Lo bueno y lo malo del Código de las Familias aprobado en Cuba

Cuba aprobó el controvertido Código de las Familias a través de un referendo realizado el pasado 26 de septiembre. 

Dicho Código contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos e hijas para parejas monoparentales, la «gestación solidaria», entre otros. Sin embargo, varios de estos cambios han generado discusión por los elementos positivos y negativos que contiene.

El Código comprende más de 400 artículos en un documento de 104 páginas, y reemplazará la normativa que estaba anteriormente vigente desde 1975. Según los resultados preeliminares del Consejo Electoral Nacional, 3.9 millones (66.8%) de personas cubanas votaron “sí” a este nuevo marco legal.

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Derechos para las personas LGBTIQ+

Dentro de los elementos positivos que abarca del Código es que a las personas LGBTIQ+ les reconoce una serie de derechos, tales como el derecho a la familia, a no vivir discriminación y violencia dentro del ámbito familiar, al matrimonio y a la adopción.

Esto supone un avance para la disminución de la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, puesto que Cuba tiene un pasado violento contra las personas de la diversidad sexual.

Durante el inicio del régimen de Fidel Castro, las personas LGBTIQ+ sufrieron una extendida persecución, por ser consideradas «contrarrevolucionarias» y «un vicio propio de la sociedad capitalista», en palabras del propio Fidel.

Por esta razón, las personas de la diversidad sexual eran despedidas de sus empleos, detenidas, y muchas veces encarceladas en campos de trabajos forzados llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción), para que supuestamente fueran «rehabilitadas».

De esta forma, las relaciones entre el mismo sexo estuvieron dúramente castigadas durante 20 años, hasta que se despenalizaron en 1979.

Ahora Cuba reconoce «las distintas formas de organización de las familias, basadas en las relaciones de afecto, se crean entre parientes, cualquiera que sea la naturaleza del parentesco, y entre cónyuges o parejas de hecho afectivas».

Y reconoce el matrimonio como «la unión voluntariamente concertada de dos personas», uniéndose a los 10 países del continente americano que aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Personas adultas mayores son tomadas en cuenta

El Código de las Familias también da especial énfasis a las personas adultas mayores, a su participación dentro de las familias y a su derecho de tener una vida digna.

“El Estado reconoce la importancia de abuelas, abuelos, otros parientes y personas afectivamente cercanas en la transmisión intergeneracional de las tradiciones, cultura, educación, valores, afectos y en las labores de cuidado”, señala el artículo 8.

Dentro los elementos a destacar, el Código preserva la comunicación entre menores de edad y sus abuelos y abuelas, brinda protección para que no sean víctimas de violencia, y da la posibilidad que adquieran responsabilidad parental.

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Diversas personas se han posicionado a favor de esto último, ya que en el contexto migratorio del país, cientos de menores de edad quedan al cuidado de sus abuelos y abuelas, mientras sus padres buscan mejores oportunidades en otro país.

Sin embargo, también han señalado que la protección hacia a ellos no solo requiere del reconocimiento legal, sino también a recursos materiales y un plan de acción del Estado.

Gestación subrogada ¿Un derecho o una vulneración?

Si bien el Código de las Familias es presentado como progresista e incluyente con los derechos de las personas LGBTIQ+, algunos de estos derechos son a costa de los cuerpos de las mujeres, de acuerdo a feministas, tal como la “gestación solidaria”.

La “gestación solidaria” se trata de que una mujer lleve a cabo un embarazo para otra persona o pareja, pero sin remuneración económica, a diferencia de otras figuras que sí contemplan un pago para la mujer gestante.

De acuerdo a la sección cuarta del Código de las Familias, «la gestación solidaria favorece el ejercicio del derecho de toda persona a tener una familia y se sustenta en el respeto a la dignidad humana como valor supremo».

Según activistas cubanas, la «gestación solidaria» se sostiene de la explotación de la reproducción de las mujeres, y esta práctica no debería presentarse como un derecho para las personas del mismo sexo o personas que no pueden tener hijos e hijas.

«El referéndum de Cuba es blanco y negro: ya hay derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo pero en el mismo pack nos han introducido una “gestación solidaria” que perpetua la explotación sexual y reproductiva de la mujer. Los derechos no deben dinamitar otros», señala Gonzalo Gómez, un ciudadano cubano.

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Hay quienes incluso señalan que ser padres y madres no es un derecho, pues no está reconocido internacionalmente. Lo que sí existe es el derecho a formar una familia, pero esta no contempla el que una mujer tenga que llevar a cabo un embarazo y un parto para que dicho derecho se cumpla.

Esta medida también atenta contra la salud de las mujeres, por los riesgos físicos y psicológicos que conlleva, expresa una integrante de una integrante de la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva (CIAMS).

“Si la «gestación solidaria» del #CodigoDeLasFamilias es tan altruista ¿Por qué poner restricciones que impiden a una mujer ser gestante solidaria más de una vez? Porque al @MINSAPCuba (Ministerio de Salud Pública de Cuba) le consta que esta práctica arrasa la integridad física y psicológica de las mujeres”, indica.

Añade que también se sostiene de estereotipos sexistas como el altruismo y la entrega total de las mujeres para los demás.

Mujeres en situación de pobreza en riesgo

Si bien el Código de las Familias prohíbe cualquier tipo de remuneración, dádiva o u otro tipo de beneficio, diversas activistas señalan esto puede ser incumplido y no garantiza que las mujeres opten por esta medida para recibir un tipo de ingreso económico, tomando en cuenta que Cuba tuvo el primer lugar en el Índice Anual de la Miseria el año pasado.

Diversas organizaciones feministas han señalado que esa práctica afecta principalmente a las mujeres en situación de pobreza o con una economía inestable, en países donde la gestación sustituta es pagada.

Hasta ahora, el nuevo Código no indica cómo se garantizará que no haya un intercambio económico entre la mujer que geste y la pareja o persona que es solicitante del “servicio”.

Por su parte, feministas en redes sociales señalan que aunque a la mujer no se le pague, sí hay un negocio detrás de esta práctica.

Pues hay que pagar asistencia legal, ya que se quiere de autorización judicial; asistencia médica, por los servicios sanitarios y de hospitalización que requiera la mujer; gastos de la mujer gestante como la alimentación y otros gastos generados por el embarazo.

«Es decir, aquí la única «altruista» es la mujer que se embaraza y que es la única que corre un riesgo real, ya que el embarazo puede acabar en muerte o con secuelas de por vida», indica una usuaria en Twitter.

El Código de las Familias se dio en un contexto represivo en Cuba, en el que tuvo una amplia campaña positiva en los medios de comunicación (que pertenecen en su totalidad al Estado).

Y no se permitió posturas rechazando el Código en ningún medio, ni en las calles; pues las últimas manifestaciones pacíficas realizadas en el 2020, acabaron en una persecución policial y arresto para las personas que participaron.