraron por la calle, las violaron en grupo y las obligaron a ver cómo mataban a otras personas a machetazos y disparos.
Limitado acceso al aborto
En Chile, la ley de aborto incluye una excepción demasiado amplia para que proveedores de servicios de salud, tanto particulares como empresas e instituciones, puedan negarse a realizar abortos alegando objeción de conciencia. Esta excepción provocó que más del 40% de los obstetras del sistema público se registraran como objetores de conciencia a 2022 y se rehusaran a realizar abortos en casos de violación.
La prohibición total del aborto en El Salvador, asegura HRW, afectada de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas que viven en condiciones de pobreza, quienes reciben sentencias de hasta 50 años de cárcel por emergencias obstétricas. Los organismos de defensa de los derechos humanos están a la espera de una decisión de la Corte Interamericana sobre el caso de Beatriz, a quien el Estado de El Salvador le negó un aborto en 2013 a pesar de mantener un embarazo de alto riesgo.
La situación no es tan distinta en Estados Unidos, donde la decisión del Tribunal Supremo de derogar el derecho al aborto repercutió negativamente en las mujeres, las niñas y otras personas que pueden quedar embarazadas en el país, afirma HRW. Hasta el 15 de septiembre de 2023, 22 estados habían prohibido o restringido el acceso al aborto en la etapa temprana y 14 estados habían promulgado leyes que criminalizan a los proveedores de atención médica que practican abortos.
Como resultado, aproximadamente 22 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva, así como otras personas que pueden quedar embarazadas, viven ahora en estados del país donde el acceso al aborto está muy restringido o es inaccesible.
Mientras que en México, donde al contrario de lo que pasa en Estados Unidos el panorama va hacia la legalización, muchas mujeres y personas gestantes siguen enfrentando obstáculos al intentar acceder a un aborto.
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