Este 28 de septiembre es reconocido como el Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Pero en países como en Nicaragua, donde el aborto es ilegal en todas sus variaciones desde el año 2007, los derechos de las mujeres siguen siendo negados por el Estado. Esto quiere decir que una mujer nicaragüense no puede abortar bajo ninguna condición; incluso si el embarazo afecta su salud física o hace que su vida esté en riesgo.

Mientras en América Latina, solo en el 25% de los países la interrupción del embarazo es completamente legal. En el resto de los países es restrictivo o solo legal bajo ciertas condiciones. De los 7 países centroamericanos, en solo 4 de ellos se permite interrumpir el embarazo en circunstancias muy específicas.

“Hemos visto como Centroamérica es una de las regiones que sigue sosteniendo marcos normativos que son absolutistas. En el caso de El Salvador, Nicaragua y Honduras sostienen la total prohibición. Además de esto, los demás países de la región centroamericana también presentan grandes obstáculos para que las mujeres puedan acceder a este derecho”, explicó Sara García, activista feminista en El Salvador y defensora de derechos humanos.

La Lupa conversó con diversas especialistas sobre derechos humanos de la región centroamericana acerca de por qué el aborto es un derecho natural de la mujer y cuáles son las consecuencias de su ilegalización.

¿Por qué el aborto es un derecho?

García sostiene que el aborto es un derecho que a su vez completa el acceso que las mujeres tienen a sus propios derechos sexuales y reproductivos. Por lo que la ilegalización de la interrupción del embarazo es una traba en la reivindicación completa de los derechos femeninos.

Algo similar explica una activista del feminismo nicaragüense, que eligió mantener su nombre en el anonimato, pues valora que “la penalización del aborto es completamente contraria a los derechos humanos, los tratados internacionales reconocen los Derechos Sexuales y Reproductivos, como derechos humanos y es vital recordar que, dentro de los Derechos Sexuales y Reproductivos, se encuentra el derecho a decidir ser o no madre” argumenta.

Por otra parte, Neesa Medina, activista feminista hondureña, asegura que “el aborto es un derecho por que la maternidad no puede ser una imposición”. La especialista en temas sobre la mujer explicó que la ilegalización del aborto promueve los embarazos y las maternidades no deseadas.

La ilegalización de la interrupción del embarazo continúa perpetuando el mito del instinto materno unido a la idea de que las mujeres somos seres destinados a la reproducción y al cuido del hogar y la familia, que tiene su origen en los roles de género, exponen ambas defensoras.

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“No es un instinto, sin duda la crianza diferenciada por roles de género resulta en exposición/imposición de lo que «debe» hacer una «buena niña o buena mujer», incluida la responsabilidad de la crianza y el trabajo de cuidado. Lo que hace esta narrativa del «instinto materno» es que no permite cuestionar esos roles y dinámicas, porque al ser presuntamente instintivo es mandato”, destaca la activista hondureña.

Las causas reales de la penalización del aborto

Ahora bien, el aborto es un derecho y pese a ello continúa siendo restringido en muchísimos países de la región latinoamericana. ¿Cuáles son las causas reales tras la penalización del aborto?

“El control, el poder y la explotación son las razones reales”, responde la activista Neesa Medina. La especialista asevera que este control sobre quienes tienen capacidad de gestar, es consecuencia del poder patriarcal, machista, colonizador que se manifiesta en las legislaciones y en la aplicación de estas leyes a las maternidades, a los embarazos y a la vida de las mujeres y niñas.

Para la experta, este sistema decide que a través de la imposición del embarazo obliga a más personas con capacidad de gestar a ejercer una tarea de cuidado y de reproducción que se tiene que sustentar a través de la explotación de trabajos precarios para la mayoría de la población. Todo esto de la mano de argumentos religiosos y morales que les permitan justificar su decisión.

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La especialista nicaragüense aseguró que detrás de la penalización del aborto está el interés de fuerzas conservadoras por mantener a las mujeres en el lugar de control de sus cuerpos, “fuerzas que no les interesa que las mujeres puedan ejercer su derecho a la autonomía, a garantizar su libertad, no quieren perder el control sobre el cuerpo de las mujeres y que les interesa mantener el status quo y el sistema patriarcal”.

La ilegalización no detiene los abortos

Según el Instituto Guttmacher, especializado en el registro de estadísticas sobre el aborto a nivel global, en América Latina se estima que, en el período 2010–2014, ocurrieron anualmente unos 6.5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe. Además, en Centroamérica, en los años 2015-2019 la tasa del aborto aumento en un 10%.

“La ilegalización del aborto no resulta en una disminución de los abortos. La única formula correlativa para lograr disminuir los abortos es que existan menos embarazos no deseados y eso requiere que existe educación sexual integral, acceso pleno a anticonceptivos y la disminución de la violencia sexual”, señala Medina.

El Instituto Guttmacher también registro que el período 2010–2014, apenas uno de cuatro abortos en América Latina y el Caribe fue seguro. La mayoría (60%) de los procedimientos se ubican en la categoría de menos seguros, y que anualmente, cerca de 760,000 mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones de abortos inseguros.

De modo que la penalización del aborto no impide que los abortos ocurran, si no que solo promueva que se realicen en ambientes inseguros que arriesgan la salud de las mujeres y muchas veces acaban con su vida.

Las consecuencias de la ilegalización

“Una de las consecuencias es el robo de la dignidad, es el atropello a derechos, es el secuestro de un futuro deseado para algunas mujeres” enfatiza Medina. A su vez enumera el temor de las mujeres, muertes maternas, mujeres criminalizadas, embarazos impuestos y en condiciones de vida precarias para las criaturas fruto de estos embarazos.

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“Resulta en un Estado que se encuentra ausente para garantizar cuestiones básicas a las mujeres. Un Estado que decide estar ausente para garantizar educación sexual, para garantizar una vida sin violencia, para brindar una salud pública de calidad, pero un estado y un sistema hipócrita que decide estar muy presente para enjuiciar, exponer y estigmatizar a las mujeres acusadas de aborto”, agrega Medina. Para la especialista, la ilegalización de la interrupción del embarazo es la penalización de una decisión íntima y personal que cada mujer tiene, la decisión de querer o no ser madre.

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